TC: la primera gran batalla

La Moneda ha optado por el silencio, mientras en la oposición aprietan el acelerador para promover cambios.

Diecisiete días demoró la oposición en sacar su artillería. Luego de que, el martes 27 de marzo, el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior que prohíbe el lucro en las universidades, ayer los dardos de la Nueva Mayoría apuntaron al gobierno de Sebastián Piñera, exigiéndole que antes de sentarse a conversar sobre los acuerdos nacionales que ha propuesto se debe convenir una gran reforma al TC.

“Nuevamente el TC torciendo la ley. Presidente Sebastián Piñera, si quiere acuerdos, partamos por reforma al TC”, escribió en su cuenta de Twitter el senador PPD Felipe Harboe, quien ha liderado la ofensiva contra el gobierno. En La Moneda han preferido guardar silencio y aún no responden formalmente la embestida de la oposición. Consultados por PAUTA.cl al respecto, desde la Secretaría General de la Presidencia aclararon que “las modificaciones al TC son parte de las reformas en materia constitucional y estas se estudiarán en un plazo a definir”.

Si bien el programa de Chile Vamos considera una modernización al TC, circunscrita básicamente a revisar y perfeccionar el recurso de inaplicabilidad, los requisitos para los nombramientos de sus ministros y la reducción del número de estos de 10 a 9 para evitar que los asuntos de importancia sean resueltos por el voto dirimente de su presidente, en el gobierno no quieren apurar sus tiempos en esta materia solo por dar gusto a la oposición. Insisten en que este tema no es nuevo y que existe un compromiso con la ciudadanía al respecto desde la campaña presidencial.

¿Por qué tanto apuro?

El senador Felipe Harboe, quien presidió la Comisión de Constitución del Senado hasta hace algunas semanas, cree que los cambios al TC deben hacerse rápido, pues el próximo 9 de abril se acaba el periodo del DC Carlos Carmona, quien actuó como presidente entre 2014 y 2017, y Piñera deberá nombrar a un nuevo ministro en mayo. “Es importante definir este tema con prontitud. Si no sucede, lo más probable es que el Presidente nombre a un nuevo ministro de entre sus filas y la proporción en el Tribunal será de siete contra tres. Así las cosas, si al oficialismo no le gusta alguna ley aprobada en el Congreso, donde la oposición tiene mayoría, podrá acudir al TC donde sus requerimientos siempre tendrán eco”, explica.

Consciente de que en el programa de Chile Vamos está la idea de modernizar el Tribunal Constitucional, Harboe sostiene que esta propuesta podría ser una primera base para sentarse a negociar con el gobierno. Sin embargo, plantea que las reformas deben ir mucho más allá. Por eso este jueves 29 a mediodía espera lanzar su propia propuesta. “Desde que el TC objetó el proyecto de Aborto en tres causales en agosto pasado, vengo trabajando en un proyecto de ley al respecto”, anuncia.

Su idea incluye, en primer lugar, exigir idoneidad técnica a los ministros, cuestión que hoy la ley no demanda. Además, propondrá que la facultad de calificar si una ley es orgánica constitucional o simple sea de las mesas de Parlamento y no del TC y limita el control preventivo que hoy ejerce la instancia, como elementos principales.

Otros parlamentarios opositores avanzan también en sus propias propuestas, de modo que incluso podrían aunar fuerzas en un anuncio común.

“Excusa tras excusa”

Desde ayer, en Renovación Nacional se han mostrado abiertos a legislar sobre el tema. Su presidente, Mario Desbordes, aseguró que efectivamente hay ciertos problemas en la forma en cómo se compone y funciona hoy el tribunal. Sin embargo, acusó a la oposición de “aprovechamiento político” de la situación.

