Penta: la maniobra de Guerra en el juicio abreviado para Délano y Lavín

Pese a tener el rechazo de la Unidad Anticorrupción y del CDE, la Fiscalía insistió en eliminar el delito de cohecho. La justicia le dio la razón y condenó a los controladores del holding por delitos tributarios.

El primero en fijar el criterio fue el fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Lo hizo en junio de 2016 en una entrevista con CNN Chile, cuando afirmó enfáticamente que “nosotros no estamos dispuestos a aceptar un procedimiento abreviado en el que ellos no acepten responsabilidad por el delito de cohecho”.

Como si no fuera lo suficientemente claro, Guerra insistió: “Dicho de otra forma, si ellos no están dispuestos a aceptar responsabilidad y a no discutir la existencia del delito de cohecho y su participación, nosotros no vamos a estar dispuestos a un procedimiento abreviado. Ese es un tema de parte nuestra tanto como del Consejo de Defensa del Estado […]. La posición es única por la relevancia que tiene este delito, más allá de la pena, tiene una relevancia en cuanto al bien jurídico que afecta que es la probidad pública y nos parece que ese es un tema intransable”.

Dos años después, la frase le explotó al mismo Guerra dado que el persecutor transó un elemento fundamental que él mismo había dicho que era intocable: el cohecho.

La concesión surgió de él mismo cuando les ofreció a los controladores del otrora poderoso grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín, y al exsubsecretario de Minería Pablo Wagner, la posibilidad de ir a un juicio abreviado. Para eso, Guerra prometió una reformalización para recalificar los delitos imputados. A Délano y Lavín la fiscalía pediría quitar los delitos de cohecho y soborno y mantener los delitos tributarios, y en el caso de Wagner reemplazar el cohecho por el delito de enriquecimiento ilícito.

De ahí en adelante el persecutor inició una carrera contra la corriente para lograr su cometido y que lo llevó a enfrentarse a la propia Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, al Consejo de Defensa del Estado (CDE), a los exfiscales que llevaban el caso y a la fundación Ciudadano Inteligente que también era querellante en la causa.

El acuerdo que puso fin al caso Penta para Délano y Lavín

Luego de que Guerra abriera la posibilidad de un juicio abreviado, fue la Unidad Anticorrupción la que en junio optó por distanciarse de la decisión de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Dicha unidad analizó en detalle los antecedentes de la causa y en un informe le expresó una visión técnica del asunto.

Esa unidad de la Fiscalía Nacional objetó la decisión de Guerra asegurando que los hechos imputados sí son cohecho y que en caso de que haya dudas al respecto, no le corresponde a una fiscalía regional resolverlo, sino que al tribunal de Garantía.

Ese organismo no fue el único en manifestar reparos. Semanas más tarde los consejeros del CDE también optaron por rechazar el plan de Guerra. La presión para el CDE era alta ya que, junto con la Fundación Ciudadano Inteligente y la bancada de diputados socialistas, eran los únicos capaces de poder frenar el acuerdo de la fiscalía con las defensas de Délano, Lavín y Wagner.

Finalmente, Guerra llegó a la audiencia de reformalización de este martes 3 de julio con su decisión tomada. Su argumento, según explicó frente al 8° Juzgado de Garantía de Santiago, se basaba en que “no tenemos elementos que permitan acreditar seriamente una acusación en esos términos (cohecho y soborno)”. Otras razones apuntaban a que las penas por cohecho en Chile son bajas.

Actualmente, la pena de cohecho es de reclusión menor en su grado mínimo. Esto se traduce en que las penas van desde los 541 días a tres años y un día privados de libertad, junto con la inhabilitación absoluta, temporal o perpetua del cargo y multas. Por eso es que actualmente se está discutiendo en una comisión mixta del Congreso la posibilidad de aumentar estas penas para tener la posibilidad de lograr presidios efectivos. 

El asunto no es menor dado, que la OCDE se encuentra en estos momentos en Santiago en reuniones de evaluación respecto de la implementación de las recomendaciones anticohecho del organismo por parte de Chile. La visita del grupo de trabajo, coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, responde a la evaluación periódica de los avances en esta materia por parte de los países y fue una de las razones que dio el Gobierno para poner suma urgencia al proyecto de ley. La misión considera a examinadores de Grecia y México y funcionarios especializados de la OCDE.

Al momento de reformalizar, el Ministerio Público hizo que desaparecieran varios hechos que eran pieza fundamental del caso: los correos electrónicos que recibió Wagner por parte de los controladores de Penta y la participación de Délano y Lavín. En su reemplazo, la fiscalía aseguró que fue el fallecido exgerente de Penta, Hugo Bravo, quien tomó la decisión de pagarle de forma periódica a Wagner mientras fue funcionario público y que ese dinero (que sumó $42 millones en pagos bimestrales) no implicaba un soborno, sino que un enriquecimiento ilícito.

Ante esto la consejera del CDE María Inés Horvitz y la jefa de litigación de la entidad, Luppy Aguirre, se opusieron, argumentado que la operación de Guerra y la defensa “era una práctica ilegal y que debe ser rechazada por completo”.

El revés para el CDE

Este miércoles 4 de junio el 8° juzgado de Garantía dio luz verde a la reformalización de Guerra y al acuerdo del Ministerio Público con las defensas de los controladores de Penta. Con eso, dejó fuera del caso tanto al CDE como a Ciudadano Inteligente y a los diputados socialistas.

Luego de esto, Horvitz aseguró que “es muy llamativo que después de haber escuchado la relación de todos los delitos tributarios que demuestran una forma de actuar en los dueños de Penta […] se han jugado por completo excluir una imputación que tiene una dimensión simbólica muy importante como un delito de corrupción por antonomasia”. La consejera además no descartó la posibilidad de recurrir a otras instancias legales para revertir la decisión.

Las opciones que quedan son bastantes limitadas: pueden apelar a la resolución que los excluyó del juicio, pueden presentar un recurso de queja basado en que el juez dictó su resolución realizando faltas o abusos graves en la aplicación del derecho o ingresar un incidente de nulidad argumentando un vicio procedimental. El asunto quedó pendiente y tendrá que ser abordado en las próximas semanas por los consejeros del CDE.

Horas más tarde, el mismo tribunal accedió al acuerdo y selló el juicio abreviado para Délano y Lavín. El acuerdo consistió en que ambos se declararan culpables de los nuevos hechos presentados por la fiscalía. Así, fueron condenados por delitos tributarios y obligados a pagar una multa por $1.714 millones, correspondientes al perjuicio fiscal estimado por el Servicio de Impuestos Internos, monto que se suma a los $10 mil millones que ya han pagado por concepto de impuestos, intereses y multas. La sentencia será comunicada por el juez Daniel Aravena el lunes 9 de julio.

En el caso de Wagner, la audiencia de discusión de su procedimiento abreviado por enriquecimiento ilícito continuará este viernes 5 de julio.

Ante la resolución que le puso fin al caso para Lavín y Délano, fue el mismo fiscal nacional, Jorge Abbott, quien se refirió a la decisión. Abbott se ha marginado de toda la discusión por el caso Penta dado que desde que asumió en su cargo se inhabilitó de la investigación por ser primo del actual ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien fue presidente del Banco Penta.

El fiscal nacional respaldó el actuar de Guerra. “Conociendo y estudiando los antecedentes de la investigación llegó a la íntima convicción de que tenía que reformalizar y él, dentro de sus atribuciones legales, tomó una decisión a partir de la convicción a la que él arribó”, dijo Abbott.