Los límites del acuerdo de seguridad anunciado por Piñera

Las 150 medidas abordan asuntos esenciales como el control de armas y auditorías a Carabineros, pero dejaron fuera temas como la reinserción

El jueves 19 de julio, el Presidente Sebastián Piñera presentó las 150 medidas para enfrentar la delincuencia que surgieron de la mesa de trabajo en seguridad convocada a inicios de su mandato.

La mesa trabajó en cuatro temas acotados por el gobierno: modernización policial, el sistema de inteligencia, control de armas y coordinación de todas las instituciones que trabajan en seguridad y justicia. En conversación con PAUTA100.5, el senador Andrés Allamand (RN) destacó que esta fue una comisión transversal, donde participaron representantes de distintos sectores políticos además de expertos en seguridad.

Una de las medidas que tuvo apoyo transversal tiene que ver con la especialización de las policías: según el exministro del Interior Jorge Burgos, alrededor de la mitad de las órdenes de investigar que envía la Fiscalía acaba en Carabineros, por lo que ocurre una superposición de funciones con la Policía de Investigaciones (PDI). “A comienzos de la década del 90, el número de carabineros […] eran aproximamente 20 mil funcionarios. Hoy día, la planta de carabineros es de 60 mil funcionarios […] Eso ha llevado a que tengamos una policía muy, muy grande, que tiene muchas funciones”, explicó Burgos a PAUTA100.5.

El objetivo, entonces, es que Carabineros se centre en prevención del delito y patrullaje de las calles, y que la PDI lo haga en la investigación misma. Eso no significa necesariamente que Carabineros dejará de investigar o que la PDI dejará de cumplir labores preventivas, sino que se establecerán criterios claros para evitar decisiones arbitrarias.

Otro punto importante a nivel institucional tiene que ver con la fiscalización civil a las policías. El fraude de Carabineros (que supera los $28 mil millones) dejó en evidencia que no existen mecanismos de control para los gastos reservados de la institución. Es por ello que Allamand y Burgos destacan la importancia de que se haya llegado al acuerdo de que el Ministerio del Interior pueda revisar la gestión y la administración de recursos de Carabineros, además de establecer auditorías externas y definir procesos claros para hacer cambios en las altos mandos de la institución.

El tema del control de armas es también fundamental: de acuerdo con el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, una de cada tres armas incautadas no está registrada. El mismo Ministerio del Interior reconoció que hay 234 mil armas inscritas cuyo paradero es desconocido. Estas armas, según Burgos, desaparecen porque son robadas (Allamand dice que esto no suele denunciarse) o porque simplemente se pierden. El peligro es que terminen en manos de delincuentes. Por lo tanto, lo primero es hacer un nuevo registro y un proceso general de regularización, destaca Allamand, que significará reinscribir las armas y generar incentivos para su devolución sin penalizaciones. “Lo que se trata es de dificultar la posesión de armas en manos de particulares. Yo creo que las armas en manos de particulares no traen buenas noticias”, sostiene Burgos.

La propuesta que generó mucho ruido por un desafortunado alcance de siglas fue la creación de un consejo de inteligencia donde se centralice la información del Estado. El consejo será presidido directamente por el Presidente de la República, pero contará también con el apoyo del Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Inteligencia y los organismos del Sistema de Inteligencia del Estado (Servicio de Aduanas, Gendarmería, Servicio de Impuestos Internos, entre otros). Según Johnson, el objetivo es que se tenga acceso a varias fuentes de información que faciliten la investigación de delitos como ciberataques, trata de personas, narcotráfico y terrorismo, y permita adelantarse a ellos.

No obstante, tal como explica el director ejecutivo de Paz Ciudadana, los temas ausentes de esta mesa de seguridad fueron la prevención psicosocial temprana y la reinserción social que, según él, “son las que atacan las causas del delito”.

No obstante, estas temáticas están siendo abordadas por Paz Ciudadana y otras instituciones, junto a los Ministerios de Justicia y Desarrollo Social, así como la Subsecretaría de la Niñez. “Si no atacamos esas causas, estas medidas, por muy buena intención que tengan, no van a ser suficientes”.