El test ácido al sistema de ética de la nueva Cámara

La comisión debutará revisando la actuación del diputado UDI Ignacio Urrutia. Mientras, la reforma al sistema sigue paralizada.

A pesar de que debía estar constituida hace meses, recién este martes 8 de mayo la Cámara de diputados determinó quiénes serán los titulares de la Comisión de Ética y Transparencia durante los siguientes cuatro años. Con los 13 integrantes definidos, ahora deberá ponerse al día de todos los requerimientos que han sido ingresados a la secretaría desde el 11 de marzo y además tendrá que hacer frente a las tareas que quedaron pendientes de la legislatura pasada.

La primera prueba que recibirán estos 13 diputados será el caso del diputado UDI Ignacio Urrutia. El parlamentario gremialista protagonizó en abril un polémico episodio en el hemiciclo de la Cámara, cuando el gobierno decidió retirar el proyecto de ley impulsado por la expresidenta Michelle Bachelet —que buscaba reparar económicamente a víctimas de violaciones a los derechos humanos— argumentando no tener vías de financiamiento.

Ese día Urrutia calificó a las víctimas de la Comisión Valech de “terroristas con aguinaldo”. La frase le costó el rechazo de toda la oposición, parte de Chile Vamos y del propio gobierno. Como consecuencia de ese episodio, los jefes de comités acordaron que su comportamiento pasaría a la Comisión de Ética de la Cámara para ser revisado en profundidad.

El reglamento que rige la labor de los diputados estipula que las sanciones que se les pueden aplicar son un llamado al orden, una amonestación o una censura. Para cada una de ellas además se establece, como pena accesoria, una multa que va desde el 2% hasta el 15% de la dieta mensual del legislador, que para este año está fijada en $ 6.602.482 mensuales brutos.

Sin embargo, la Comisión de Ética que determinará esto tiene un largo historial revisando el comportamiento de diputados y sus resoluciones no siempre culminan con sanciones efectivas.

En la legislatura pasada, la comisión realizó 20 resoluciones (ver tabla al final) sobre diversas materias de su competencia y del total sólo dos tienen que ver con el comportamiento —sobre todo dichos u ofensas— de diputados en el hemiciclo. El resto en su mayoría corresponde a dudas sobre el correcto uso de las asignaciones parlamentarias, consultas relacionadas con posibles inhabilidades para poder votar, incompatibilidades por formar parte de ciertas comisiones o solicitud de pronunciamientos de la comisión para saber cómo interpretar o aplicar determinas reglas.

Los casos del pasado

El primer caso se ingresó en abril de 2014 a petición del diputado UDI Juan Antonio Coloma contra la diputada PC Camila Vallejo. Se le reprochaba su actitud durante un minuto de silencio, pedido por la bancada UDI, por el aniversario del asesinato del exsenador gremialista Jaime Guzmán. En esa oportunidad, la comisión de forma unánime desestimó la petición, ya que a su juicio Vallejo no infringió ninguna norma. Sí se le recomendó a los parlamentarios que, cuando no se sientan representados por los minutos de silencio de la Cámara, abandonen la sala de forma respetuosa.

Un segundo episodio tuvo como protagonista el diputado PS Marcelo Schilling. Esta vez fue el entonces presidente de la Cámara Osvaldo Andrade quien puso en conocimiento a la comisión de la actuación de Schilling. A él se le imputaba haberse referido “en términos antiparlamentarios a personas que se encontraban en las tribunas, luego que estas fueran desalojadas a consecuencia de diversas manifestaciones ocurridas durante dicha sesión”. Para ese caso la comisión sí tuvo una resolución sancionatoria. De forma unánime, se le aplicó la medida disciplinaria de “llamado al orden” y una multa de un 1% de su dieta parlamentaria.

El diputado PL Vlado Mirosevic quien fue reelecto para integrar esta comisión explica que en general se siguen “las recomendaciones del secretario de la Cámara”, quien “sugiere junto con el presidente las sanciones necesarias” y en varias ocasiones lo que más “se aplica es la jurisprudencia anterior”.

