La arriesgada soledad del contralor Jorge Bermúdez

La salida de la exsubcontralora Dorothy Pérez producirá un complejo escenario político y jurídico para el titular de Contraloría. Su enemistad con distintos poderes del Estado podría jugarle en contra. Más aún cuando Pérez lleve su caso a los tribunales.

“Ella ya no es funcionaria de la Contraloría […] Como cualquier ciudadano puede recurrir a los tribunales”. Esas fueron las palabras que utilizó el contralor Jorge Bermúdez para referirse a la exsubcontralora Dorothy Pérez.

Sus comentarios llegaron horas después de que enviara un email a todos los funcionarios del organismo declarando vacante el cargo de subcontralor. Todo a raíz de que el lunes 20 de agosto le pidiera la renuncia a Pérez apostando a que su exmano derecha cediera y abandonara su cargo. Sin embargo, la ahora exautoridad opuso resistencia, hasta que cumplido el plazo de 48 horas no le quedó otra opción más que abandonar el organismo. Destituida. Pues su salida, en la práctica gatillada por su trabajo anterior en auditoría interna de Carabineros de Chile (institución sumida en una crisis tras la revelación de un multimillonario fraude interno), no fue por renuncia voluntaria.

La polémica decisión de Bermúdez encendió de inmediato las alarmas en la institución, pero también en otros espacios como el Congreso. Senadores y diputados manifestaron su preocupación por el hecho de que el contralor otra vez se viera envuelto en una polémica pública. El comentario, tanto entre parlamentarios oficialistas como opositores, fue que “la osadía” del contralor esta vez puede ser “peligrosa” y que nuevamente le pasó la cuenta “su mal manejo de las relaciones humanas”.

Un influyente abogado vinculado con el ente fiscalizador aseguró que Bermúdez está “jugando duro” y que las consecuencias que se pueden abrir una vez que se judicialice el asunto pueden dejarlo en una posición muy incómoda. Casi letal.

El tablero sensible es, por lo tanto, doble. Por un lado, Bermúdez arriesga su capital “normativo” al hacer una interpretación al límite de sus facultades para remover a la subcontralora. Por el otro lado, el abogado abrió con esto mismo un flanco “político” que lo encuentra debilitado frente a facciones relevantes de otros poderes del Estado.

Peleado con los poderes del Estado

Tanto entre abogados como parlamentarios el juicio es el mismo: Bermúdez pareciera estar peleado con todos los poderes del Estado. O al menos con componentes influyentes de cada uno.

Uno de los conflictos más importantes con el que tiene que lidiar es con el Poder Judicial. El hecho que desató los roces entre ambos fue la contienda de competencias que enfrentó a Bermúdez con la Corte Suprema en el Congreso.

La disputa surgió respecto del régimen previsional de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Los funcionarios planteaban que debían pertenecer al sistema antiguo de cajas, mientras que la Contraloría opinaba que debían quedar adscritos al sistema privado de AFP. En medio de esta discusión, los trabajadores de la DGAC apuntaron a que el disenso lo resolviera el Poder Judicial, cuya máxima corte les dio la razón. Ante ello, Bermúdez apretó el botón constitucional y elevó al Senado la resolución de una contienda de competencias sobre qué organismo era el que debía decidir el destino de estos casos. Fue el mismo Bermúdez quien asumió la litigación del asunto, enfrentándose al ministro Sergio Muñoz, quien representó a la Corte Suprema.

Aunque el ministro Sergio Muñoz ha coincidido en ciertos criterios con la Contraloría en el pasado, sobre todo desde su posición más activa en la tercera sala de la Suprema, la contienda de competencias dejó algunas cicatrices. Durante todo el proceso, el pleno del máximo tribunal vio con malos ojos el tono utilizado por Bermúdez. Luego de varios meses, el Senado falló a favor de la Contraloría (CGR). Si bien se reconoce el carácter eminentemente jurídico del debate, en la Corte Suprema han destacado que se trató de un episodio que ellos no buscaron.

