La paradojal competencia que provocará el nuevo CAE en desmedro de la gratuidad

Según los cálculos del rector del DUOC UC, Ricardo Paredes, una institución recibirá hasta un 45% más de recursos si suscribe al nuevo crédito que si se mantiene en gratuidad. Por eso alerta que se podría generar una migración de un sistema al otro.

Cuando el gobierno anterior estaba a punto de concluir, presentó en el Congreso el prometido proyecto de ley para reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE). La propuesta llegó el 6 de marzo, a sólo cinco días de que la administración de Michelle Bachelet culminara. El texto legal fue un saludo a la bandera, como reconocen varios exfuncionarios de ese gobierno que estuvieron ligados al proyecto.

Dejando de lado lo inútil que significaba ingresar un proyecto ad portas de un cambio de mando con un Presidente de una coalición distinta, para el entonces Ejecutivo el proceso de diseño de ese nuevo crédito estatal para la educación superior significó un largo y duro debate.

El equipo legislativo del Ministerio de Hacienda estuvo trabajando poco más de un año en la creación del proyecto de ley. Quienes participaron de ese proceso recuerdan que lo más desgastante fue llegar a un acuerdo sobre cómo diseñar un nuevo crédito que no fuera mejor que la gratuidad. Desde el punto de vista de la política pública, había que pensar en un sistema de financiamiento que no fuera más atractivo para las instituciones de educación superior que la política de gratuidad. El costo era demasiado grande. En caso de que así fuera, las instituciones podrían emigrar desde la gratuidad hacia este nuevo crédito y, para un gobierno que impulsó y defendió la gratuidad con todo su capital político, era algo había que evitar a toda costa.

Los esfuerzos de Hacienda finalmente se vieron reflejados en el texto ingresado en la Comisión de Educación de la Cámara ese mismo 6 de marzo. Sin embargo, todo el trabajo quedó dormido en el Congreso, ya que no tuvo ningún movimiento en su tramitación y tampoco la tendrá.

A inicios de junio, el Presidente Sebastián Piñera confirmó lo que ya se sabía. Su administración dejó atrás el proyecto de Bachelet y presentó su propio texto: el Sistema de Financiamiento Solidario (Sifs).

Un proyecto “reciclado” de 2012

Durante el primer mandato de Piñera, el CAE le explotó en su agenda educacional. Corría octubre de 2011 y el Gobierno pasaba por una de sus peores crisis. Se había desatado el fuerte movimiento estudiantil, que presionaba demandando una educación “pública, gratuidad y de calidad”. La Moneda entonces se vio forzada a dar una respuesta. Así fue como le pidió al entonces ministro de Educación Felipe Bulnes que convocara una comisión de expertos para darle una salida política e institucional a los problemas que a esa altura se asomaban en el sistema de educación superior. 

La comisión fue presidida por el economista Ricardo Paredes —hoy a la cabeza del DUOC UC— y otros 11 expertos. Como resultado del trabajo de este espacio, en 2012 se presentó una propuesta para reemplazar al CAE que ingresó al Senado en junio de ese año.

El proyecto no logró avanzar más allá de su primer trámite constitucional y su último movimiento registrado fue en septiembre de 2013. Pero con Piñera otra vez al mando, con el problema del CAE aún no resuelto y sumado a que su reemplazo es parte del programa de gobierno del Mandatario, este año el texto tuvo un renacimiento y una metamorfosis en el Sifs.

Seis años después, el rector Paredes vuelve a estar involucrado en la discusión del sistema que reemplazará el CAE. A pesar de que se reconoce como defensor de un sistema de créditos, admite que este proyecto tiene serios problemas de diseño, ya que fue elaborado “cuando no había gratuidad” y hoy eso tiene otros efectos que no existían en 2012.

De hecho, el comentario de Paredes apunta indirectamente a la misma preocupación que tenía Hacienda durante el gobierno pasado: crear un sistema de financiamiento mucho mejor que la gratuidad. Y, dado el estado actual del proyecto, eso es justamente lo que está pasando.

Los recursos extra que trae el Sifs

La alerta la llevó el mismo Paredes ante los senadores de la Comisión de Educación de la Cámara Alta. Ahí el rector expuso que el Sifs “discrimina en contra de las instituciones en gratuidad” y el problema lo catalogó como la “paradoja de lo bueno”.

