Salesianos se adelantan y llevarán ante el Ministerio Público nuevas denuncias de abusos

La congregación realizó una revisión de su protocolo y optó por este cambio. El giro se da en medio de gestiones de la Iglesia para evaluar modificaciones en este mismo sentido.

Denunciar abusos sexuales ante instancias civiles —Carabineros, PDI o Ministerio Público— es el nuevo flanco que acecha a la Iglesia y que se ha tomado el debate al interior de la institución. Sin embargo, por el momento la postura de los obispos es clara y así lo reflejan sus propios protocolos de prevención de abusos sexuales. Tanto el primero, que elaboró el Consejo de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal (Cech) en 2011, como el segundo documento que se renovó en 2015 no incluyen una obligación de este tipo.

Pese a esta histórica negativa, fue el cardenal Ricardo Ezzati quien decidió abrir el debate respecto del deber de la Iglesia de presentar las denuncias que recibe ante instancias civiles. Este lunes 16 de julio aseguró que “el protocolo debe modificarse y ojalá que a la Iglesia se nos libere de esto (…) Estoy totalmente de acuerdo con que debiera ser inmediatamente la justicia civil la que tome estos casos y los juzgue de acuerdo con la ley del país”.

La que ya tiene resuelto este asunto es la congregación religiosa de los Salesianos. Consultada por PAUTA.cl, la institución aseguró que “este año 2018, con la revisión del protocolo, ya hemos acordado que la Congregación también presentará ante la fiscalía las denuncias que efectúen personas que ahora son mayores de edad, y que refieran a hechos ocurridos en años pasados, cuando ellos eran menores de edad, no importando cuántos años hayan pasado desde los hechos de la denuncia”.

El protocolo de prevención de los Salesianos data de 2011 y, según la congregación, “en las obras salesianas tenemos la obligación de denunciar ante la fiscalía dentro de las 24 horas por ilícitos que afecten a menores de edad en todos los establecimientos mencionados”.

La norma invoca los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal, en que se detalla una serie de sujetos —que incluye funcionarios de establecimientos de salud o educacionales— que “deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal”. Ni ese artículo ni otros incluyen a los sacerdotes entre los sujetos obligados a informar estos ilícitos.

La congregación explica que el sentido de esta modificación apunta a garantizar “ambientes sanos y seguros para los niños, adolescentes y jóvenes de nuestras obras educativo-pastorales”. Los religiosos detallan que seguirán alentando a que “las víctimas ejerzan el derecho de actuar según su conciencia en cuanto a la denuncia a las autoridades estatales, sea que se trate de denuncias sobre hechos ya prescritos como recientes”.

Los Salesianos no son ajenos a la crisis de la Iglesia. En sus filas cuentan con al menos dos sacerdotes condenados por la justicia civil por abusos contra menores de edad. Además, fueron golpeados por el caso del sacerdote salesiano Rimsky Rojas, quien se suicidó en 2011 y que arrastraba denuncias por abuso desde 2010. A Rojas se le indica como sospechoso de la desaparición del joven de 17 años Ricardo Harex hace 17 años en Punta Arenas. Esos antecedentes fueron entregados a Charles Scicluna durante su paso por Chile en febrero de este año. Scicluna fue enviado al país por el Papa para recibir testimonios de casos de abuso ocurridos en Chile.

La presión que puso Ezzati sobre la Iglesia

La revisión al protocolo de los Salesianos marca un precedente tanto para el resto de las congregaciones como para la Iglesia, ya que la mayoría de las instituciones religiosas no incluyen el deber de denunciar. Así ocurre, por ejemplo, en la Compañía de Jesús o el Movimiento de Schoenstatt, en donde se limitan a incorporar lo estipulado por el Código Procesal Penal.

Incluso la coordinadora del Consejo de Prevención de Abusos de la Cech, Pilar Ramírez, ha defendido en diversas intervenciones públicas la posición de la Iglesia de no presentar las denuncias ante la fiscalía. Argumenta que eso es algo que le corresponde exclusivamente a las víctimas y la Iglesia no puede pasar por sobre esa voluntad. Esa posición también ha sido respaldada públicamente por la también integrante de este consejo y abogada canonista Ana María Celis.

Por eso fueron sorpresivas las declaraciones de Ezzati, las que que más tarde fueron respaldadas por el nuevo vicario general del Arzobispado de Santiago, Cristián Roncagliolo, quien complementó los dichos del cardenal. “Tenemos que cuidar que la persona que acuda a nosotros pueda resguardar siempre su identidad, pero al mismo tiempo hay un bien público que hay que cuidar. Nosotros tenemos que poner en conocimiento del Ministerio Público”, agregó el obispo.

La presión puesta por Ezzati llega en momentos complejos para la Iglesia. Estas últimas semanas fue fuertemente arrinconada por el Ministerio Público, en especial por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias. El persecutor criticó duramente al sistema canónico de investigación y persecusión de delitos sexuales calificándolo de “ineficiente”. En entrevista con Pauta Final, de PAUTA100.5 dijo que denunciar ante instancias civilies tendría que ser “un deber moral” de los obispos y sacerdotes.

Sobre esto la Iglesia además acumula un flanco parlamentario. En mayo de este año un grupo de diputados DC, liderados por Raúl Soto, ingresaron un proyecto de ley para obligar a los sacerdotes a denunciar a la fiscalía los casos de abusos contra menores. El texto consiste en agregar un nuevo literal al artículo 175 del Código Procesal Penal para que abarque los espacios eclesiásticos. La iniciativa se encuentra actualmente sin urgencias, en su primer trámite legislativo y en tabla a la espera de ser abordado por la Comisión de Constitución de la Cámara. No conforme con esto, Soto volvió a ingresar otro proyecto de ley este jueves 19 de julio,  que pretende calificar la omisión de denuncia como encubrimiento y, por tanto, penarlo con cárcel.

Los cambios al protocolo de prevención de abusos de la Iglesia recién será tratado en detalle en la asamblea plenaria que convocó la Cech para finales de julio. Este cónclave, citado de manera extraordinaria, tiene como objetivo tratar la crisis por la cual está pasando la Iglesia chilena. Ahí, por primera vez desde que se comenzaron a destapar los casos de abuso dentro de la Iglesia, los obispos analizarán la posibilidad de imponerse formalmente la obligación de denunciar todos los nuevos casos de abuso ante la fiscalía o las policías.

De hacerlo, se les abrirá un segundo frente: entregar o no voluntariamente todos los antecedentes al Ministerio Público, pese al secreto pontificio que protege a los archivos. Lo que está en juego no es menor y se relaciona directamente con el compromiso asumido por el enviado especial del Papa Francisco, Charles Scicluna, en su segunda visita a Chile cuando aseguró que “hay que colaborar con la justicia civil“.

Este miércoles 18 de julio, el fiscal regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, insistió en este punto luego de que anunciara que solicitará vía exhorto internacional una copia íntegra del informe Scicluna, el documento que incluye el testimonio de 64 personas víctimas de abuso y que tiene una extensión de 2.300 páginas. “Debemos recordar lo que nos señalaron los propios representantes del Vaticano cuando vinieron hace un mes a Chile, quienes señalaron que la Iglesia esta llana a entregar todos los antecedentes a la justicia civil para que se investiguen estos hechos y sean sancionados por la justicia civil”, dijo Guzmán.

Ahora, dicen desde el Ministerio Público, llegó el momento de cobrar la palabra y que el Vaticano entregue los documentos sin poner obstáculos ni resistencias.