A fines de julio, además, la Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo de primera instancia relacionado con una interpretación de la Contraloría sobre patentes de máquinas de juego, atacó el fondo de las críticas que se le han hecho al organismo. “¿Puede el señor Contralor, en uso de sus facultades, erigirse en creador de procedimientos no establecidos en la ley”, comenzaba la pregunta retórica de la sentencia. Continuaba: “La respuesta es categórica: no puede, se excede de sus facultades, según se ha visto”. Los magistrados firmantes no se quedaron ahí: en otra serie de argumentaciones, plantearon que la CGR se “excedió” en sus facultades de interpretación y, como remache cáustico, expresaron: “No es la CGR un Poder del Estado y ciertamente no tiene facultades legislativas ni tampoco potestad para reglamentar una determinada materia, aun entendiendo que podría existir un ‘vacío legal o reglamentario'”. La Contraloría apeló y ahora, como en otro centenar de casos, tiene allí un trámite pendiente.

Sin embargo, el Poder Judicial no es el único que se enemistó con Bermúdez. Tanto el Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet como la actual administración del Presidente Sebastián Piñera están molestos con su forma de actuar.

Los principales reproches apuntan a la lentitud de Contraloría para tomar razón de las bases de licitación de diversos proyectos. Y desde ambos gobiernos se sostiene que la poca diligencia en estos asuntos afecta gravemente los proyectos de inversión.

Entendidos en la materia confirmaron a este medio que en la administración Bachelet, Obras Públicas le recriminó a Bermúdez su responsabilidad en el hecho de no poder avanzar en la construcción de hospitales. Actualmente, con Juan Andrés Fontaine a la cabeza del ministerio, se mantienen los roces. Un parlamentario que está al tanto de estas asperezas explicó a PAUTA.cl que Bermúdez se demoró siete meses en analizar las bases de licitación de un puente destinado para la zona sur del país. Como resultado, el contralor no quiso dar el visto bueno porque tenía diferencias con la ubicación de la obra, argumento que molestó de sobremanera a Fontaine porque a su juicio el contralor se estaba excediendo en sus atribuciones.

Adicionalmente, Bermúdez antes había levantado una disputa con empresas públicas: con Codelco (por contratos entre familiares), Metro y Enap. Parte de la controversia se basó en la insistencia del contralor en que las empresas públicas actuaran como servicios y, por ejemplo, usaran en forma obligatoria los mecanismos de compras públicas en sus adquisiciones.

Como si lo anterior no fuese poco, al contralor le tienen cuentas pendientes en el oficialismo. En amplios sectores de Chile Vamos, así como en el seno del Gobierno, no olvidan el dictamen que echó abajo el decreto del Ministerio de Salud sobre la conciencia institucional permitida a los recintos hospitalarios para denegar una solicitud de aborto en ciertas causales.

Apoyo interno

Al margen de estos roces, Bermúdez sí cuenta con una aceptación entre los funcionarios del organismo.

La vicepresidenta de la Asociación de Funcionarios de la entidad, Andrea Palacios, comentó a PAUTA.cl que “tanto el contralor como la subcontralora cuentan con todo el respeto de los trabajadores”. Comentó que el jueves 22 de agosto, cuando se juntaron con Bermúdez para hablar sobre esta situación, él les comentó que la razón que motivó la solicitud de renuncia fue el hecho de que la fiscalía citara a declarar a Dorothy Pérez en calidad de testigo en la investigación por el millonario fraude en Carabineros. “Al contralor se le quiebra el núcleo con el que estaba trabajando y eso indudablemente genera consecuencias para toda la institución”, afirmó.

El vínculo de Pérez con la causa se debe a que ella era la subjefa de la unidad que debía fiscalizar a los uniformados en la época en que se cometieron los ilícitos. Otro funcionario reconoció que ese hecho dinamitó la confianza que mantenía con la exautoridad y que para sus ojos era muy complejo que se mantuviera en la institución “con ese manto de dudas, por muy mínimo que fuera”.

Complejo conflicto jurídico

La salida de Pérez de su cargo abrió la puerta a un conflicto de interpretación jurídica que no será fácil de resolver.

Consultado sobre los motivos para pedirle la renuncia, Bermúdez aseguró: “Las razones por las cuales yo le pedí a ella que presentara su renuncia tienen que ver no por una cuestión en particular, sino por una seguidilla de circunstancias del día a día del trabajo […] Son circunstancias que en algunos casos también son personales”.

