La Haya: US$ 23 millones le cuesta a Chile la defensa ante Bolivia

La defensa de Chile en la Corte Internacional de Justicia ha exigido desembolsar más recursos que el juicio con Perú.

Hasta hoy, en los cuatro años, 11 meses y dos días transcurridos desde que Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el costo total en que ha incurrido el Estado chileno para su defensa en todas las fases del juicio asciende a $13 mil 961 millones (en torno a US$ 22,9 millones). Esto incluye todos los gastos realizados desde la presentación de la demanda en abril de 2013 hasta la presente etapa de alegatos orales, con que se cierra la fase “activa” de la defensa. Sólo resta que la CIJ emita su veredicto.

Bolivia solicita a la CIJ que se obligue a Chile a negociar un acceso al Océano Pacífico, aunque la propia Constitución boliviana adelantó sus verdaderas pretensiones.

El gasto por Bolivia

Los costos de este caso para el erario chileno, obtenidos a través de una solicitud por Ley de Transparencia, incluyen el pago de honorarios de aquellos miembros del equipo jurídico que no tienen la calidad de funcionarios de gobierno (11 de un total de 14 abogados), contratación de estudios y de otros profesionales (como consultores en comunicaciones), entre otros desembolsos realizados con motivo de esta defensa. Así lo informó a PAUTA.cl la directora de la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol) de la Cancillería, embajadora  Ximena Fuentes, que también integra en calidad de agente el equipo jurídico que defiende los intereses chilenos frente la demanda boliviana.

A modo de comparación, los US$22,9 millones desembolsados por Chile superan las estimaciones preliminares del costo de la visita del Papa Francisco al país entre el 15 y 18 de enero de este año ($10 mil millones, unos US$ 16,5 millones) y equivalen a la estimación de los costos asociados a la exitosa operación de rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José, en octubre de 2010. Si el monto se divide por los casi cinco años de este caso, corresponde a menos del 3% de todo el presupuesto asignado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en 2018.

El financiamiento de estos recursos ha sido aprobado anualmente en una glosa de la Ley de Presupuestos correspondiente a Difrol, un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta glosa, denominada , incluye para 2018 recursos para costear dos litigios en curso ante la CIJ. El primero es la defensa de Chile ante la demanda de Bolivia de negociar un acceso al Océano Pacífico, que asciende a los casi US$ 23 millones informados por la embajadora Fuentes. El otro corresponde a la demanda presentada por Chile en julio de 2017 contra Bolivia, que solicita que se declare que el Silala es un río internacional y que Chile tiene derecho al uso que actualmente hace de sus aguas.

El antecedente peruano

Al requerir también vía Ley de Transparencia los costos de la defensa chilena por el juicio por delimitación de la frontera marítima entablado ante la CIJ por Perú en enero de 2008, la embajadora Fuentes precisó que el desembolso total de ese litigio concluido en enero de 2014 ascendió a $12 mil 50 millones (US$23,2 millones, aproximadamente, con el tipo de cambio promedio 2008-14). Es decir, a la fecha el juicio con Bolivia –que lleva 1.797 días y que no ha concluido– ha exigido un monto de recursos similar al desembolsado en el litigio completo con Perú, que se extendió por 2.203 días (poco más de seis años).

En la controversia judicial con Bolivia sólo falta concluir la fase actual y luego que la CIJ dé a conocer su decisión. Al respecto, la directora de Difrol comentó que, en promedio, la Corte de La Haya emite su veredicto en los seis meses posteriores al término de los alegatos orales de las partes, por lo que se espera un fallo en torno al mes de septiembre. No obstante, no descartó que ello pueda ocurrir en un periodo mayor de tiempo y recordó que en el caso del juicio con Perú la CIJ demoró un año y un mes en anunciar el fallo, situación que “excede lo habitual”, señaló.

