Los obispos ceden y entregarán antecedentes de abusos a la Fiscalía

El cambio marca un hito en lo que ha sido la postura oficial de la Iglesia chilena en la forma en como enfrenta la crisis desatada por los casos de abusos sexuales.

Era un cambio que los obispos no habían querido aceptar. La posición de las máximas autoridades siempre fue la misma: la Iglesia no está obligada a entregar las denuncias que recibe por abuso sexual. La postura siempre fue flanco de críticas, sobre todo por parte de las víctimas, quienes acusaban que la negativa de la institución implicaba, en la práctica, encubrir indirectamente los delitos cometidos por los sacerdotes al no informarlos a las policías o al Ministerio Público.

Pese a eso, la Conferencia Episcopal (Cech) siempre se mantuvo firme. De hecho, en su protocolo sobre prevención de abusos sexuales nunca se incluyó la opción de entregar los antecedentes a la Fiscalía. En uno de los primeros documentos, confeccionado en 2011, que entregaba las principales guías sobre cómo debían actuar los obispos cuando recibían alguna denuncia, se enfatizaba en el caracter de secreto que debía tener esta información.

El argumento que entregaba la Cech, y que siempre fue respaldado públicamente por el Consejo de Prevención de Abusos y por importantes integrantes de ese espacio, como la abogada canonista Ana María Celis, apuntaba a la inexistencia de alguna norma legal que obligue a los sacerdotes a tener que denunciar ante instancias civiles. Junto con eso, se resguardaban asegurando que era deber de la Iglesia mantener la confidencialidad de las víctimas que acudían a hacer sus denuncias ante instancias eclesiales y que la responsabilidad de hacerlo ante la Fiscalía era siempre de la víctima.

Esto fue así hasta este viernes 3 de agosto cuando los obispos, al finalizar la asamblea extraordinaria que los reunió por cinco días en Punta de Tralca, informaron las medidas y compromisos que asumió la Cech como forma de enfrentar la crisis por la que está pasando la Iglesia.

El principal anuncio fue justamente el giro que dieron los obispos quienes cedieron ante las presiones y decidieron empezar a colaborar, esta vez de forma efectiva, con la Fiscalía. “Se incluirá un Anexo a las Líneas Guía ‘Cuidado y Esperanza’, norma que rige a todas las diócesis del país, relativo a la plena voluntad de colaborar con el Ministerio Público en la entrega de los antecedentes sobre abuso sexual a menores de edad, resguardando los nombres de denunciantes y víctimas que expresamente soliciten reserva de su identidad. El texto de dicho anexo se dará a conocer apenas se formalice el acuerdo de colaboración con la Fiscalía Nacional que trabaja un equipo jurídico en representación de la Conferencia Episcopal de Chile”, se lee en el documento difundido por la Cech.

Lo que va a quedar pendiente será el detalle sobre lo que signifique “la plena voluntad de colaborar con el Ministerio Público”. Esto recién se sabrá en el anexo que se incorpore al protocolo que establecerá si se trata de una obligación o sólo una voluntad.

Las otras medidas

“Queremos reconocer humildemente que hemos fallado a nuestro deber de pastores al no escuchar, creer, atender o acompañar a las víctimas de graves pecados e injusticias cometidas por sacerdotes y religiosos. A veces no reaccionamos a tiempo ante los dolorosos abusos sexuales, de poder y de autoridad y por ello, pedimos perdón en primer lugar a las víctimas y sobrevivientes”. Con esas palabras el presidente de la Conferencia Episcopal, Santiago Silva, comenzó a leer el detalle de las otras decisiones que se tomaron en Punta de Tralca.

Junto con los cambios que tendrá la relación de la Iglesia con la fiscalía, los sacerdotes nombraron como presidenta de la Comisión de Prevención de Abusos, a la abogada Ana María Celis, quien reemplazará en el cargo al obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González.

La Iglesia anunció también la creación de “un Departamento de Prevención de Abusos para ejecutar las orientaciones del Consejo Nacional”, cuya directora será la sicóloga Pilar Ramírez.

Otro de los cambios apuntan a la información que la Iglesia comenzará a transparentar. Por ejemplo, de ahora en adelante se “dará a conocer públicamente toda investigación previa sobre presunto abuso sexual de menores de edad realizada en nuestras jurisdicciones”. En esta misma línea, se publicarán en el sitio web del Consejo “los nombres de clérigos con sentencias definitivas civiles y canónicas por abuso de menores de edad”.

Revise aquí el resto de los compromisos adquiridos por los obispos: