El histórico día en que el Ministerio Público se enfrentó a la Iglesia chilena

La Fiscalía incautó documentos eclesiásticos y solicitó colaboración con la justicia civil. El mismo día, Charles Scicluna criticó las “malas prácticas” del clero chileno en el manejo de denuncias de abuso.

Pasadas las 11:00 de la mañana de este miércoles 13 de junio la tradicional calma de las oficinas del Tribunal Eclesiástico, el obispado de Rancagua y el Arzobispado de Santiago se interrumpió. Funcionarios del OS-9 de Carabineros ingresaron a estas dependencias por una orden judicial que determinaba retirar de Rancagua todos los documentos y archivos que den cuenta de denuncias e investigaciones contra sacerdotes de esa diócesis desde 2007 hasta la fecha y de Santiago los documentos relacionados con el excanciller del Arzobispado Óscar Muñoz quien se autodenunció en enero por haber abusado sexualmente de menores en la región de O’Higgins.

“Es histórico”. Con esas palabras el fiscal regional, Emiliano Arias, calificó la escena que enfrentó, por primera vez en la historia desde que explotaron en 2010 los casos de denuncias de abuso sexual, al Ministerio Público con la jerarquía de la Iglesia Católica chilena.

La decisión de incautar tomada por Arias fue motivada por una denegación de información decretada por el Vaticano. Según informó el Obispado de Rancagua, el 28 de mayo la fiscalía de O’Higgins “realizó un requerimiento en el que se solicitó información al obispo Alejandro Goic sobre los casos de sacerdotes que están siendo investigados en su jurisdicción”.

Dos días después, Goic solicitó a la Santa Sede la autorización para entregar dichos documentos. La duda del obispo radicaba en que como se trataba de documentos de un proceso investigativo, el permiso debía llegar directamente desde la Congregación para la Doctrina de la Fe, organismo encargado de llevar las investigaciones canónicas.

El 5 de junio las dudas de Goic se resolvieron. El Vaticano le respondió asegurando que la solicitud debía hacerse a través de un exhorto, que es la vía regular por tratarse de un requerimiento entre dos Estados, y que además la información solicitada estaba bajo secreto pontificio, que es un resguardo eclesial de documentos. Por esas razones la solicitud fue rechazada.

En ese momento arremetió el fiscal adjunto Sergio Pérez, quien está llevando esta investigación. La causa se inició de oficio el 27 de mayo por orden de Arias luego del reportaje de Canal 13 que reveló la existencia de una cofradía de sacerdotes que se hacía llamar “La Familia” —de los cuales hay 14 curas suspendidos de su ministerio sacerdotal— y que presuntamente abusaron sexualmente de niños y adolescentes en la diócesis de Rancagua.

“En Chile todos estamos sometidos a la justicia ordinaria, todos, todas las personas”, dijo el fiscal Arias, quien llegó hasta el Arzobispado de Santiago para seguir de cerca la diligencia mientras Pérez hacía lo mismo desde Rancagua. “Yo no estoy investigando a la Iglesia Católica, sino que a personas naturales que han cometido delitos y que son parte de la Iglesia Católica, pero no es una investigación contra la Iglesia”, precisó el persecutor. Añadió que pese a que en un momento las autoridades eclesiásticas se negaron a entregar información, ahora “la cooperación ha sido total”.

La respuesta de la Iglesia vino de inmediato. El cardenal Ricardo Ezzati, acompañado del vicario judicial Jaime Ortiz de Lazcano, leyó una declaración en la que dijo que se entregó al Ministerio Público “toda la documentación solicitada, reiterando la disponibilidad de colaborar con la justicia civil en todo lo que sea requerido”.

El inédito encuentro de la Fiscalía en la Nunciatura

Cinco horas más tarde, el Ministerio Público volvió a ingresar a terrenos de la Iglesia. Esta vez lo hizo para tener una audiencia con los enviados especiales del Papa Francisco en la denominada “misión Osorno”: el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el monseñor español Jordi Bertomeu. Era la primera vez que los máximos representantes de la Fiscalía, incluido su titular nacional, Jorge Abbott, pisaban terreno del Vaticano. Nunca antes habían estado en la Nunciatura Apostólica, como se le llama a la legación diplomática del Vaticano.

La reunión fue solicitada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien llegó hasta las dependencias del nuncio Ivo Scapolo junto con otros tres fiscales regionales: el fiscal regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán; el de O’Higgins, Emiliano Arias, y el del Maule, Mauricio Richards.

Las autoridades estuvieron alrededor de media hora conversando sobre la manera de crear canales para tratar las denuncias de abusos. “Hemos compartido con monseñor Scicluna la necesidad absoluta de la cooperación entre la Iglesia y el Estado de Chile para efectos de hacer avanzar las investigaciones y poder establecer quiénes son los responsables e instar por el castigo de los mismos”, aseguró Abbott.

Según explicó el persecutor, se baraja la idea de que un funcionario de la fiscalía pueda tener presencia en el edificio de las Obras Misionales Pontificias, dependiente de la Nunciatura, y que será el nuevo lugar destinado para recibir las denuncias de abuso sexual, de poder y de conciencia cuyo próximo encargado se anunciará antes de que Scicluna regrese a Roma.

