La cultura Pérez

El equipo liderado por la ministra de Cultura, Alejandra Pérez, ha enfrentado la difícil implementación de la nueva institucionalidad cultural y patrimonial del país. Un trabajo que a ratos se ha visto deslucido por los problemas que la autoridad protagonizó con miembros de su círculo más cercano.

Por apenas 11 días, la periodista Alejandra Pérez no fue la primera ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la historia de Chile. Ernesto Ottone, su antecesor, cortó la cinta de la flamante nueva cartera el 1 de marzo de este año, 10 días antes del cambio de mando y luego de que el día anterior se publicara la toma de razón de la Contraloría General de la República del DFL 35, documento oficial que establecía la entrada en vigencia de la novel institucionalidad cultural y patrimonial del país.

Pero en los hechos, ha sido el equipo liderado por Pérez el encargado del difícil y largo proceso de implementación de la nueva secretaría de Estado. Un asunto no menor que, sin embargo, se ha visto desteñido por una serie de dificultades que ha protagonizado la ministra con su propio gabinete. Por él ya han pasado tres distintos jefes de gabinete y otros tres encargados -con distintos títulos- de comunicaciones, dos asesores jurídicos, además de varios colaboradores de menor rango.

“La administración pasada cortó la cinta y se fue. Se tuvo que empezar desde cero y obviamente la ministra ha tomado importantes decisiones que no siempre son populares. Lamentablemente, mucho de lo que se ha avanzado pasa inadvertido debido a las polémicas que ha protagonizado la ministra con el senador [Francisco] Chahuán o por algunas de sus declaraciones a la prensa”, apunta un exfuncionario de la cartera.

Una herencia complicada

El 3 de noviembre de 2017, se publicó la Ley 21.045 que creaba el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Establecía que para que la institucionalidad comenzara a operar oficialmente se debía aprobar primero un decreto con fuerza de ley (DFL 35) que normara una serie de materias. Entre ellas, las plantas de funcionarios y la entrada en vigencia de la flamante cartera con sus dos subsecretarías y el nuevo Servicio del Patrimonio, que reemplazó a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam).

La Contraloría tomó razón de este documento el 27 de febrero pasado, oficializándolo al día siguiente. Pero un pequeño gran detalle complicó enormemente el traspaso desde el antiguo Consejo Nacional de la Cultura y la Artes (CNCA) y la Dibam a la nueva institucionalidad: el DFL 35 establecía que la nueva cartera comenzaría a operar el 1 del mes siguiente a la aprobación del decreto, es decir el 1 de marzo de 2018, apenas 24 horas después de conocerse su publicación.

Así las cosas, el 11 de marzo la administración liderada por Pérez tomó control de la nueva cartera en un caos casi total. Para facilitar en algo la carga y poder de algún modo seguir operando, días antes de asumir su cargo, Juan Carlos Silva, quien ya había sido designado como próximo subsecretario de las Culturas y las Artes, acudió a la Contraloría. “Nos reunimos con el subdirector jurídico, Camilo Mirosevic, porque veíamos que podría haber ciertos problemas con el pago de los sueldos. Además, la nueva institución no tenía ni presupuesto, ni bienes, ni funcionarios, tampoco orgánica para cumplir sus funciones”, recuerda Silva.

Luego de esa cita, a la que también acudió Carlos Lobos, actual coordinador de la implementación de la nueva institucionalidad del ministerio, en Contraloría entendieron que había una situación de fuerza mayor: “Nos permitieron, en una primera etapa, funcionar con el presupuesto y la orgánica -departamentos y unidades- que tenía el Consejo de la Cultura”, agrega el subsecretario Silva.  

A partir del 11 de marzo, el equipo entrante comenzó a aquilatar la compleja herencia que le había dejado la administración anterior y constataron la serie de actos administrativos que se debían hacer para traspasar presupuestos, bienes, funcionarios y la creación de nuevas funciones que no existían en las antiguas institucionalidades. Por ejemplo, el tema de la exención del IVA a los espectáculos artísticos culturales que antes administraba el Mineduc o la designación de jurados para los Premios Nacionales. Para esto establecieron un cronograma de trabajo que priorizó en ese momento el traspaso presupuestario y de funcionarios a la nueva institucionalidad.

“Ha habido momentos complicados, pero estamos todos tratando de tirar el carro para el mismo lado. Hoy lo que más nos preocupa es comenzar el proceso de encasillamiento de la planta. Quisiéramos que fuera más rápido, pero no todo es culpa de la ministra o los subsecretarios, hay temas burocráticos que obstaculizan los procesos. En general, la ministra Pérez ha mostrado una actitud abierta y colaborativa hacia nuestras observaciones y sugerencias”, asegura Cristián Retamales, presidente de Anfucultura, el sindicato más grande del ministerio y con presencia nacional.