“Todos los días ponen trabas nuevas para sentarse a conversar sobre los acuerdos nacionales que propuso el Presidente Piñera. Nos estamos acostumbrando a escuchar excusa tras excusa y eso no puede ser”, dijo a PAUTA.cl. En la misma línea, agregó que las modificaciones al TC siempre han estado en el plan de Chile Vamos y estas se pueden conversar dentro de un marco razonable, pero que esta discusión no puede condicionar otras iniciativas que son prioritarias para la ciudadanía, como son la seguridad y la infancia. “Me parece injusto que ahora levanten la voz y pongan exigencias que nunca le hicieron al gobierno de Michelle Bachelet”, añadió.

Desde la UDI el llamado al gobierno fue a no “dejarse pautear” por la oposición. El senador Víctor Pérez, miembro de la Comisión de Constitución del Senado, apeló a que el oficialismo debe mantenerse fiel a lo planteado en el programa del conglomerado y no ceder a la idea de debilitar el TC como se pretende desde la Nueva Mayoría.

El jefe de la bancada de diputados de la UDI, Javier Macaya, agregó que “es el gobierno el que fija las prioridades del país y no la oposición”. Sin embargo, recordó que en diciembre recién pasado la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría una normativa que modificaba el artículo 93 de la Carta Magna, el cual regula las competencias del TC. Allí se acotó la revisión que pueda hacer el organismo sólo respecto de las normas que determine el oficio de la cámara de origen que se envía al tribunal para su control. “En esa oportunidad solo algunos diputados se abstuvieron, principalmente del Frente Amplio y el Partido Comunista, por eso creo que hay piso para legislar sobre la materia, cuando el gobierno lo crea pertinente”, afirmó.

Hay tribunales y tribunales…

Aunque ahora los cuestionamientos en contra del Tribunal Constitucional provienen de la oposición, un estudio publicado en diciembre de 2017 por el Observatorio Judicial demostró que las dos principales coaliciones políticas lo han utilizado en forma proporcional. “Ambos conglomerados acudieron al Tribunal Constitucional de manera relativamente equiparada. Si bien se observa una diferencia a favor de la cantidad de requerimientos presentados por la centroderecha, ello se explica porque dicho conglomerado ha ocupado el rol opositor por más tiempo que la centroizquierda”, dice el resumen del informe.

Tampoco esta institución, catalogada como “la tercera cámara”, es una creación chilena. Hay muchas entidades que, ya sea con ese nombre u otro, cumplen con similares funciones de control constitucional.

Alemania (Bundesverfassungsgericht):

Lo componen 16 miembros y el mandato dura doce años. El Bundestag (cámara baja) propone a ocho y el Bundesrat (cámara alta) a otros ocho. La elección debe contar con el aval de dos tercios de la cámara.

Corea del Sur:

La Corte Constitucional de Corea está compuesta por nueve integrantes nombrados por el Presidente de la República. De ellos, tres debe escogerlos de nombres propuestos por la Asamblea Nacional de Corea y otros tres por el presidente de la Corte Suprema.

Estados Unidos:

El tribunal constitucional no existe como tal. En este país, la función recae en la Corte Suprema. El máximo tribunal estadounidense está compuesto por nueve jueces, propuestos por el Presidente y ratificados por el Senado. El mandato es vitalicio.

Italia:

El TC italiano está compuesto de 15 miembros. Cinco elegidos por el Presidente de la República, otros cinco por el Parlamento y otros cinco por las supremas magistraturas ordinarias y administrativas.

Reino Unido:

No tiene TC debido a que el reino unido cuenta con una Constitución “no codificada”. El Parlamento y el Tribunal Supremo se reparten las funciones que son propias de un Tribunal Constitucional.

Argentina:

No tiene, su modelo es similar al caso de EE.UU.

Brasil:

No tiene un TC propiamente tal. Las funciones constitucionales le competen al Supremo Tribunal Federal. Dicho Tribunal está compuesto por once ministros nombrados por el Presidente con la aprobación del Senado.

Nota: en una versión previa, se dijo erróneamente que Carlos Carmona, miembro del Tribunal Constitucional, se mantenía como presidente de esa entidad. Dejó de dirigirla en 2017.