La crisis de siempre en Gendarmería vuelve a presionar al Gobierno

Carrera funcionaria, incentivos al retiro y previsión son algunas de las demandas que los gendarmes están exigiendo al Ejecutivo. Estos problemas se vienen arrastrando hace años y la institución acumula varios intentos fallidos por solucionarlos.

La crisis de siempre. Así es como los líderes de los cinco gremios de Gendarmería se refieren a la situación en la que está envuelta la institución durante estos días. Y es que los problemas que viven los gendarmes y sus intentos por llegar a soluciones definitivas con un Gobierno es una vieja historia conocida entre los uniformados.

“Nuestra precariedad institucional se arrastra por lo menos desde los años 2000”, dice el director de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop), Alberto Figueroa. Según afirma el dirigente, la posición actual de Gendarmería es la misma que se ha vivido en periodos anteriores: está en el debate público luego de las presiones ejercidas tras una movilización nacional.

Y así fue. El hito que desató todo fue un video viralizado el 20 de junio en donde aparecían dos internos extranjeros siendo torturados por otros presos. La situación escaló de inmediato: se identificó al sargento a cargo del módulo de dicho penal, se ordenó un sumario interno, la fiscalía formalizó al gendarme por delito de tortura y se le ordenó su prisión preventiva. Esta secuencia de hechos generó molestia entre los funcionarios de la institución quienes cinco días después arremetieron contra el Gobierno: anunciaron un paro nacional con acuartelamiento en caso de que el Ejecutivo no se sentara con ellos para negociar mejoras a Gendarmería.

El desenlace de ese conflicto ya es conocido. La Moneda logró destrabar la tensión, evitó el paro, y ordenó el inicio de una mesa de trabajo entre los gremios de Gendarmería y la entonces directora Claudia Bendeck para lograr un acuerdo en 90 días que culminara en una propuesta común. Vencido el plazo, Bendeck no fue capaz de llegar a acuerdos, la mesa fracasó y, como consecuencia, el Gobierno le pidió su renuncia.

“Aquí estamos otra vez, en una mesa de negociaciones con el Ministerio de Justicia”, dice el presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile (Agech), Pablo Jaque. El dirigente cuenta que tras la salida de Bendeck fue el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, quien asumió las relaciones con la institución en conjunto con el director interino de Gendarmería, Christian Alveal. Sin embargo, Jaque advierte que ahora las asociaciones gremiales esperan resultados concretos que permitan resolver la histórica crisis que envuelve a Gendarmería.

La arrastrada precariedad

“La precariedad laboral comienza por la infraestructura penitenciaria y el hacinamiento que existe en las cárceles”. Las palabras son del director nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Andrés Segovia.

El gendarme explica a PAUTA que los cinco gremios más representativos —que de acuerdo con estimaciones internas representa al 97% de los 19.903 funcionarios de la institución— se agruparon en el Frente de Trabajadores Penitenciarios y concordaron en un diagnóstico común.

Dicen que gran parte de la precariedad es una consecuencia de las pésimas condiciones carcelarias de Chile. Si los internos viven mal, los gendarmes también. El último estudio publicado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) revela que las cifras de hacinamiento en algunos centros llega a más del doble de su capacidad y, por ejemplo, en los 10 penales más poblados del país el porcentaje de ocupación oscila entre el 143% y 241%.

La saturación penitenciaria tiene un impacto directo en los gendarmes. La última cifra entregada por la institución detalla que, dada la población penal atendida, existe un gendarme por cada 9,5 internos. Jaque asegura que esta situación produce que en penales como Colina II hayan 30 gendarmes para 2.500 internos. El mismo gendarme que fue formalizado por el delito de tortura es un ejemplo de esta descompensación. El uniformado estaba a cargo del módulo 11 del penal Santiago I y de él dependía el cuidado y la vigilancia de 176 internos.

Además de la gran cantidad de internos para la dotación de gendarmería, existe otro problema: los sistemas de turnos “inhumanos”. Segovia detalla a este medio que los turnos más complejos se dan en las garitas, es decir, las torres de vigilancia de los penales. “A quienes les toca esto, tienen garantizado el día de ingreso, pero no el día de salida”, dice el dirigente de Anfup. El funcionario asegura que un gendarme a quien le toque hacer turnos en las garitas puede llegar a trabajar hasta más de 30 días seguidos. “Las horas extras, las jornadas laborales y los turnos están completamente fuera de cualquier criterio humano”, concluye.

Existe un tercer problema que según los gremios es el origen de gran parte de esta precariedad. Se trata de la inexistencia de una carrera funcionaria. Figueroa, el director de Anop, lo resume así: “Que no tengamos carrera funcionaria produce un estancamiento que no permite ascender al personal permaneciendo por largos años en un determinado grado y obviamente que eso los restringe de percibir una remuneración mayor”. Junto con eso, la institución tampoco cuenta con incentivos al retiro, afirma.

Todas estas problemáticas han sido trabajadas por los gremios en los últimos tres meses. Los funcionarios armaron mesas técnicas para transitar de las demandas a un petitorio formal. Como la mayoría de las situaciones que producen la precariedad laboral implican un cambio en la normativa orgánica de Gendarmería, el Frente de Trabajadores Penitenciarios optó por aunar todo en un proyecto de ley.

El texto cuenta con 11 puntos y los gremios identificaron tres medidas urgentes que para ellos son irrenunciables. Son cambios de caracter técnico que según ellos son plausibles de ser asumidos por Justicia. Las medidas son: la redistribución de los cargos de plantas de oficiales y suboficiales; mejorar la previsión aumentando el tope de pensiones, y que 2.500 funcionarios a contrata pasen a planta.

