Contraloría cierra el debate sobre intervencionismo electoral: Bachelet y Narváez no infringieron la ley
El organismo rechazó las acusaciones de diputados UDI y RN que denunciaron faltas a la probidad y la prescindencia política.
La polémica se dio en medio de la campaña presidencial del año pasado. Chile Vamos, la entonces coalición opositora al gobierno de Michelle Bachelet, se mantuvo atenta a todos los movimientos y acciones del Ejecutivo con el objetivo de alertar cualquier indicio de eventual intervencionismo electoral de los ministros de Estado o de la entonces mandataria en la carrera presidencial que, en el balotaje, enfrentó al candidato de la alianza Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier, y la carta de Chile Vamos, Sebastián Piñera.
Los diputados RN Marcela Sabat, Cristián Monckeberg y los UDI Jaime Bellolio y Felipe Ward acudieron a Contraloría para presentar un requerimiento contra la entonces vocera de gobierno, Paula Narváez, y Michelle Bachelet.
Los hechos que motivaron a los parlamentarios fueron dos. Por un lado, una serie de declaraciones que dio Narváez “cuestionando y refutando las ideas expresadas por quien era candidato presidencial Sebastián Piñera Echenique, las cuales habrían tenido lugar en el contexto de sus funciones como ministra, en dependencias del Palacio de La Moneda y dentro de su jornada laboral”.
En segundo lugar, a Bachelet se le reprochó “un aumento exponencial de la proporción de sus actividades de ‘alto impacto electoral’ en los meses correspondientes a la campaña electoral presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales del año 2017, lo que habría estado orientado a obtener réditos políticos y electorales con cargo al erario fiscal y al uso de la jornada de trabajo de cientos de funcionarios públicos”.
A la entonces Presidenta además se le acusó de un supuesto trato desigual en el marco de una actividad oficial organizada por el gobierno “al efectuar diferencias al momento de extender a los candidatos presidenciales las correspondientes invitaciones a la actividad realizada el 25 de noviembre de 2017 en la comuna de El Bosque, toda vez que al señor Piñera Echenique le fue cursada aquella la tarde anterior al evento, en circunstancias que al señor Guillier Álvarez se le comunicó su realización con al menos tres días de antelación”.
Ante el requerimiento, el Gobierno realizó sus descargos. Narváez se defendió diciendo que sus palabras se enmarcaron dentro de sus funciones como vocera; Presidencia aseguró que las actividades de “‘alto impacto electoral’ corresponden, en realidad, a inauguraciones de obras públicas, anuncios de proyectos o entregas de beneficios sociales, todas actividades ligadas a las competencias propias del Presidente de la República”; y el Ejecutivo desmintió el supuesto trato desigual en la actividad de El Bosque: las invitaciones se despacharon a los dos candidatos el mismo día con una diferencia de tres minutos.
La Contraloría publicó su resolución a este caso en el dictamen 021895N18 despachado con fecha 3 de septiembre. En él, el organismo rechazó todas las acusaciones realizadas por los diputados de Chile Vamos y le dio la razón a la administración bacheletista. A juicio de Contraloría, las exutoridades no vulneraron ni la Constitución, ni la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado asi como tampoco la jurisprudencia y recomendaciones de Contraloría.
Así, la entidad zanjó el debate que quedó abierto el año pasado sobre el supuesto intervencionismo electoral que tuvo La Moneda en el balotaje. Y en eso el dictamen es claro en su conclusión: “No se advierten infracciones a los principios de probidad y prescindencia política en las actuaciones de las autoridades que se indican”.