Pero no todos coinciden con Retamales. Carlos Insunza, presidente de la Anef, afirma que existe preocupación en torno a lo que está sucediendo en la nueva cartera. “Me parece claro a estas alturas que el equipo ministerial no fue capaz de dimensionar la inmensa tarea que significa implementar un nuevo ministerio. La poca preparación es evidente, se han producido despidos injustificados y eso responde a la inexperiencia”, agrega.

Más allá de estas críticas, en el ministerio reconocen que las figuras del subsecretario Juan Carlos Silva y Carlos Lobos han sido claves en el proceso de implementación. Ambos cuentan con toda la confianza de la ministra Pérez, quien confía en la experiencia que ambos tuvieron en el CNCC en el primer gobierno de Sebastián Piñera. “Alejandra Pérez ha delegado en ellos el tema de la implementación y la administración de la cartera”, afirma uno de sus excolaboradores. “Trabajo con la ministra con respeto y mucho sentido de equipo. Fui asesor legislativo, por eso conozco bien este mundo y el parlamentario y la ayudo en lo que puedo”, agrega Silva.

Aterrizaje forzoso

Con tal desafío por delante, a muchos en el ministerio les extrañó que Alejandra Pérez no optara por profesionales avezados en temas de gestión cultural y de derecho administrativo para conformar su gabinete. En cambio, eligió un reducido grupo de cuatro periodistas que habían trabajado con ella en Canal 13, donde se desempeñó entre otros cargos como directora ejecutiva de la estación de Andrónico Luksic, y ascendió a un joven abogado que hasta entonces se desempeñaba en la subdirección del ex Consejo, Munir Chahuán.

“La ministra mostró cierta reticencia de formar un equipo potente para asesorarla en una gestión que se sabía sería compleja”, apunta un exfuncionario, quien añade que el exministro Ottone tenía a cuatro abogados permanentemente aconsejándolo dentro de su gabinete. En el entorno de Pérez, sin embargo, acusan que no había presupuesto para traer abogados con amplia experiencia administrativa y que las periodistas que llegaron con la ministra son todas muy reconocidas profesionalmente. “Además, Pérez sabía que a su lado estarían Juan Carlos Silva y Carlos Lobos, ambos ex funcionarios del CNAA con bastante expertise en el tema y muy queridos dentro de la institución”, explica uno de sus cercanos.  

Pero si la confianza fue el atributo que privilegió Pérez para conformar su círculo de hierro, este no fue suficiente. Rápidamente comenzaron las fricciones en su equipo más cercano. Apenas tres días después de comenzar la nueva administración, la abogada Paulina Bardón, su primera jefa de gabinete, renunció al cargo. “Simplemente no se llevaron bien. Era preferible que saliera pronto antes de seguir dilatando una situación que no llegaría a buen puerto”, revela una fuente dentro del ministerio.

En su reemplazo, nombró a la periodista Carmen Gloria Roberts, quien había llegado con ella desde Canal 13, donde se desempeñaba en el área de contenidos. Las unía una relación profesional y de amistad de más de cinco años. Roberts asumió formalmente el 14 de marzo, pero se mantuvo en el cargo solo hasta el 22 de mayo pasado. Quienes compartieron con ellas durante ese periodo, aseguran que la tensión que se vivía en el ministerio complicó la relación, por lo que Roberts decidió dar un paso al lado. El cargo fue finalmente ocupado por Orlando Álvarez, una recomendación de Carlos Lobos, y quien se encuentra hoy en ese puesto.

Una precariedad parecida ha vivido el cargo de jefe de prensa de la ministra Pérez. En una primera etapa, Alejandra Pérez optó por José Alvarado, quien era el jefe de comunicaciones del exministro Ernesto Ottone. La relación fluyó bastante bien hasta que El Mercurio de Valparaíso publicó una entrevista donde Alejandra Pérez ponía en duda la utilidad del “vale cultura”, una iniciativa incorporada en el programa de gobierno de Piñera. También planteó promover el teatro itinerante, actividad cultural que ya existe. El artículo fue mal evaluado por la opinión pública y Pérez optó por pedir la renuncia a Alvarado.

Pérez entonces decidió que Felipe Encinas, hasta entonces jefe de comunicaciones de la cartera, asumiera también las tareas de Alvarado y así no tener que nombrar a un nuevo jefe de prensa. De un minuto a otro, Encinas debió hacerse cargo de la gestión de prensa y apagar las crisis, su tarea de dirección estratégica comunicacional pasó a segundo plano y la relación entre ellos empeoró. En conjunto decidieron que sería mejor que Encina pasara a la Subsecretaría de las Culturas y la Artes, y trabajara con Juan Carlos Silva en temas más estratégicos. El 1 de junio, el periodista comenzó su nueva tarea y al gabinete de la ministra llegó Elisa Segura, quien hoy ostenta el cargo de coordinadora de prensa.

