Hernán Larraín, el ministro de moda

Estaba lejos de ser el objetivo principal de la prensa, pero la coyuntura y las prioridades presidenciales pusieron al ministro de Justicia en el centro de la atención pública.

Las fichas estaban puestas en la nutrida carpeta de proyectos del nuevo y empoderado ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno; en las urgentes acciones que tendría que tomar el titular de Hacienda, Felipe Larraín, para reactivar el alicaído crecimiento económico o, incluso, en el trabajo afanoso del secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, para entablar un diálogo fluido con las diversas fuerzas políticas para concretar los Cinco Acuerdos Nacionales propuestos por el Presidente Sebastián Piñera. Esos, se suponía, serían los ministros que coparían la agenda noticiosa en la primerísima etapa de la nueva administración. Sin embargo, el peso de las circunstancias situaron sorpresivamente al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín (UDI), al centro de las prioridades del gobierno entrante y en uno de los protagonistas indiscutidos en el inicio del segundo tiempo de Piñera.

La designación de Hernán Larraín no comenzó con buen pie. Su nombramiento desató severas críticas, en especial desde organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos, el Frente Amplio y los sectores más izquierdistas de la Nueva Mayoría. Pesaron sobre su nombre su larga defensa al gobierno militar y la estrecha relación que mantuvo con Colonia Dignidad durante la década del noventa, cuando incluso participó en el Grupo de Amigos del enclave dirigido por el alemán Paul Schäfer en la Región del Maule. Aunque a partir de 2005 el ex senador tomó pública distancia tanto de la figura Pinochet como de la defensa de Colonia Dignidad, su larga vinculación a ellos siguen siendo blanco de duros ataques.

Con todo, su reconocida experiencia académica ligada al mundo de las leyes y los 24 años que participó en el Congreso, donde llegó a presidir el Senado, lograron menguar las críticas y su idoneidad para sumir el cargo se logró asentar. Para ello fueron clave las relaciones que logró construir con los parlamentarios oficialistas y de oposición y su extensa participación en la Comisión de Constitución, lugar por donde pasan casi todas las leyes que aprueba el Poder Legislativo y en la reputada Comisión de Relaciones Exteriores.

La agenda inesperada

Salvo contadas excepciones, la figuración pública de los ministros de Justicia en Chile ha estado más ligada a hechos específicos y coyunturales, como problemas en el Registro Civil, dificultades en Gendarmería y, en los últimos años, los escándalos en el Sename. La naturaleza del cargo es más bien reservada y prudente y, por lo mismo, a pocos se le pasó por la mente el protagonismo que ha cobrado Hernán Larraín desde el cambio de mando. Sin embargo, la intensa agenda política y legislativa desplegada por el gobierno de Bachelet durante su última semana a cargo del país cambió radicalmente el panorama.

Así fue como el domingo 11 de marzo, y a pocos minutos de jurar como ministro, Larraín debió salir a aclarar en público que dentro del programa del Presidente Piñera no estaba cerrar Punta Peuco. En ese penal cumple condena la mayoría de los uniformados con causas relacionadas a la violación de derechos humanos, y su destino aún no estaba claro desde que Michelle Bachelet advirtiera cinco días antes en un programa de televisión que todavía quedaba tiempo para tomar decisiones respecto de ese tema. El ministro anunció que la idea era “nivelar hacia arriba”, sumando, de paso, una nueva tarea a su lista de prioridades: mejorar el deficiente sistema carcelario del país.

Ese mismo domingo, después de un almuerzo donde Piñera recibió a las autoridades extranjeras que asistieron al cambio de mando, Hernán Larraín y Alfredo Moreno fueron los ministros encargados de escoltar al Presidente en su primera actividad como gobernante. La elección fue una visita a un centro del Sename. Allí el Mandatario llamó al primero de los cinco acuerdos nacionales: la infancia.