El proyecto de ley ya está en los manos de Ossa, quien se comprometió a analizarlo en conjunto con los gremios y el director (i) de Gendarmería.

Un problema heredado

Que los gendarmes protesten o convoquen a un paro nacional no es algo nuevo. Ya en junio del año pasado los gendarmes anunciaron un paro nacional debido a que según ellos el Ministerio de Justicia, que en ese tiempo lo lideraba Jaime Campos, no había cumplido una serie de compromisos de mejoras laborales asumidos en 2016.

Sin embargo, las últimas movilizaciones importantes de la institución se registraron en 2016. En julio de ese año los uniformados concretaron un “paro de advertencia” para hacer un llamado a que el Gobierno mejorara las pensiones de los gendarmes, todo motivado por el escándalo desatado por la millonaria pensión de $ 5,6 millones que ostentaba la exsubdirectora técnica de Gendarmería Myriam Olate. En ese entonces la presión era grande. Un mes antes funcionarios de Gendarmería concretaron una huelga de hambre con la cual pretendían exigir mejoras a la carrera y la salida del entonces director de la institución, Tulio Arce.

Y un año antes, en 2015, se registraron movilizaciones locales en distintos penales del país. Por ejemplo, en octubre de ese año los funcionarios de la ex Penitenciaria declararon un paro denunciando el hacinamiento del recinto y reclamaron ser excluidos de las políticas públicas anti delincuencia. Esto mismo se vivió en la cárcel de mujeres de San Joaquín y en varios penales a lo largo del país.

Además de las constantes movilizaciones, Gendarmería también ha sido flanco de constantes reproches de Gendarmería. Un informe que elaboró el organismo en enero del año pasado detectó que cerca de 400 funcionarios recibirían pensiones irregulares, algo similar al caso de Olate.

Pero el asunto es aún más complejo. En junio de este año, la exadministración de Bendeck reveló que Gendarmería cuenta con más de cinco mil sumarios abiertos y sin solución que se vienen acumulando desde 2014.

La fracasada salida política

“Estamos ante un problema del Estado de Chile que se viene arrastrando desde hace muchos años y en eso obviamente están todos los gobiernos involucrados”. Las palabras son del exsubsecretario de Justicia Nicolás Mena.

El abogado reconoce que pese a todo el trabajo con Gendarmería que se hizo en el anterior Gobierno, en el cual estuvo como subsecretario desde 2016, no es suficiente. “La razón por la cual esto no se ha abordado de manera enérgica y no ha habido una reestructuración completa es porque en general en Chile tendemos a que estos temas en la medida en que no son problemas los dejamos pasar”, dice Mena.

El experto cuenta que históricamente lo que sucede en las cárceles nunca ha sido una verdadera prioridad y que “los gendarmes muchas veces son tan presos como las mismas personas que están privadas de libertad”. Dice que las fuerzas políticas han fracasado, ya que “no hemos tenido la capacidad para tener una política pública de largo plazo que permita resolver el tema de Gendarmería que es bastante de fondo, que pasa desde la carrera funcionaria hasta el tema de las pensiones”.

Por eso Mena plantea que para abordar esto se debiese tomar como modelo lo que ocurrió con la Policía de Investigaciones (PDI) en tiempos en los que su director fue Nelson Mery. El detective estuvo 11 años al mando de la institución, entre 1992 y 2003. “Esto permitió hacer un trabajo de largo aliento en la PDI, con mucho recurso y voluntad que permitió reformular y reestructurar completamente la carrera al interior de la PDI, algo que rindió muchos frutos y que produjo que hoy esta policía esté muy bien posicionada”, dice Mena.

Un alto exfuncionario del Ministerio de Justicia del primer gobierno de Sebastián Piñera, en privado, también reconoce que hay asuntos que llevan años discutiéndose, pero que aún no se logran solucionar, como la creación de una carrera funcionaria. Sin embargo, dice que la ausencia de una “doctrina institucional” en Gendarmería impide que esto se resuelva. Esto se traduce en las constantes amenazas de los gendarmes a los gobiernos de turno que no ayudan a producir las condiciones correctas para generar acuerdos. Además, dice, la cantidad de dirigentes y asociaciones gremiales impide ir aunando criterios.

PAUTA contactó a los dos últimos ministros de Justicia, José Antonio Gómez y Jaime Campos, para obtener su versión sobre lo que está pasando al interior de Gendarmería, pero las exautoridades no contestaron los llamados de este medio.

En el Gobierno están alertas a cómo se solucionará este asunto. Esta semana seguirán las reuniones de la nueva mesa de trabajo con los gremios, y los equipos técnicos de la subsecretaría que lidera Ossa ya están analizando qué medidas se pueden solucionar administrativamente y cuántas necesitan de un cambio legal.

Con todo, por el momento la gran piedra de tope será el costo económico que tenga el petitorio de los gendarmes. La exdirectora Bendeck calculó que las demandas de Gendarmería necesitarían de una inyección de $ 50 mil millones extras. Algo que mantiene preocupados a los gremios, más aún cuando recién está comenzando la discusión por el Presupuesto 2019. Los funcionarios de Gendarmería, según confirmaron a PAUTA, iniciarán próximamente las gestiones necesarias para lograr un aumento de recursos que permita, al menos por ahora, dar una salida a los problemas más urgentes que enfrenta la institución.