Pagos a los abogados

En cuanto a las remuneraciones del equipo jurídico en el tiempo que resta para conocer el fallo por la demanda boliviana en La Haya —fase en que no hay nuevas actuaciones—, Fuentes detalló que se debe resolver ahora la continuidad de los contratos a honorarios de los abogados residentes en Chile que intervienen en el caso y que no son funcionarios públicos. Es el caso de la coagente María Teresa Infante, del ex embajador Alberto Von Klaveren y del ex director jurídico de la Cancillería Claudio Troncoso.

Respecto a los abogados extranjeros, explicó que se remuneran en estricta relación con las horas de trabajo efectivo, por lo que en el tiempo que resta no reciben pagos si no existe algún requerimiento específico de las autoridades. En esta situación están el agente Claudio Grossman, quien es chileno pero reside en Estados Unidos, y los miembros del equipo jurídico Daniel Bethlehem (Reino Unido), Ben Juratowitch (Australia), Jean-Marc Thouvenin (Francia), Kate Parlett (Australia), Harold Koh (Estados Unidos), Mónica Pinto (Argentina) y Sam Wordsworth (Reino Unido).

La directora de Difrol precisó que la entidad no mantiene separadamente la información sobre los distintos tipos de gastos asociados a la defensa ante la CIJ (como abogados, viáticos, contratación de estudios, cartografía, otros consultores, entre otros), “sino que cada acto administrativo que trae como consecuencia un gasto monetario se incluye dentro del presupuesto destinado a la defensa de Chile ante el referido tribunal”.

Este último argumento es coincidente con el esgrimido por Cancillería y Difrol para rechazar la entrega de los nombres de los abogados que representaron a Chile en este litigio y el monto de los honorarios percibidos por ellos, solicitada por Ley de Transparencia en junio de 2012 por la ciudadana argentina Romina Colman. Aunque avalando un pronunciamiento del Consejo para la Transparencia la Corte de Apelaciones de Santiago había accedido a la entrega de la información, en enero de 2014 la Tercera Sala de la Corte Suprema modificó ese parecer y declaró la reserva de la información, apelando al interés nacional de dichos antecedentes.

Gastos imprescindibles

Para el ex canciller Hernán Felipe Errázuriz, el monto de recursos exigido por la defensa de Chile ante Bolivia no constituye una sorpresa e, incluso, lo estima imprescindible. “Estos son gastos absolutamente necesarios para defender nuestra soberanía. No veo por qué se pudiera cuestionar este uso, más aún cuando se ha contratado un equipo jurídico de alto nivel, con trayectorias muy destacadas. Esto está dentro de los costos habituales que requieren este tipo de juicios”, comentó.

Errázuriz, quien también preside el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales, enfatizó además que la defensa chilena ha actuado “con total sobriedad, algo totalmente alejado del despliegue que ha hecho Bolivia, cuyos costos en este caso deben ser inmensos. Recordemos por ejemplo que el Presidente Evo Morales hizo dos vuelos a Holanda en corto tiempo”.

Coincide el abogado y ex embajador en misión especial por la demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya, Gabriel Gaspar, quien dice que Chile “no tiene que escatimar recursos porque lo que está en juego es la soberanía nacional”. Advierte que la controversia con Bolivia se basa en una pretensión territorial que va más allá del juicio en la CIJ, por lo que considera que independiente de cuál sea el resultado de ese litigio habrá que seguir desplegando esfuerzos “diplomáticos, políticos y comunicacionales para plantear nuestra posición al mundo”. Por ello, alerta sobre la necesidad de enfrentar esta pretensión territorial boliviana como un desafío multidimensional y no sólo jurídico, lo que dijo implica tener una estrategia “de largo plazo y recursos para sostenerla”.

Línea de tiempo: Bolivia y Perú contra Chile en La Haya

* En una versión anterior se mencionó al abogado británico Daniel Bethlehem como agente chileno, cuando en realidad se trata de un litigante del equipo chileno.