La multiplicación de Caval
Hay dos aristas en el caso que golpeó al gobierno de Bachelet: venta de terrenos y estafa. ¿Qué acusaciones y penas vienen?
Ciento veintinueve testigos, 19 peritos y 1.519 documentos. Esas son algunas de las cifras con las que la Fiscalía está enfrentando la arista principal del caso Caval y por la cual llegó este lunes 9 de abril al Juzgado de Garantía de Rancagua para concretar, luego de cinco postergaciones, la audiencia de preparación del juicio oral de la arista principal del caso.
Sin embargo, el lunes la audiencia fue postergada por sexta vez. El motivo fue una solicitud realizada por la defensa de Cynthia Ross, quien aseguró que está en conversaciones con la Fiscalía Nacional para concretar la suspensión condicional del procedimiento. Consultado por PAUTA.cl, el abogado de Ross, Mario Vargas, explicó que actualmente el Ministerio Público está analizando un informe en el cual se fijarían las condiciones para suspender la causa. El resultado de esto se sabría este miércoles 11 de abril en una nueva audiencia en Rancagua.
La arquitecta es investigada por el delito de cohecho dado el pago de $61 millones entregados por el gestor inmobiliario Juan Díaz para apurar el proceso de cambio al plano regulador del municipio. La profesional se desempeñó como asesora de la Municipalidad de Machalí. Entre sus labores estaba realizar estudios relacionados con el cambio del plan regulador. Dicha modificación, de haberse concretado, habría aumentado el precio de los terrenos de Machalí. Sin embargo, Ross aseguró en 2015 que “nunca he tenido un rol en el negocio o relación con Caval”.
En caso de que la suspensión condicional del procedimiento de Ross prospere, la causa principal del caso Caval se simplificaría aún más. Si en un inicio partió con 13 personas formalizadas, hoy se quedaría solamente con dos acusados: Natalia Compagnon y Mauricio Valero.
La historia para llegar al juicio oral de la causa que puso en jaque al gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet es larga. Han pasado tres años desde que estalló el caso y actualmente la Fiscalía de O’Higgins, que lidera el fiscal regional Emiliano Arias, espera cerrar el caso este año. “La ley señala que terminada la audiencia de preparación de juicio oral, no antes de 15 ni después de 60 días, se debe fijar el juicio oral e iremos a juicio oral en Rancagua en dos meses más aproximadamente con los imputados que quedan ahí”, aseguró Arias en entrevista con PAUTA100.5 el 5 de abril. ¿Cómo se llegó a esto? Esta es parte de la historia sobre la arista principal del caso.
Todo comenzó en Machalí
Un reportaje en la revista Qué Pasa. Ese fue el hecho que encendió la bomba en febrero de 2015, justo antes de que la exmandataria cumpliera un año de su nuevo gobierno. El texto titulado “Un negocio Caval” reveló la existencia de un millonario negocio. Se trataba de la compra por parte de la sociedad Caval Limitada de tres predios en la comuna de Machalí en la Región de O’Higgins. Eran 44 hectáreas en total. La adquisición del terreno sólo fue posible por otra millonaria operación: la solicitud de un crédito por $6.500 millones al Banco de Chile.
Lo que pudo quedarse solamente como un negocio, escaló rápidamente a un escándalo político que involucró a la familia de la entonces Presidenta Michelle Bachelet. La nuera de Bachelet, Natalia Compagnon, esposa del hijo de la exmandataria, Sebastián Dávalos, controlaba Caval con su socio, Mauricio Valero, en partes iguales.
La compra de los paños de Machalí auguraba ser una operación exitosa. Con la eventual modificación del plano regulador que se venía discutiendo hace tiempo en la zona, el tipo de uso de suelo de los fundos Santa Elena, San Diego y Santa Cecilia podrían convertirse en urbano y con eso aumentar significativamente el valor inicial desembolsado por Caval. Así, las propiedades se podrían revender a futuros proyectos inmobiliarios y aumentar las ganancias.
