El largo debate jurídico y político que hundió la acusación constitucional contra los supremos

El intento por destituir a los magistrados no logró alinear al bloque y, tras más de nueve horas de debate en la Cámara, fue rechazado con votos de la DC y el PR.

La acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema -Carlos Künsemüller, Manuel Valderrama y Hugo Dolmestch-, que integran la sala penal, fue una verdadera batalla jurídica y política.

Luego de más de nueve horas de debate -en una sesión que partió a las 14:30 horas y terminó pasado la medianoche- la oposición, a diferencia de lo que había logrado antes en otras votaciones clave o por ejemplo con los intentos de coordinación para tener una misma voz en materias como la reforma tributaria del Gobierno, esta vez no fue capaz de alinear sus votos y actuar en bloque.

Así fue como la Cámara rechazó el fondo del libelo acusatorio por 73 votos en contra y 64 votos a favor. El tropiezo de la oposición se debió a los votos de nueve diputados DC y dos PR que se descolgaron del resto y votaron junto con Chile Vamos para que la acusación no prosperara y no pasara al Senado. Este resultado se veía venir, luego de que los partidos de la ex Nueva Mayoría apenas consiguieron un empate de 69 votos para rechazar la cuestion previa.

La jugada que asumió parte importante de la oposición tuvo, desde el primer día, la compleja misión de enfrentar una ola transversal de críticas en contra del libelo acusatorio.

Los reproches no sólo provenían de Chile Vamos y del Gobierno, sino que también de algunos partidos de la ex Nueva Mayoría. Por ejemplo, la misma DC desde un inicio dijo que no se cumplían las razones constitucionales de fondo como para querer destituir a tres supremos por supuesto abandono de deberes.

A los detractores políticos se sumó el mundo del derecho. Cientos de abogados constitucionalistas, penalistas y de derechos humanos, en varias columnas y cartas al director, dedicaron duras palabras para rechazar el intento de los parlamentarios opositores por darle curso a esta acción.

Luego vino la fuerte arremetida de la misma Corte Suprema, que aportaron los dardos más letales contra el libelo acusatorio. Y la estrategia fue asumida por el pleno del máximo tribunal, así como también por su presidente, Haroldo Brito, y otros supremos como Sergio Muñoz, quien incluso asistió como testigo a la comisión ad hoc de la acusación para defender a sus colegas.

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En toda esta maratónica carrera por buscar el éxito de la acusación, la oposición contó con el constante apoyo de las asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos. Sin embargo, a pesar de todas las gestiones que realizaron, asesorados por el exministro Segpres Gabriel de la Fuente, la oposición se anotó una de sus derrotas más grandes en lo que va del año.

Los argumentos que le dieron el triunfo a los supremos

Durante estas semanas, la defensa de los supremos trató de usar todos los argumentos posibles para evitar que la acusación siguiera su trámite. Las razones que esgrimieron apuntaban a que la acusación atentaba contra el Estado de derecho, lesionaba la autonomía de la Corte Suprema y vulneraba la prohibición que plantea la Constitución de que otros órganos del Estado revisaran los fallos de los tribunales.

Incluso los defensores Davor Harasic (Dolmestch), Jorge Correa (Valderrama) y Alfredo Etcheberry (Künsemüller), recordaron que los tres supremos acusados han fallado importantes causas de derechos humanos como la operación Albania, el caso Riggs o, por ejemplo, que nunca han aplicado la Ley de Amnistía.

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Otro argumento fue que el libelo imputaba dolo a los supremos, es decir, los diputados acusadores aseguraban que los magistrados de forma “deliberada y consciente” renunciaron a aplicar el control de convencionalidad. En otros palabras, que no quisieron aplicar los tratados internacionales ratificados por Chile para decidir sobre la concesión del beneficio de la libertad condicional a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Algo que para los abogados defensores era “insólito”, ya que el dolo debe probarse y el libelo sólo lo presumía.

La razón más potente entregada por la defensa de los supremos se dio cuando le recriminaron al Congreso la responsabilidad por no haber resuelto legislativamente el dilema de fondo. Esto, dijeron, ya que los supremos al momento de otorgar la libertad condicional lo único que hicieron fue aplicar las normas de derecho interno que regulan la libertad condicional. Por eso el problema, según los detractores de la acusación, era de interpretación y bajo ningún punto de vista un notable abandono de deberes. Etcheberry fue enfático en decir que la acusación era un instrumento de carácter excepcional y sólo debía activarse cuando se han agotado todas las otras vías para solucionar una controversia como esta.

Fue el defensor de Dolmestch quien le llamó la atención al Congreso por no haber aprobado una ley que terminara con los problemas de interpretación respecto de los requisitos exigibles a personas condenadas por delitos de lesa humanidad que solicitaban la libertad condicional y actualizara el actual reglamento que regula este asunto, que data de 1925. En la comisión ad hoc Jarasic dijo: “Con respeto les digo, los responsables de verdad son ustedes. Ustedes han debido solucionar este problema por la vía legislativa y hasta el momento no lo han hecho”.

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El Congreso está por despachar recién ahora esta legislación. Un proyecto ingresado en 2016 que regula esta materia acaba de terminar su trámite en la comisión mixta y en las próximas semanas deberá ser votado por ambas salas del Parlamento para luego transformarse en ley de la República, si no enfrenta ningún obstáculo posterior.

La fallida postura de la oposición

Los partidos de oposición se habían mantenido firmes en una postura relativa. La mayoría de sus argumentos apuntaban a que la acusación no afectaba al Estado de Derecho, incluso dijeron que el libelo lo fortalecía. Esto, ya que los acusadores justamente estaban usando las herramientas del ordenamiento jurídico chileno para impulsar la acusación, prerrogativa que la Constitución le concede al Congreso.

Pero más allá de los reparos formales, la mayoría de los diputados de oposición sostuvo que los supremos abandonaron notablemente a sus deberes al no incluir de manera correcta las normas del derecho internacional de los derechos humanos para fallar y conceder la libertad condicional. Y para eso citaron principalmente lo que estipula el Estatuto de Roma y los procedimientos de prueba de dicho documento.

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La mayoría de los diputados no quedó convencida con los argumentos de los acusadores. Finalmente, el jueves 13 de septiembre la Cámara sepultó la acusación. Los votos de la DC y del PR fueron clave para que el intento por destituir a los supremos no pasara al Senado. Durante esta maratónica jornada de votación triunfaron los supremos y la oposición, vista en forma agregada, se anotó el fracaso más relevante en lo que va del año.

Sin la acusación constitucional, ahora al Congreso le toca legislar sobre esta materia. En las próximas semanas tendrá que terminar de tramitar y despachar, luego de al menos cuatro intentos fallidos, el proyecto que modifica el reglamento actual y que fija nuevos requisitos para acceder al beneficio de las libertad condicional.