La furia de Chahuán

Paralelamente al avance de la implementación de la nueva institucionalidad, la ministra Pérez se abocó en sus primeros días a reestructurar los departamentos que dependían directamente de ella. Con este propósito le pidió la renuncia a Ángel Cabeza, hasta entonces director del Servicio Nacional del Patrimonio, la ex Dibam.

La gestión de Cabeza era resistida tanto dentro como fuera de la institución. Como se trataba de un cargo de elegido por Alta Dirección Pública, Pérez debió pedirle autorización al Presidente para solicitarle la renuncia a un alto directivo en forma directa. La desvinculación se oficializó el 28 de marzo y fue aplaudida ampliamente. “La ministra Pérez se puso los pantalones y tomó una decisión que era muy esperada dentro de la institución”, asegura un funcionario. En el organismo le achacan a Cabeza viajes que superan los $ 38 millones y absoluta discrecionalidad en el ejercicio de su cargo. Hoy el nombramiento del nuevo director del servicio está a la espera del resultado del concurso público.

La salida de Cabeza, sin embargo, le dejó un flanco abierto a la ministra Pérez: la furia del senador RN Francisco Chahuán.

Al menos cuatro versiones de funcionarios del ministerio que conocieron de cerca este episodio coinciden en la molestia que exhibió el parlamentario de la Región de Valparaíso frente al despido de Cabeza. “Llamó en varias oportunidades y escribió mensajes para evitar que se concretara la decisión. Estaba muy molesto con la ministra, básicamente porque Cabeza había contratado en puestos claves a militantes RN”, revela uno de los profesionales que presenció uno de estos llamados. El mismo funcionario agrega que de esa manera se entienden los dichos posteriores del parlamentario en contra de la secretaria de Estado, sobre quien dijo que “deberían echarla a patadas”, según divulgó La Segunda a mediados de junio.

Consultados por PAUTA.cl sobre estos hechos, ni el senador Francisco Chahuán ni la ministra Alejandra Pérez quisieron referirse al tema.

Reestructación de las reestructuraciones

Otra área que Pérez prontamente decidió reestructurar fue el Departamento de Comunicaciones. Cuando la ministra aterrizó en el ministerio esta unidad tenía 37 funcionarios. “Ella venía de un medio de comunicación y sabe que con esa cantidad de periodistas se puede hacer un gran diario. A todas luces era un exceso”, comenta un profesional del ministerio. Así, el lunes 2 de abril a las 3 de la tarde, al entonces jefe de Comunicaciones, Felipe Encinas, y por mandato de Pérez, le tocó despedir a 17 profesionales del área.

A la mañana siguiente las oficinas del gabinete ministerial ubicadas en Ahumada fueron intervenidas por un numeroso grupo de trabajadores que con bombos y pancartas se oponían al despido masivo realizado el día anterior. Acusaban que algunas de las desvinculaciones eran ilegales. “La verdad es que al principio no nos pareció bien este procedimiento y protestamos, pero ese mismo día la ministra nos invitó a conversar para arreglar el problema. Tras un mes de reuniones, hoy puedo decir que casi todos los trabajadores han sido reintegrados en otras áreas del ministerio y solo cuatro de ellos no quisieron volver y han judicializado su situación. No podemos negar que la ministra está siempre abierta al diálogo”, explica Cristián Retamales, de Anfucultura.  

Este episodio, sin embargo, tuvo un daño colateral: la salida de hasta su entonces asesor jurídico, el abogado de 27 años Munir Chahuán. La ministra Pérez culpó a Chahuán por el error que supuso el despido de uno de los funcionarios y le pidió la renuncia, aunque después se retractó. Sin embargo, el abogado decidió irse de todos modos, pues, según cuenta uno de sus cercanos, la tensión entre ambos era insostenible. Hoy su cargo lo ocupa David Ibaceta, quien fue recomendado desde Presidencia.

En la actualidad, y luego de una instalación complicada, las aguas en el ministerio están más quietas. Con las jefaturas y directrices ya definidas, los esfuerzos están puestos en concretar el cronograma de instalación de la mejor forma posible al tiempo de que se asegure el cumplimiento de las funciones propias de la institución. Así, el pasado 1 de junio se abrió el proceso de convocatoria de los fondos concursables (Fondart), proceso que se cierra a fines de julio y que congrega a más de 13 mil participantes en todo Chile.