Un día después de publicado el reportaje, apareció otro hecho que avivó el escándalo. El Banco de Chile, la entidad que otorgó el crédito, informó que el vicepresidente del banco, Andrónico Luksic, recibió a Compagnon y a Sebastián Dávalos el 6 de noviembre de 2013 en una reunión en la casa matriz de la institución para concretar el crédito. Un mes después, el 16 de diciembre y a menos de un día de que Bachelet se coronara como la ganadora de las elecciones presidenciales de ese año, Banco de Chile notificó a Caval que el crédito había sido aprobado. De ahí en adelante todo fue creciendo como una bola de nieve.
Los primeros en tomar acciones al respecto fueron los entonces diputados RN Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards, quienes presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional para que se investigara un posible delito de tráfico de influencias y uso de información privilegiada por parte de Dávalos y Compagnon. Dos días después, el Ministerio Público designó el fiscal regional de O’Higgins de la época, Luis Toledo, para que se hiciera cargo de la investigación. (Toledo es el mismo a quien el gobierno de Bachelet, días antes de terminar, designó como notario de San Fernando, lo que en todo caso fue bloqueado apenas llegó Sebastián Piñera a La Moneda).
De ahí en adelante se comenzó a escarbar en una intrincada trama que tuvo su núcleo en las irregulares operaciones que existieron para vender y comprar los terrenos de Machalí y para concretar el ansiado cambio del uso de suelo de los predios en cuestión. Las transacciones afectaron a funcionarios de la Municipalidad de Machalí, arquitectos, gestores inmobiliarios, un síndico de quiebras, ex militantes UDI y una serie de otros participantes directos o indirectos del negocio.
La Fiscalía ya lleva tres años investigando el caso Caval y han sido varios los involucrados en sus múltiples aristas. Ad portas de que se concrete el juicio oral de la arista principal, la solicitud de la defensa de Cynthia Ross pone sobre la mesa la pregunta sobre qué tan probable es que los acusados terminen con penas efectivas. Hasta el momento el Ministerio Público no ha logrado ninguna, sin embargo ya tiene tres condenados. ¿Qué ha pasado con ellos y qué se viene para los que aún quedan pendientes?
Los tres condenados
El primer condenado por Caval fue el gestor inmobiliario y ex operador político de la UDI Juan Díaz, a quien la Fiscalía lo acusó como la persona que pagó a entonces funcionarios de la Municipalidad de Machalí para conseguir el cambio de uso de suelo de los predios que había adquirido Caval.
Díaz optó por aceptar un procedimiento abreviado y reconocer los delitos que se le imputaban. En específico, fue condenado a tres años por delitos reiterados de soborno, 61 días por delitos tributarios y a 61 días por ventajas indebidas.
Por el delito de soborno, el más grave que se le imputaba, quedó sujeto al control administrativo y de asistencia del Centro de Reinserción Social de Gendarmería y, además, luego de que le redujeran la multa, debió pagar $70 millones.
La participación de Díaz en todo este caso quedó clarificada en el fallo condenatorio que concluye que “con la finalidad de que se realizaran gestiones para la modificación del plano regulador intercomunal, a objeto de aumentar el límite urbano incorporando dentro de los predios (de Machalí), entregó los beneficios económicos al acusado Jorge Silva Menares, director de obras municipales de la Municipalidad de Machalí en aquella época”. Los pagos directos o indirectos concretados por Díaz a Silva sumaron $55.030.792.
El segundo condenado fue justamente Jorge Silva, el arquitecto y ex director de Obras Municipales de Machalí. Su sentencia llegó en enero de este año y también se dio a través de un procedimiento abreviado. En su caso, la sentencia se dio por el delito de cohecho reiterado y consistió en 818 días de presidio, que se pueden cumplir en libertad, y el pago de una multa de $55 millones.
Tal y como quedó acreditado en el caso de Díaz, la justicia determinó que “los hechos descritos configuran el delito de cohecho del artículo 248 bis del Código Penal, en carácter de reiterado, toda vez que un empleado público, funcionario de la I. Municipalidad de Machalí, Director de Obras, recibió, directamente o a través de su cónyuge, dineros para realizar gestiones propias de su cargo con infracción a los deberes de su cargo”.
La condena más reciente fue el caso del ex síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín, la que fue notificada en marzo de este año.