Sobre la posibilidad de que los delitos sexuales estén prescritos, el código penal chileno establece un plazo de prescripción de diez años, Abbott precisó que en ese caso el Ministerio Público tiene que pedir el sobreseimiento de la causa, pero el “compromiso último es establecer la verdad, como reparación a las víctimas que en un minuto sufrieron abuso”.

Funcionarios de la Fiscalía Nacional aseguraron a PAUTA.cl que el organismo preparará los exhortos para solicitar la información que necesite para las tres investigaciones que ya hay en curso. El fiscal Guzmán lidera la causa de los exalumnos del colegio Alonso de Ercilla que habrían sido abusados sexualmente por sacerdotes maristas, Arias tiene bajo su jurisdicción el caso de “La cofradía” en Rancagua y Richards indaga la denuncia de encubrimiento contra el nuncio Ivo Scapolo y el obispo de Linares, Tomislav Koljatic.

Este medio además consultó a la Fiscalía Regional de Valparaíso si está en planes del fiscal Pablo Gómez abrir una investigación de oficio por las denuncias de abuso sexual de exseminaristas contra sacerdotes de la diócesis y del exobispo Gonzalo Duarte. Sin embargo, desde el organismo explicaron que esos hechos son de los años 90 y que corresponderían al sistema procesal antiguo, razón por la cual además estarían prescritos.

PAUTA.cl se contactó con un de los denunciantes, Sebastián del Río, quien precisó que actualmente hay diez víctimas que están estudiando con abogados la posibilidad de ingresar una demanda o una querella en la justicia civil. Será un asunto que estudiarán en detalle y decidirán en las próximas semanas.

Respecto del exhorto que preparará el Ministerio Público, las mismas fuentes de la Fiscalía Nacional aclararon que este puede ser rechazado en la medida en que el Vaticano invoque el secreto pontificio.

Esta facultad exclusiva está regulada por el derecho canónico en su “Instrucción Secreta Continere sobre normas sobre el secreto pontificio”, que data de 1974. La norma estipula que las investigaciones canónicas están bajo secreto.

La justicia chilena ya sabe de esto. La Corte Suprema exhortó al Vaticano en 2015 para que levantara el secreto pontificio del expediente de la investigación canónica que condenó al expárroco de El Bosque Fernando Karadima, a solicitud de las tres víctimas del sacerdote en el marco de la demanda civil que ingresaron contra la Iglesia. Sin embargo, en 2016 el Vaticano rechazó el exhorto y dijo que no levantará el secreto.

En términos eclesiales, varios archivos bajo secreto están guardados con una llave que sólo manejan los obispos y los cancilleres de las diócesis. Las normas de protección y resguardo son muy estrictas, tanto así que los archivos ni siquiera se pueden mover de lugar sin autorización.

Este secreto también se extendería indirectamente al informe Scicluna. PAUTA.cl consultó con dos fuentes vaticanas que, en privado, aseguran que no está en los planes del Papa entregarlo a la justicia civil. La principal razón sería porque contiene testimonios de víctimas que no estarían dispuestas a declarar ante la justicia civil.

Sin embargo, las mismas fuentes explican que Francisco dio instrucciones específicas a Scicluna y Bertomeu de motivar a las víctimas a hacer las denuncias y ofrecer sus testimonios a los tribunales civiles. Además, el Sumo Pontífice estaría analizando en detalle el informe para derivar la información a los organismos que corresponda, de modo de decidir “el tipo de proceso canónico que debe seguirse” frente a las denuncias que ahí se exponen.

La crítica de Scicluna ante canonistas chilenos

En paralelo a todo esto, los enviados especiales del Papa asistieron a un seminario de formación de canonistas chilenos en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica. El objetivo era que Scicluna y Bertomeu pudieran ofrecer “ayuda técnica y jurídica” a los expertos en derecho canónico del país.

En el encuentro, que contó con la participaron de 20 canonistas, Scicluna se refirió a las buenas y malas prácticas del sistema canónico chileno en relación con la tramitación e investigación de denuncias de abuso. A la salida, el sacerdote afirmó que “como Iglesia debemos colaborar con la justicia civil. El abuso de menores no es solo un delito canónico, sino un delito civil. El bien común de la Iglesia y de la sociedad convergen en la tutela del menor”.

Respecto de las malas prácticas, la canonista e integrante del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a las Víctimas, Ana María Celis, detalló que el enviado del Papa les mencionó lo extensas que se han convertido las investigaciones previas.

Esta etapa del proceso es el primer paso que estipula la Iglesia para decidir qué hacer frente a una denuncia. El objetivo es determinar su verosimilitud, ya que una vez superado este test, la información pasa directamente a la Congregación para la Doctrina de la Fe. En caso contrario, se desestiman los hechos.

El documento “Cuidado y esperanza”, que determina los lineamientos de la Conferencia Episcopal de Chile (Cech) para tratar los casos de abusos sexuales a menores de edad, estipula en su página 35 que “es necesario tener presente que la investigación previa debe realizarse con cautela y prontitud, es decir, algunas semanas”.

Tanto en el Vaticano como en la Cech ya hay completa conciencia de que los protocolos y las guías internas no están funcionando. Por eso también los canonistas aprovecharon de hacer sugerencias para mejorar los reglamentos. Algo que estaría siguiendo de cerca el Papa Francisco desde Roma junto con la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores que él mismo formó en 2013 y que dirige el arzobispo de Boston, Sean Patrick O’Malley.