La triple arremetida de Chile Vamos para impugnar el reglamento de aborto

Los parlamentarios del bloque presentarán dos requerimientos ante el TC. La UDI está cuadrada y espera convencer a sus socios. Incluso ya hay conversaciones para sumar a los diputados de Evópoli.

El viernes 19 de octubre fue un día clave para la ley de aborto en tres causales. Ese día, sobre el escritorio del contralor Jorge Bermúdez estaba la última versión del reglamento que regulaba la objeción de conciencia del emblemático proyecto de la expresidenta Michelle Bachelet.

Ese reglamento recorrió un largo camino para llegar en manos de Bermúdez. Se demoró un año desde que se aprobó la ley y estuvo alrededor de cuatro meses bajo la revisión de Contraloría, luego de que el organismo declarara ilegal el protocolo modificado por el ministro de Salud Emilio Santelices y obligara al Gobierno a redactar otro según los términos de su dictamen.

Ese viernes en la tarde, justo antes de irse de su oficina, Bermúdez firmó el reglamento, dio por finalizada la toma de razón y de inmediato lo despachó hasta el ministerio de Salud (Minsal) el que, en coordinación con La Moneda y en reserva, afinaron los últimos detalles para promulgarlo. Así, este martes 23 de octubre, el polémico reglamento fue publicado en el Diario Oficial.

Con el reglamento listo para comenzar a ser implementado, en el oficialismo se desencadenaron de inmediato una serie de gestiones y reuniones entre los parlamentarios de los tres partidos del bloque para preparar la arremetida del sector en su contra y juntar el apoyo que se necesita para presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC).

El contenido del reglamento

El texto que regula la forma en como se ejerce la objeción de conciencia, tanto institucional como personal, establece en su artículo 13 que “los establecimientos privados de salud que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud, no podrán ser objetores de conciencia, cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprenden atenciones en pabellón”. En otras palabras, se respeta el fondo del dictamen de Contraloría y el asunto se deja en términos similares al protocolo que dejó Bachelet en el gobierno anterior.

Sin embargo, este reglamento de Santelices incorpora una sutileza que es fundamental. Al incorporar la palabra “pabellón” soluciona los reparos que había hecho la Pontificia Universidad Católica. 

Esta casa de estudios criticó duramente este punto del reglamento, principalmente por el hecho de que la Red de Salud UC mantiene convenios vía DFL N°36 a través de sus Centros Áncora. Estos establecimientos son Centros de Salud Familiar de atención primaria ambulatoria, es decir, no tienen pabellones y por lo tanto no realizarían abortos, prestación que por lo general se realiza en el nivel terciario de atención de salud. Por eso, en términos prácticos, el reglamento permite que la PUC pueda ser objetora institucional y mantenga sus convenios con el Minsal.

El ginécologo de la Red Salud UC y profesor de la Facultad de Medicina de esa universidad Mauricio Besio comentó a PAUTA que recibieron con “alegría” la noticia. Sin embargo, Besio advierte que el texto, en estos términos, no se hace cargo del problema de fondo. “Me parece que soluciona un problema urgente, inmediato, pero la controversia de fondo persiste, porque qué pasa si después aparecen otras leyes como la eutanasia. Entonces, no se soluciona el problema, ya que las instituciones privadas tienen derecho a un ideario y a que se les respete su conciencia y sus convicciones independiente de si tienen convenios con el Minsal o si tienen o no un pabellón”, dice el especialista.

Un recinto hospitalario que sí se ve afectado directamente es el Hospital Parroquial de San Bernardo que dirige el obispo Juan Ignacio González. Al ser un centro de atención terciaria, no podrá declararse objetor institucional. PAUTA contactó a dicho establecimiento y un alto integrante del consejo que administra el recinto aseguró que “están estudiando” el asunto con los equipos jurídicos, pero que sea cual sea el escenario, no practicarán abortos ya que “tenemos las objeciones individuales de todos los médicos y el personal relacionado con estos temas”.

El diputado UDI Jaime Bellolio, quien es parlamentario por esa zona, aseguró a este medio que el reglamento producirá que el Hospital Parroquial de San Bernardo “no podrá atender partos, y en la actualidad atiende miles de partos de toda la comuna y sus alrededores”. Junto con eso, Bellolio coincide con Besio en que el reglamento podría tener otros efectos futuros: “Este reglamento, aunque acota y restringe el daño, sigue dañanado el principio: ¿qué pasa si el día de mañana se aprueba la eutanasia? ¿Todos los hospitales con UTI o UCI deberán practicarla y si no lo hacen las cerrarán?

La triple estrategia para requerir al TC

Según comentó un personero de gobierno, La Moneda no defenderá este reglamento. La razón que hay detrás es porque “no lo sienten suyo” y su existencia sólo se debe a que estuvieron “obligados a redactarto en función del dictamen de Contraloría”. Por eso, para el Ejecutivo no es problema que Chile Vamos decida presentar un requerimiento en el TC para impugnarlo. De hecho, meses atrás, cuando se conversó esta opción durante un comité político, el Presidente Sebastián Piñera le transmitió a su coalición que tenían libertad de emprender la acción que estimaran conveniente.