Como síndico de quiebras, Chadwick Larraín era el encargado de vender los terrenos de la familia Wiesner, los dueños de los polémicos fundos Santa Elena, San Diego y Santa Cecilia. Pero su rol en esta venta tuvo varias irregularidades que a su vez fueron detectadas por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Fue por esto que el Juzgado de Garantía de Rancagua determinó una condena de tres años y un día de presidio con beneficio de libertad vigilada por el delito reiterado de ventajas indebidas del síndico. Además, fue condenado por efectuar declaraciones tributarias “manifiestamente incompletas o falsas” y por el delito de omisión de declaración en 2015.
Los dos pendientes
Los dos socios de Caval, Natalia Compagnon y Mauricio Valero, están contando las semanas hasta que se concrete el juicio oral. En el caso de Compagnon, la Fiscalía está pidiendo cuatro años por delitos tributarios. En el caso de Valero, el Ministerio Público está solicitando una pena de cuatro años por el delito de soborno.
El abogado que defiende a Valero, Felipe Jiménez, asegura a PAUTA.cl que “la Fiscalía tiene una causa muy mal armada y que no tiene pruebas reales. Es francamente ridículo que teniendo a Herman Chadwick, que firmó un contrato para cambiar el uso de suelo y le pasó $415 millones a Juan Díaz, ni siquiera lo hayan imputado por el delito de soborno. Sin embargo, ellos van a la base que el uso de suelo lo pagó Mauricio Valero con $10 millones que le entregó a Juan Díaz”.
La defensa de Compagnon, a cargo del abogado Antonio Garafulic, detalló a este medio que ya está preparando una solicitud para hacer este miércoles 11 de abril y solicitar el sobreseimiento de todas las denuncias y querellas anteriores por negociación incompatible, tráfico de influencias, cohecho, revelación de secreto, entre otros. El objetivo es que sólo quede con los delitos tributarios y, sobre estos, Garafulic pedirá además la absolución, ya que a su juicio el Ministerio Público no ha podido presentar pruebas que los “acrediten como corresponde”.
El sobreseimiento de Dávalos
El alivio para Sebastián Dávalos llegó en enero de este año, cuando la Corte de Apelaciones de Rancagua sobreseyó definitivamente al ex jefe de proyectos de Caval por su rol en la arista principal del caso.
Sin embargo, el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, presentó un recurso de queja en contra de esta decisión ante la Corte Suprema. Pero el máximo tribunal del país, en un fallo unánime, confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones y dejó afuera para siempre de esta arista al hijo de la expresidenta Bachelet.
En el fallo, la Suprema dijo que luego de todos los años y las diligencias realizadas por el Ministerio Público se puede “tener por establecida su inocencia, por cuanto nada se ha comprobado a su respecto”. Pero a Dávalos aún le queda enfrentar la otra arista del caso.
La estafa
A toda la trama de la investigación del caso Caval se le suma la arista por estafa al empresario Gonzalo Vial Concha. Esta parte de la historia tuvo su inicio en febrero de 2016, justo un año después de la publicación del reportaje de revista Qué Pasa. Vial Concha —hijo del dueño de Agrosuper, Gonzalo Vial Vial— es el controlador de la sociedad Graneles, y además es dueño de diversos negocios relacionados con la agricultura y la minería.
La puerta la abrió el mismo Concha Vial cuando acudió a hacer su segunda declaración en calidad de testigo del caso, ya que el empresario fue el primer cliente que tuvo Caval.
La empresa Caval fue creada el 3 de febrero de 2012 y días después, cuando inició sus actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), lo hizo por el giro de “actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión”.
Su primer cliente fue el empresario Gonzalo Vial Concha. La relación con Caval se inició a fines de 2011; es decir, antes de que Caval se constituyera como sociedad. Compagnon contactó a Vial Concha a través de Verónica Vanni, tal como lo declaró la profesional (que cuenta con una amplia experiencia en asesorías y trabajos del sector minero) de forma voluntaria ante la Fiscalía en 2016.
El nexo que creó Vanni fue el puntapié inicial de la relación entre Compagnon y Vial Concha. Caval le ofrecía al empresario rancagüino asesoría en la gestión de proyectos inmobiliarios y varios otros servicios sobre los cuales aseguraba contar con un equipo de expertos y profesionales. “Ellos decían que sus asesorías eran multidisciplinarias, ya que contaban con un equipo de expertos que te pueden asesorar en diversas materias”, declaró Vanni hace dos años.