La disputa legal radica entre la interpretación de Bermúdez de que el cargo de subcontralor es de su exclusiva confianza y la de Pérez, que dice que su cargo es inamovible. Bermúdez determinó la vacancia a partir de la aplicación del artículo 148 del Estatuto Administrativo, en cuyo segundo inciso establece que “si la renuncia no se presenta dentro de las cuarenta y ocho horas de requerida, se declarará vacante el cargo”. Pérez, en cambio, se aferra al artículo 4 de la ley orgánica de la CGR, que en la práctica hace que su designación sea inamovible, a no ser que el Presidente de la República determine su remoción tras un proceso judicial ad hoc.

El argumento del contralor apunta a que la legislación invocada por Pérez no guarda coherencia con los aspectos generales sobre la exclusiva confianza que sí aparece en el Estatuto Administrativo y también en otras fuentes legales. La más importante es el Decreto Ley 3.551, en cuyo artículo tercero, segundo inciso, dice jefes de servicio, como el contralor, “gozarán de la más amplia libertad para el nombramiento, promoción y remoción del personal de la respectiva institución, con entera independencia de toda otra autoridad. Para estos efectos, todo el personal que de ellos depende es de su exclusiva confianza”.

Ante estas normas, el artículo 4 de la ley orgánica de la CGR estaría “derogado tácitamente”. Hay jurisprudencia en Contraloría sobre otras normas tácitamente derogadas, aunque en temas de transparencia y publicidad por la dictación del artículo 8 de la Constitución.

Lo complejo de la decisión de Bermúdez, según las fuentes consultadas, es que es él quien interpretó una norma que lo involucra directamente. De hecho, si un caso similar hubiese ocurrido en otra institución, el afectado hubiese tenido que recurrir a la Contraloría para buscar una interpretación. Como en este caso el contralor no puede solicitar un dictamen, lo natural es que esto desembarque en tribunales.

Este conflicto legal, tarde o temprano, afectará la figura de Bermúdez. “No es deseable que el contralor se vea cuestionado y es una probabilidad que la ahora exsubcontralora judicialice esto. Obbviamente, la supuesta ilegalidad del acto podría ser uno de sus argumentos”, afirma Andrea Palacios.

El fichaje de Ciro Colombara

PAUTA.cl se comunicó con la exsubcontralora Dorothy Pérez para obtener sus descargos al respecto. “Por respeto a la institución no me referiré al tema”, respondió.

La exautoridad ya hizo su primera jugada. Fichó al abogado Ciro Colombara para que asuma su defensa en este caso. La elección no es trivial. El abogado es un reconocido penalista que ha litigado en importantes causas. Defendió al síndico de quiebras Herman Chadwick en el caso Caval y a la senadora UDI Jacqueline Van Rysselbergue cuando tuvo que enfrentar una acusación constitucional cuando era intendenta, entre otros casos. Colombara es además cercano al exministro Nicolás Eyzaguirre, quien a su vez tuvo a Dorothy Pérez como jefa de la división jurídica del Ministerio de Educación.

Uno de los últimos casos que asumió Colombara podría ser clave. Se trata del recurso de protección que presentó contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en representación de Branislav Marelic, luego que el resto de los consejeros votara su destitución como presidente de la entidad.

Marelic acusó que la acción fue ilegal y arbitraria y, en una resolución de primera instancia, los jueces fallaron de forma unánime a su favor. Con esto, Colombara se anotó un triunfo momentáneo, ya que la causa escaló a la Corte Suprema y el abogado se está enfrentando al excontralor Ramiro Mendoza, quien tomó la defensa del INDH.

Este medio contactó sin éxito a Colombara para saber las opciones que se barajan para llevar el caso de la exsubcontralora a la justicia. Un abogado cercano a Contraloría explica que Pérez tiene dos caminos: uno de ellos consiste en presentar un recurso de protección y el otro irse por la vía laboral.

Lo más probable es que lleven el asunto a la Corte de Apelaciones. Uno de los argumentos del recurso podría ser la supuesta infracción al derecho de propiedad sobre sus remuneraciones. Pero hay otra opción: apelar a una vulneración a la igualdad ante la ley basada en que las personas no pueden sufrir actos arbitrarios, al estimarse que no habría razones suficientes para disponer de su cargo en la institución.

Por el impacto mediático que tienen este tipo de recursos, los tribunales en general suelen darle prioridad y otorgarle una rápida tramitación. El riesgo letal que asumiría Bermúdez es que en caso de que esto se judicialice y la justicia falle en su contra, sería insostenible mantenerse en su cargo. Así, esto podría poner fin, de la peor forma, a la era Bermúdez en Contraloría.