La Fiscalía cambia su estrategia e investiga los informes del Senado como fraude al fisco

La Brigada de Delitos Funcionarios está interrogando a asesores de senadores. El foco de la Fiscalía Metropolitana Oriente giró, así, hacia los prestadores del servicio de asesoría y no en los informes.

Hace 15 días el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, instruyó a la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI para iniciar una nueva estrategia investigativa en el caso de los informes de asesoría externa del Congreso. Ello, en el contexto de las acusaciones de que tales asesorías no tendrían justificación por el número de informes con contenidos plagiados.

El Senado se resistió a proporcionar los informes, a diferencia de la Cámara de Diputados, que sí los entregó. A inicios de mayo, de hecho, el fiscal desistió de pedir los documentos a la Cámara Alta, que en todo caso no ha sido informada oficialmente.

Pero la Fiscalía tendría un motivo relevante para esta decisión. Es su nueva estrategia: la investigación girará hacia una indagación por posible fraude al fisco.

Actualmente la Bridef está contactando a los asesores de los parlamentarios para tomarles declaración, pedirles el detalle del trabajo realizado y el respaldo respectivo de cada asesoría. Así lo confirma a PAUTA.cl una fuente que está en conocimiento del estado de las diligencias de este caso.

Fraude al fisco

El objetivo es perseguir eventuales delitos de fraude al fisco, dando un giro en el foco que llevaba el Ministerio Público en esta causa. Ahora el organismo persecutor ya no está interesado, en una primera instancia, en obtener la evidencia por parte de los senadores o diputados ni tampoco respecto del contenido de los informes, sino que apuntan a un “eslabón más débil” del sistema: los prestadores particulares del servicio de asesoría.

La decisión de asumir esta estrategia surgió luego de que los equipos de la Fiscalía Oriente y la Bridef se reunieran en la primera semana de mayo para discutir cómo llevar adelante la investigación que asumió esta fiscalía en septiembre del año pasado, luego de que varios medios de comunicación revelaran una serie de irregularidades en los informes de asesoría externa encargados por diputados. Los reportajes mostraban cómo dichos documentos, respecto de los cuales los parlamentarios pagaron sumas millonarias, contenían en gran medida información plagiada con fuentes públicas de internet.

En 2017, el fiscal Manuel Guerra pidió que ambas cámaras del Congreso le enviaran todos los informes de asesoría externa. Los primeros en cumplir fueron los diputados, quienes entregaron todo. Pero el Senado cerró la puerta y no la ha abierto hasta hoy. El Ministerio Público insistió, pero la mesa del Senado —tanto bajo las presidencias de Andrés Zaldívar como de Carlos Montes— ha reiterado que no entregará los informes a menos que la Fiscalía haga peticiones individualizadas por senador, en un tiempo acotado y por sospechas fundadas. Posición que es respaldada por la mayoría de las bancadas de senadores, según constató PAUTA.cl.

La reiterada negativa de la Cámara Alta fue la razón que obligó al equipo de Guerra a modificar sus planes. El escenario analizado junto con la Bridef concluyó que mantener la batalla con el Senado no iba a tener ningún resultado concreto. La Fiscalía podía seguir insistiendo y luego judicializar el asunto, pero eso, confirma un involucrado en dichas reuniones, implicaba una negativa casi segura del juez que recibiera el asunto.

Llegado a ese punto, los tribunales hubieran pedido una razón fundada a la Fiscalía para la petición y Guerra sólo tenía como respaldo el artículo 19 del Código Procesal Penal, que dice: “Todas las autoridades y órganos del Estado deberán realizar las diligencias y proporcionar, sin demora, la información que les requirieren el Ministerio Público y los tribunales con competencia penal”. El consenso fue que el puro artículo 19 no era suficiente para que se accediera a la petición.

El segundo motivo fue que es difícil conseguir condenas por plagiar documentos. Por lo tanto, no tenía sentido reforzar la tesis del copy-paste de los informes. De ahí la convicción de perseguir otro tipo penal.

Ir tras eventuales delitos de fraude al fisco

Hacer “la vuelta larga”. Así califican en la Fiscalía lo que está haciendo Guerra para acreditar posibles delitos de fraude al fisco. El modelo que se quiere replicar es parecido al que usó el entonces fiscal de Valparaíso Jorge Abbott —actual fiscal nacional—, cuando en 2010 procesó a la exdiputada UDI Claudia Nogueira por este mismo delito.

A Nogueira el Ministerio Público le imputó haber incrementado su patrimonio al depositar en su cuenta corriente $28.375.103 destinados a asesorías que no se realizaron y $1.900.000 por el arriendo de una sede en Recoleta, en donde también operaba una empresa llamada GMA.

En octubre de ese año Abbott llegó a un acuerdo con Nogueira para la suspensión condicional del procedimiento y por eso la exdiputada tuvo que restituir $30 millones al fisco y donar otros $5 millones a la ONG Un Techo para Chile. A pesar de haber sido suspendida, Abbott dijo en ese momento que “el hecho de que la parlamentaria Claudia Nogueira haya reintegrado los fondos que percibió, a juicio del Ministerio Público, indebidamente, bien importa una suerte de reconocimiento de que esos fondos deben ser destinados a las finalidades públicas para las cuales el Estado provee a los parlamentarios”.

La actual estrategia se basa en indagar “la trazabilidad de los dineros pagados por parlamentarios por los informes”. La sospecha que tiene el Ministerio Público es que algunos diputados y senadores pagaron por informes que nunca existieron y que luego el asesor reintegró el dinero a la cuenta del legislador “para abultar su dieta configurándose entonces la figura de fraude al fisco”.

Para lograr eso la Bridef —que sí cuenta con los listados de asesores y sus contratos respectivos— está priorizando a los particulares que registran más servicios prestados y más dinero recibido. Al pedirles la información a ellos de forma directa, la fiscalía podría detectar los casos en donde hay sospecha fundada de eventuales irregularidades o delitos y llegar incluso a solicitar el levantamiento del secreto bancario de dicho asesor e identificar los casos en que hubo “reintegro de dineros”. Con el caso del asesor despejado, el camino para llegar al parlamentario quedaría simplificado para poder formalizar y posiblemente conseguir alguna condena.

PAUTA.cl contactó al fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, para pedirle una versión respecto de esta causa, pero el persecutor declinó de participar ya que la investigación se encuentra bajo secreto.