El primer contrato entre Compagnon, Valero y Vial Concha se contrajo en febrero de 2012 e incluía servicios en el área minera, desarrollo de nuevos negocios y asesoría en concesión portuaria. Por este ítem, Graneles le pagó a Caval $162 millones.
Así partió el vínculo comercial que de a poco se fue ampliando. Después de que se firmara ese contrato, Compagnon y Valero comenzaron a entregarle una serie de informes según las distintas necesidades que las empresas de Vial Concha iban requiriendo. Todo eso implicaba un costo adicional al dinero que Vial Concha ya le había desembolsado a Caval.
En la audiencia de formalización del pasado 28 de marzo, la Fiscalía detalló que los informes fueron entregados por Caval “como trabajos originales elaborados por la empresa en circunstancias que correspondían realmente a informes y presentaciones confeccionados por Cochilco (Comisión Chilena del Cobre)”. La tesis del Ministerio Público se sustenta en ocho informes que fueron facturados a Caval. Un análisis de expertos en informática encargado por la Fiscalía determinó que los documentos fueron copiados.
Los informes fueron elaborados por la Dirección de Estudios y Políticas Públicas de la entidad estatal en 2012 y trataban sobre la minería chilena. En la declaración que hizo Vial Concha en diciembre de 2016, relató que “la información de que estos informes no habían sido desarrollados por Caval me llegó por mi abogado, a quien le entregué toda la información. Él los revisó y se percató que estos informes tenían otros autores, que no habían sido desarrollados para mí, que no habían sido desarrollados por el equipo de expertos multidisciplinario que ellos ofrecían”.
La presunta estafa que investiga la Fiscalía no sólo se limita a los negocios mineros o inmobiliarios que Caval le ofreció a Vial Concha. A esto se suma un episodio de asesoría por concepto de seguridad informática que, de acuerdo con el testimonio del empresario, le fue sugerido por la misma Natalia Compagnon. Ello, tras insinuarle a Vial Concha que podría ser víctima de un fraude al interior de sus propias empresas. La tesis de la Fiscalía, según explicó el fiscal Emiliano Arias en entrevista con PAUTA100.5, es que “Caval es una empresa derechamente imaginaria. Esto es que se hace y se presenta ante un empresario con determinadas características que no tenía”. Agregó: “La idea nuestra de investigación es que esta empresa se conforma para estafar a Gonzalo Vial Concha”.
Por el delito de estafa los imputados arriesgarían una pena de hasta cinco años. Para determinarla, se tiene que establecer cuánto es el monto de la estafa, la magnitud del engaño, las atenuantes y las agravantes. Por el momento, la querella estipula que la estafa habría sido por más de $1.200 millones. Al respecto, en enero de este año el fiscal Arias aseguró que los imputados por esta arista arriesgan una “pena corporal efectiva” por dicho delito. El persecutor detalló que, por ejemplo, en los casos de Compagnon y Valero, la situación se “agrava” al estar formalizado por “otros hechos”.
Sin embargo, la defensa de Compagnon afirma que lo que ha armado el Ministerio Público está muy lejano a la realidad. “Podríamos hacer una lista de por lo menos 30 o 40 clientes distintos a Vial Concha para los efectos de acreditar que esta empresa no era una sociedad imaginaria”, dice el abogado Antonio Garafulic, quien asegura que esto se verá más adelante a medida que avance la investigación de esta arista.
¿Qué viene ahora?
En el escenario de que este miércoles 11 de abril se declare la apertura del juicio oral, hay una obligación de que este se concrete en un plazo máximo de 60 días y podría durar semanas.
En caso de que quede aprobada la suspensión condicional del procedimiento para Cynthia Ross, el juicio se vería bastante simplificado. Esto debido a que los acusados se reducirían sólo a dos y habría que retirar y dejar fuera del juicio todas las pruebas relacionadas con la arquitecta.
Respecto de la arista de estafa, actualmente el Ministerio Público está en el plazo de investigación que quedó fijado en 90 días respecto de la formalización realizada el pasado 28 de marzo. Según avancen las indagatorias en esta arista, luego vendría el cierre de la investigación, la acusación y finalmente el juicio oral.
Revise acá la entrevista del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, en PAUTA100.5