Por eso es que los parlamentarios del bloque presentarán dos requerimientos, que correrán por caminos separados, ante el tribunal: uno de los diputados y otro de los senadores. Esto, según lo establecido en el artículo 93 de la Constitución en su número 16, en donde se detalla la facultad que tiene el TC para conocer aquellos casos de supuesta inconstitucionalidad de los decretos que firma el Presidente de la República, incluyendo aquellos que se refieren a la potestad reglamentaria; esto es, los reglamentos.

En el caso de los senadores, se necesitan 11 parlamentarios de Chile Vamos para el requerimiento. El senador UDI Iván Moreira dijo que se están estudiando los antecedentes para acudir al TC, ya que se trata de una “materia muy sensible” y que necesita de “una posición unitaria de Chile Vamos”. Pese a que la acción aún se está estudiando, los apoyos ya estarían casi listos, sobre todo considerando que ambas bancadas de la UDI se cuadraron y decidieron llevar el texto otra vez al tribunal.

El requerimiento de los senadores se enfocará en los supuestos vicios de inconstitucionalidad. Estos son la afectación a la libertad de conciencia -algo que el mismo TC estableció que sí existe para instituciones-, la vulneración del derecho de acceso a la salud y la vulneración a la autonomía de los cuerpos intermedios al considerar a todos los privados con convenio como parte del Estado.

En caso de que esto prospere, los senadores ficharían al reconocido abogado constitucionalista Jorge Barrera para que los patrocine ante el TC. “El reglamento vulnera de manera grave la garantía de objeción de conciencia con la que cuentan aquellas instituciones privadas que entregan prestaciones en pabellón. Con esto, se perjudica el derecho a la salud de las mujeres más vulnerables, quienes en muchos casos no tienen otra opción que asistir a un centro asistencial no estatal”, aseguró a PAUTA Jorge Barrera.

El abogado agrega, además, que esto debiese unir a “conservadores y liberales de Chile Vamos”, ya que lo que está en juego es la posibilidad de que los privados puedan “participar y contribuir a lo público sin que exista monopolio del Estado, pero por sobre todo, sin que ello signifique que las personas pierdan su identidad y tengan que renunciar a sus derechos fundamentales por contribuir al país”.

En los diputados el asunto también está avanzado. A pesar de que aún no se cuenta con la claridad de quiénes serían las 39 firmas necesarias, con la UDI cuadrada sólo faltaría convencer a RN, partido que de forma preliminar estaría de acuerdo con apoyar una acción de este tipo. En RN, de hecho, es el diputado Diego Schalper quien está liderando las tratativas. Así, sólo faltaría Evópoli para tener al sector alineado.

Por eso, durante la tarde de este martes el jefe de bancada de diputados UDI, Javier Macaya, se reunió con su par de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, para conversar la posibilidad de que la bancada de su partido se una al requerimiento que los diputados de la UDI presentarán al TC.

En conversación con Pauta Final, Macaya aseguró que espera que esto “no sólo sea compartido por los parlamentarios de la UDI” sino que también cruce a “todo Chile Vamos”. A su juicio, “hay un principio que subyace que es muy importante, el rol social del Estado y cómo la sociedad civil puede organizarse libremente para cumplir funciones públicas”.

Evópoli en un principio no era partidario de acudir a esta instancia. El análisis apuntaba a que se podían confundir dos planos: por una parte el tema valórico del aborto y sus tres causales, cuestión que Evópoli apoya, y por el otro lado, que el Estado por vía del financiamiento ponga limitaciones a lo que pueden o no hacer los cuerpos intermedios, cuestión con la que están en completo desacuerdo y condenan.

Luego de la reunión con Macaya, dicen quienes conocieron de este encuentro, Cruz-Coke coincidió en la importancia de defender el rol subsidiario del Estado y la autonomía de los cuerpos intermedios. De ahí que estén evaluando la posibilidad de sumarse al requerimiento liderado por Macaya.

Con todo, en Evópoli la decisión aún no está tomada y no se descarta tomar un camino intermedio. La idea sería no sumarse al requerimiento, pero enviar un “téngase presente” al TC, de manera de apoyar de todos modos la arremetida de Macaya y presentar formalmente ante los ministros los argumentos del partido en este punto.

Ahora, los parlamentarios cuentan con 30 días para concretar su arremetida. De prosperar un requerimiento, el aborto en tres causales volverá a los escritorios de los diez ministros del TC. Esta vez, Chile Vamos corre con ventaja. Dada la actual composición y el fallo del tribunal que estableció la existencia de la conciencia institucional, existe la prosibilidad de que se pueda conseguir un 6-4 a favor del oficialismo o, incluso, un 7-3.