Ya al atardecer de esa jornada, y en un Palacio de La Moneda vestido de gala, Larraín debió abordar ante la prensa la designación de Luis Toledo, el ex fiscal del caso Caval, como notario de San Fernando. Con un cuidadoso y bien pensado “vamos a revisar el decreto enviado a la Contraloría”, dejó en entredicho su nominación y forzó la renuncia a la postulación del propio Toledo al día siguiente. Además, la semana pasada Larraín anunció en una visita a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados que en un plazo de 30 días enviará un proyecto de ley que busca poner fin a la discrecionalidad y otorgar más transparencia al proceso de nombramiento de notarios. Incluso, el diputado PC Hugo Gutiérrez aplaudió públicamente la noticia.

Los caballos de batalla

En una primera etapa es probable que las energías de Larraín estén sobre todo puestas en la reforma al Sename, organismo que depende de su cartera, situación que debiera cambiar pronto, según establece el programa de gobierno de Piñera. La idea del mandatario es reemplazarlo por dos nuevos servicios públicos. Para ello, el ministro de Justicia aseguró a comienzos de la semana pasada en radio Agricultura que se debe poner urgencia a los dos proyectos de ley sobre la materia que están hoy en tramitación en el Congreso. El primero crea el servicio de reinserción juvenil, que tiene que ver con los menores infractores y que se mantendrá bajo el alero de Justicia. El segundo establece el servicio de protección especializada, el cual se preocupará de los niños, niñas y adolescentes vulnerables, que merecen protección, y quedaría a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.

Larraín deberá además liderar la tramitación de una nueva ley de adopción, iniciativa que buscará acelerar y simplificar el proceso actual, así como permitir que las familias de acogida tengan la posibilidad de adoptar al niño que ha estado bajo su cuidado.

La renovada carga legislativa de Justicia no termina ahí. De hecho, desde que asumió el nuevo equipo el lunes 12 de marzo, dos emblemáticas iniciativas que en el gobierno de Bachelet estuvieron radicadas en la Segegob pasaron a engrosar la lista de proyectos que deberá tramitar la cartera liderada por Larraín. Se trata de las leyes de identidad de género y el matrimonio igualitario. Ambas se quedarán bajo la tutela de Lorena Recabarren (Evopoli), la nueva subsecretaria de Derechos Humanos. Con respecto a la primera, el martes 13 de marzo el gobierno le quitó el carácter de suma urgencia al proyecto. Con esto se busca extender el plazo de manera de poder alcanzar un consenso en la materia dentro de Chile Vamos y luego con la oposición.

Si bien el matrimonio igualitario no se encuentra en el programa de gobierno, Larraín anunció que pretende avanzar en esta materia. Para ello el equipo de Recabarren estará a cargo de revisar el texto presentado por el gobierno saliente el 28 de agosto pasado y redactar un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dando cuenta de los avances del país en materia de diversidad. Esto fue parte de acuerdo que permitió que se retirara la demanda contra el Estado chileno presentada en 2012 por denegar a tres parejas gay la posibilidad de casarse, según publicó La Tercera. Pese a la voluntad mostrada, en la Nueva Mayoría existe poca confianza de que el tema prospere debido a la poca popularidad con que cuenta la idea en el oficialismo y porque incluso dentro de la oposición hay visiones diversas al respecto.

En medio de este vendaval de iniciativas y protagonismos, muchos se preguntan cuáles serán las banderas que tomará el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, quien en la administración pasada de Piñera se desempeñó como director del Sernac. Allí el abogado adoptó un perfil bastante mediático, sobre todo por sus cualidades de litigante y su implacable actuar frente a la banca. Ossa, una de las cartas jóvenes preferidas de RN, tiene entre sus prioridades la modernización del Sename y la relación con el Poder Judicial, una tarea no menor: solo este año se deben nombrar tres nuevos jueces en la Corte Suprema y en los cuatro años de gobierno el número podría llegar a ocho nuevos miembros.