Qué arrastra la caída del excanciller del Arzobispado

En menos de 24 horas, el sacerdote Óscar Muñoz fue detenido, formalizado y encarcelado. Con su caso el ojo está puesto en dos frentes: los autores y los encubridores de delitos.

Vestido de negro, con una parka que le ocultaba algo de su cara, despeinado, con voz baja y sin ánimo. Así estaba el sacerdote y excanciller del Arzobispado de Santiago Óscar Muñoz Toledo. El cura se encontraba al interior de la sala de audiencias del Juzgado de Garantía de Rancagua para escuchar la formalización que hizo la fiscalía de O’Higgins por la causa que lleva en su contra por presuntos delitos de abuso sexual reiterado y estupro.

El imputado se autodenunció el 2 de enero de este año ante la Oficina Pastoral de Denuncias por faltas al sexto mandamiento, es decir, abusos sexuales. De inmediato dejó su cargo, fue suspendido de su ministerio sacerdotal y quedó bajo la investigación de la Congregación para la Doctrina de la Fe. 

Durante casi toda la audiencia, Muñoz mantuvo su mirada hacia el piso. Sólo levantó su cara para tomar agua o para responder las escuetas preguntas que le hizo el juez Luis Barría. A su lado estaba el abogado Gabriel Henríquez, conocido penalista de Rancagua, quien asumió la defensa de forma particular para el sacerdote, no como un abogado del arzobispado.

Las últimas 24 horas de Muñoz fueron oscuras. Tuvo que pasar la noche detenido en el OS-9 de Carabineros, luego de que el fiscal Emiliano Arias ordenara su captura. Por eso el sacerdote llegó custodiado por gendarmes y Carabineros hasta el juzgado para enfrentar, por primera vez, a la justicia civil.

El relato presentado por la fiscalía incluye a cinco víctimas —dos de ellas son parte de la autodenuncia que hizo Muñoz en enero—, todos hombres menores de edad cuando ocurrieron los hechos. A tres de ellos, según explicaron los persecutores, el sacerdote los conoce muy bien ya que forman parte de su propia familia: se trata de los hijos de primas del presbítero. Las dos víctimas restantes corresponden a acólitos que ayudaron en labores religiosas al sacerdote.

Según la fiscalía, el modus operandi del excanciller es similar a todos los casos de abuso sexual de clérigos que ya se han dado a conocer. Por eso no son extrañas las notorias semejanzas entre los supuestos ilícitos cometidos por Muñoz con el sistema de abuso que construyó el expárroco de El Bosque Fernando Karadima.

El Ministerio Público explicó que el excanciller abusó de la cercanía que generó tanto con las víctimas como con sus padres. Estas “dos áreas de abuso de confianza” fueron la pieza fundamental para que el sacerdote tuviera acceso a la intimidad de las víctimas. De hecho, según los fiscales, los abusos sexuales se realizaron en la iglesia, en las casas parroquiales en las que estuvo el sacerdote luego de su paso por las parroquias Inmaculada Concepción de Maipú y Jesús de Nazaret en Estación Central.

Esta cercanía y confianza lo hicieron “manipular y abusar de la conciencia” de las víctimas, ya que Muñoz se desempeñó además como guía espiritual y confesor de los denunciantes, quienes estaban en una etapa de formación que necesitaba de figuras que los acompañaran y guiaran.

Los cinco hechos

Para todos los hechos formalizados, la fiscalía cuenta con declaraciones de las supuestas víctimas y de sus padres. El nivel de avance de las indagatorias es tal que incluso Arias ya cuenta con un informe elaborado por el Servicio Médico Legal respecto del denunciante por estupro. Durante todo este tiempo, el organismo se ha asesorado por la Fundación para la Confianza, fundada José Andrés Murillo una de las víctimas de Karadima, institución que este viernes 13 de julio sufrió el robo de seis computados que contenían información sobre abusos.

Todos los delitos presentados se habrían cometido entre el 2003 y febrero de 2017. El relato presentado ante el juez de Garantía incluye tocaciones en distintas partes del cuerpo, besos en la boca, masturbaciones, sexo oral e incluso penetración. Respecto de todo esto las víctimas siempre opusieron resistencia, pero dada la presión del imputado terminaban cediendo debido a la “fuerza física, corpulencia y edad” del sacerdote y también gracias a sus amenazas para asegurar el secreto.

Para el Ministerio Público, estos cinco hechos tienen “responsabilidad penal vigente”, es decir no están prescritos. Sin embargo, el abogado defensor Gabriel Henríquez tiene una postura distinta, ya que asegura que los dos primeros hechos estarían prescritos y para eso “se solicitará más adelante que el tribunal lo pueda acreditar así”. La tesis de la fiscalía es distinta ya que, tal como lo establece el código penal, esta prescripción —que va entre cinco a diez años— está suspendida, pues no corre para el imputado que continúa realizando delitos. Además, Arias adelantó que habría más víctimas que se podrían incorporar más adelante en la causa.

Luego de narrar todos los hechos, la fiscalía pidió la medida cautelar de prisión preventiva para Muñoz. La solicitud fue aceptada por el juez, por considerar que se cumplen las condiciones para asegurar que el imputado “representa un peligro para la sociedad” y fijó el plazo de investigación en 180 días. De ahora en adelante, el excanciller estará retenido en el módulo 86 del Centro Penitenciario de Rancagua.

“Voy a investigar a todos”

La investigación que lleva Arias es por lejos la más avanzada de todas las que tienen abiertas otras fiscalías regionales. En cosa de meses, el fiscal de O’Higgins registra dos incautaciones al Tribunal Eclesiástico en Santiago, una al obispado de Rancagua, otra a la Oficina Pastoral de Denuncias, una formalización y un sacerdote en prisión preventiva.

Su convicción es “investigar a todos, independiente del cargo”. Por eso, dice el persecutor, gracias a los cientos de archivos incautados dará curso a la hipótesis del encubrimiento. Es decir, indagará a todo aquel que “con conocimiento de la comisión de un delito, en definitiva, con posterioridad, facilita que este no sea descubierto”. Y aunque no lo ha dicho, sus palabras apuntan al rol que han tenido actuales obispos, así como el exobispo de Rancagua Alejandro Goic y los cardenales Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati.

Mientras tanto, la Fiscalía Regional de O’Higgins se dedicará a analizar cada uno de los documentos incautados para sistematizar la información que tiene. Con eso, evaluará cuáles podrán servir como pruebas para el caso contra Muñoz, pero también permitirán darle forma a la hipótesis de los sacerdotes que habrían encubierto abusos. Algo que Arias sabe que será aun más difícil de probar.