El desconocido abogado de 31 años que motivó la decisión del TC

Williams Valenzuela fue el único particular que impugnó el controvertido artículo 63 de la ley de educación superior.

Durante la tarde del jueves 1 de febrero, el Tribunal Constitucional (TC) recibió en su buzón electrónico un escrito de cinco páginas. El autor era Williams Valenzuela, un abogado y profesor universitario de 31 años, quien ingresó un “téngase presente” para solicitarle al TC que declarara la “inconstitucionalidad del artículo 63 del proyecto de ley de educación superior, por revestir el carácter de materia propia de ley orgánica constitucional y haber sido aprobado por simple mayoría”. 

La acción de Valenzuela, realizada a título personal, se sumó al “téngase presente” que seis días antes había ingresado la presidenta de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), Pilar Armanet, la misma militante del PPD quien hasta el 22 de febrero se desempeñó como rectora de la Universidad de las Américas, de propiedad del grupo Laureate, y que ha sido blanco de críticas por su rol en este recurso ante el TC. 

Junto con Armanet y Valenzuela, hubo otros dos actores que presentaron escritos. Uno es Vertebral —el consejo que agrupa a los institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados— y el otro fue la fundación Desarrollo Inclusivo cuyo presidente es Alberto Núñez, quien en la última elección parlamentaria fue candidato a senador en Valparaíso por Amplitud.

De los cuatro escritos ingresados, el único que fue hecho por un particular fue el de Williams Valenzuela. El abogado, que hace clases en las universidades de Talca y Andrés Bello, explica a PAUTA.cl que solo lo hizo por interés personal y académico. “Decidí mandarlo porque conocía el proyecto y lo venía siguiendo durante toda la tramitación legislativa y, efectivamente, ahí se cuestionó y discutió sobre la naturaleza del artículo 63 para decidir si era materia de ley orgánica constitucional o no”, afirma el profesional en conversación con este medio. 

El abogado conoce de asuntos constitucionales. Egresó de Derecho de la Universidad de Talca, hizo su tesis de pregrado sobre el TC y últimamente se ha especializado en temas procesales constitucionales. De hecho, en 2015 la actual ministra del TC Marisol Peña acompañó a Valenzuela en la presentación de su libro “Derecho al recurso”. Toda esta experiencia incidió en que el profesional haya detectado, a su juicio, un vicio de forma en la tramitación del artículo 63 de la reforma a la educación superior.

Dicha norma es la que prohibía la presencia de controladores con fines de lucro en directorios de instituciones de educación superior. Fue este artículo el que el TC decidió, por seis votos contra cuatro, echar abajo por considerarlo inconstitucional. Justamente lo que casi dos meses antes había argumentado jurídicamente Valenzuela en su escrito. 

“El TC obró bien” 

El abogado estudia hoy un doctorado en Derecho en la Universidad de los Andes y adelanta que, a su juicio, el pronunciamiento del tribunal es correcto. “Sin conocer aún la sentencia (que se conocerá como fecha máxima a fines de abril) y con los elementos de mi téngase presente, creo que el TC sí obró bien”, asegura a PAUTA.cl. 

Sus argumentos apuntan a que “los controles técnicos del Congreso fallaron” ya que, desde su opinión, la norma fue votada erróneamente como ley de quórum simple y no se vio “que en definitiva el artículo pone requisitos o condiciones adicionales para que el Estado reconozca a una institución de educación superior”. Según Valenzuela, eso lo hace transformarse en ley orgánica constitucional. 

Pese a que el profesional está relacionado con el grupo Laureate, ya que es el coordinador del Departamento Derecho Procesal de la UNAB, asegura que su requerimiento en el TC “no tienen ninguna vinculación con el controlador de la universidad” y también descarta haber tenido algún tipo de coordinación con Armanet. “No nos conocemos”, explica. 

Con todo, en medio de la controversia política desatada por la decisión del TC, Valenzuela dice que “no es adecuado” legislar cambios al tribunal de forma tan acelerada. Sí cree que las autoridades deberían abrirse a debatir respecto de la posibilidad de modificar o eliminar “el control preventivo obligatorio”, por el cual deben pasar todas las leyes antes de ser promulgadas.