Por eso Mirosevic cree que la nueva comisión partirá resolviendo en contra del diputado Urrutia con “varios tipos de sanciones”, ya que el legislador gremialista fue sancionado por esta misma instancia en 2013 por decir que “el día que se llenen de homosexuales las Fuerzas Armadas, nos van a invadir de cualquier país”. Esa vez lo reprendieron con una amonestación, pero sin multa.

El desafío recaerá principalmente en los diputados UDI que estén en esta comisión, pues las resoluciones siempre son tomadas por la unanimidad de sus miembros. Hasta el momento no ha habido una condena de la bancada gremialista a las actuaciones de su compañero de funciones.

La reforma al sistema que duerme en el Senado

Las comisiones de Ética tanto de la Cámara como del Senado están bajo la mira de los propios parlamentarios. En agosto de 2015 un grupo de senadores —compuesto por Alfonso de Urresti (PS), José Manuel García (RN), Alejandro Guillier (Independiente), Hernán Larraín (UDI) y Patricio Walker (DC)— ingresaron un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Dicho texto legal contempla, entre otras medidas, una reforma al sistema de las comisiones de Ética con el objetivo de crear una Dirección de Ética y Transparencia Parlamentaria común a ambas cámaras y cuyos miembros sean escogidos por Alta Dirección Pública.

A pesar de los avances en su tramitación, el proyecto sigue en su primer trámite constitucional. El senador UDI Víctor Pérez en marzo de 2016 comentó en la sala del Senado uno de los elementos que hace necesaria una reforma de este tipo. “Indudablemente, estos órganos (comisiones de Ética) pueden resultar frustrantes para sus miembros y para quienes se encuentran en el hemiciclo cuando, frente a hechos que de una u otra manera provocan gran expectación pública, no pueden llegar a una mayor resolución que un determinado informe a la sala”, dijo Pérez.

Otro de los puntos que motivan estos cambios fueron comentados por el exdiputado RN y expresidente de la Comisión de Ética de la Cámara Germán Verdugo, quien en septiembre de 2016 —durante una actividad que analizaba la labor parlamentaria en estas materias— aseguró que “la tarea que se desarrolla en la instancia no es fácil, al tener que juzgar a pares que, muchas veces, son miembros del mismo partido o hasta amigos”.

Junto con eso, el mismo martes 8 de mayo cuando se constituyó la comisión para esta legislatura se evidenció otra problemática que tiene el actual sistema de ética. Partidos como Evópoli, la Federación Regionalista Verde y los independientes quedaron fuera de esta instancia porque los cupos fueron ocupados por los partidos más grandes. De hecho los parlamentarios de estas colectividades votaron en contra de los nombres propuestos a la sala para integrar la comisión ya que a su juicio todos deberían estar representados y no sólo algunas tiendas políticas.

Esos son algunos de los elementos que se pretenden corregir con la creación de este nuevo organismo. El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, asegura que los últimos hechos que han afectado al Congreso “demuestran la urgencia que un texto como la reforma a la ley orgánica se apruebe a la brevedad” y agrega que “el Congreso se está quedando atrás en estándares” de probidad y transparencia.

“Lamentablemente, podemos darnos cuenta de que este control entre pares es absolutamente insuficiente y también ineficiente. Es cosa de ver la jurisprudencia que han tenido estas comisiones, por lo cual la creación de un organismo autónomo o la entrega de atribuciones para otro órgano autónomo para que vele por el cumplimiento de normas éticas, pero también de otro tipo de normativas, es fundamental”, dice Precht.

El proyecto se encuentra sin urgencia y el senador UDI Víctor Pérez —que forma parte de la comisión especial sobre probidad y transparencia que tramitó el proyecto— explica que ahora se encuentra a la espera de ser analizado por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. “Estamos viendo la manera de hacer cupo en la tabla en dicha instancia, de la cual yo a partir de esta legislatura soy parte, para volver a tener el debate de esas normas que nos parecen extraordinariamente necesarias”.

El texto legal no podrá seguir avanzando sin antes pasar por esta comisión que, según indicaron desde la secretaría del Senado, cuenta con más de 200 proyectos en espera para ser abordados. Mientras tanto, la Cámara aguarda a que el Senado pueda acelerar el trámite para tener cuanto antes las nuevas normas que regirán al Congreso y mejorarán su funcionamiento.