De qué se habla cuando se habla de objeción de conciencia

El debate sobre el protocolo para el aborto en tres causales se origina en el fallo del TC y promete no agotarse.

Esta semana, el ministro de Salud, Emilio Santelices, protagonizó la primera interpelación a un secretario de Estado por parte de la Cámara de Diputados. El tema es el cambio al protocolo de objeción de conciencia para el aborto en tres causales implementado el 22 marzo pasado, sin consultar al Presidente Sebastián Piñera.

Para entender mejor esta situación, hay que tener en cuenta algunos antecedentes.

En primer lugar, la ley aprobada por el Congreso no incluía la posibilidad de invocar una objeción de conciencia institucional. De hecho, la ley decía textualmente en el artículo 113 ter: “La objeción de conciencia es de carácter personal y en ningún caso podrá ser invocada por una institución”. Fue el Tribunal Constitucional (TC) el que eliminó las palabras “en ningún caso”, abriendo la posibilidad a la objeción de conciencia institucional. El diputado Guillermo Ramírez (UDI) explica que la Constitución “establece que cabe la objeción de conciencia institucional y eso fue lo que reconoció el Tribunal Constitucional”.

Como esta figura no se incluyó en la ley aprobada por el Congreso, no hubo necesidad de regularla hasta después de que la ley saliera del TC. Esta es la raíz del debate por el protocolo de objeción de conciencia.

El protocolo publicado por el Ministerio de Salud (Minsal) durante la administración de la expresidenta Michelle Bachelet determinaba que “los establecimientos públicos y privados adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud [es decir, los que tienen convenio de atención con Fonasa] mediante la celebración de convenios […], no pueden invocar la objeción de conciencia, en la medida en que el objeto de dichos convenios contemple prestaciones de obstetricia y ginecología”.

En el programa Primera Pauta del 2 de mayo, la abogada Paula Vial afirmó que “el reglamento que dictó la administración pasada se excedió absolutamente en sus ámbitos”. Por ello en febrero la Universidad Católica habría recurrido a los tribunales de justicia. Según ella, el reglamento iba más allá de lo establecido en la ley, ya que las instituciones objetoras perderían financiamiento en prestaciones distintas a las relacionadas con el aborto.

Según explica la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, este punto se incluyó “porque aquellas instituciones públicas y aquellas que cumplen rol público no deberían tener ese grado de libertad”. Hay sectores rurales o vulnerables donde los casos de urgencia ginecológica son derivados a establecimientos privados que tienen convenios con el Estado, “entonces hay mujeres de estas comunas, de esos territorios, muchas de ellas muy vulnerables, que se enfrentarán a una institución de derivación que es objetora [de conciencia]”, explica la profesional.

Ese punto de objeción de conciencia institucional fue el que se eliminó en el nuevo protocolo y es el porqué de la interpelación al ministro Santelices. Para Ramírez, este fue un paso “correcto”, ya que el protocolo implementado por el gobierno de Bachelet no habría respetado la objeción de conciencia institucional permitida por la misma Constitución. Vial, por su parte, dice que este nuevo reglamento viene a corregir el original, planteando que “aquellas instituciones que invocan la objeción de conciencia […] pueden seguir entregando atención a distintos sectores en ámbitos que son distintos al aborto”.

El miércoles 2 de mayo, ante la Cámara de Diputados, el ministro de Salud afirmó que “en ningún momento el cambio de protocolo ha generado perjuicio alguno a las mujeres que se ven necesitadas de recurrir al uso de esta nueva ley”. Además, sostuvo que, de seguir con el protocolo anterior, se habrían dejado de realizar más de un millón de prestaciones al año en las instituciones objetoras de conciencia, prestaciones distintas a las relacionadas con la interrupción del embarazo.

Refiriéndose a estas cifras, Siches dice que gran parte de las instituciones mencionadas por el ministro “no son centros que vean obstetricia de alto riesgo, sino más bien centros de atención primaria […] y también muchos hospitales regionales”. El problema, según ella, son las derivaciones: “En los casos de los objetores institucionales con convenio DFL como El Parroquial, la mujer de un territorio, por vivir en ese territorio, se enfrentará a un sistema prestador del Estado que es objetor institucional y eso no tiene sentido siendo que las instituciones del Estado deben cumplir las leyes”.

Obligar o no obligar 

La objeción de conciencia institucional no es algo desconocido en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, también existe, y ha sido criticada desde puntos de vista legales y académicos porque restringiría la protección de la conciencia individual y porque hay numerosos condados donde solo hay hospitales católicos (y, por lo tanto, todos objetores).

En Italia, en cambio, en donde no existe la objeción de conciencia institucional, el 70% de los ginecólogos son objetores (cifra que se eleva a 84% en las regiones del sur de Italia). Esto provoca que los médicos no objetores se vean sobrepasados por la demanda y que muchas mujeres y niñas italianas con mejor situación económica interrumpan su embarazo en Francia o Barcelona.

En cambio, en países como Suecia, Finlandia, Bulgaria, Islandia y la República Checa, la objeción de conciencia no está garantizada por ley y no puede ejercerse en establecimientos públicos de salud.

Para Siches, implementar esto último en Chile no sería posible, ya que “la idea es no obligar a ningún profesional que tiene convicciones profundas en contra de la interrupción voluntaria del embarazo”. No obstante, según ella, los médicos tienen la responsabilidad “de derivar a la paciente, de dar información objetiva” y de, en general, brindar todas las facilidades para que se cumpla el acceso a la interrupción del embarazo en las causales permitidas por ley.

Abortos inseguros

En Chile se practica un número importante de abortos (al menos 30 mil al año, según las cifras oficiales). Aun así, para el diputado Ramírez la ley que permite la interrupción del embarazo en tres causales provocará un aumento en la mortalidad femenina: “Los casos de mujeres que morían por embarazos eran muy bajos y vamos a ver ahora que, producto de complicaciones que se produzcan en las operaciones de aborto, habrá más mujeres en riesgo que antes”.

Según los datos brindados por la Organización Mundial de la Salud, anualmente se realizan 22 millones de abortos en el mundo en forma insegura, lo que provoca la muerte de 47 mil mujeres y discapacidades en 5 millones. De acuerdo a dicho organismo, prácticamente la totalidad de esas muertes podría haberse evitado con educación sexual, métodos de planificación familiar y acceso al aborto inducido en forma legal supervisado por instituciones médicas.