“Los recursos que recibiría una institución del Estado podría ser entre 35% y 45% más si es que sale de la gratuidad que si permanece en ella”, asegura Paredes a PAUTA. Este cálculo varía para cada institución según su nivel de acreditación y la composición socioeconómica de sus estudiantes.

Cuando el rector tiene que explicar este fenómeno provocado por el Sifs lo hace de la siguiente forma: Si a una institución le regulan el arancel en 100, el establecimiento va a recibir un “cheque” de 100 por cada alumno del decil del I al IV en caso de que esté en gratuidad. En cambio, si la institución está fuera y se le ha regulado el arancel en 100, el Estado le va a pasar un “cheque”, en el mejor caso, de 145%.

“En este momento este crédito es muy bueno para los alumnos, es muy bueno para las instituciones fuera de gratuidad, pero relativamente es muy malo para quedarse en la gratuidad. Entonces abre la puerta a que instituciones se escapen de la gratuidad”, concluye Paredes.

Su análisis es compartido por otros especialistas en educación. Ariel Ramos, investigador de política educativa de Educación 2020, afirma que este problema es el elemento central de la actual discusión del proyecto. Según Ramos, sobre la base de aranceles regulados por el Estado, el Sifs establece ciertos porcentajes sobre este arancel que podrían cobrar las universidades. Es ahí donde se producen las principales diferencias con la gratuidad, porque estos porcentajes son mucho más altos.

“En el mejor de los casos, la gratuidad puede cubrir hasta un 20% sobre el arancel regulado, versus el Sifs, que podría llegar a cubrir hasta un poco menos que el 50% dependiendo de los años de acreditación y del nivel de vulnerabilidad del estudiante”, dice Ramos. 

Una posible migración de un sistema al otro

Desde el punto de vista de la institución, los expertos coinciden en que en algún minuto esto se tratará de un análisis costo-beneficio basado en la estructura de costos.

“Es difícil que una institución por sí sola quiera salirse de la gratuidad, pero si varias instituciones se ponen de acuerdo podría ser más factible. Todo esto es bajo la óptica de la institución, porque para el estudiante siempre será mejor postular a un establecimiento en gratuidad”, dice Ramos. El especialista agrega que llegado ese momento no se puede dejar fuera el alto costo político de abandonar una política tan beneficiosa para los estudiantes como la gratuidad.

Sin embargo, Paredes advierte que ese escenario sólo aplica para las instituciones privadas. Las universidades estatales están obligadas por ley a permanecer en gratuidad. Por lo tanto, se haría aún más evidente que el Sifs “no conversa y sólo compite con la gratuidad”.

Los matices

Paredes afirma que su diagnóstico lo ha compartido con el jefe de la División de Educación Superior (Divesup), Juan Eduardo Vargas, pero por el momento no ve que el Ministerio de Educación perciba el mismo problema que él.

PAUTA consultó al jefe de la Divesup y Vargas matizó el asunto. “No es evidente que el Sifs les entregue más plata a las instituciones, porque también les exige cuestiones que tienen otros costos. Por eso nosotros lo hemos planteado como un sistema de financiamiento complementario a la gratuidad, que no pretende en ningún caso reemplazarla”, dice Vargas.

La autoridad precisa que a una institución no le “es indiferente” ofrecer gratuidad o un crédito. “Una cosa es que yo como institución reciba fondos que puedan ser más o menos parecidos, pero evidentemente para mis alumnos es más atractivo y más conveniente un sistema de gratuidad que un sistema de crédito blando, que tiene condiciones súper razonables y que no conlleva un endeudamiento demasiado relevante”, concluye.

La investigadora de Libertad y Desarrollo (LyD) María Paz Arzola coincide con que estos son sistemas que van de la mano. “En el corto plazo ambos sistemas son perfectamente complementarios, porque los estudiantes que no tienen gratuidad necesitan tener un sistema de créditos. Entonces, no veo que esta competencia se pueda dar de esa forma”, dice Arzola.

La experta de LyD profundiza en los costos que trae el Sifs para las instituciones: “Una institución que suscribe al nuevo crédito tiene que garantizar una parte de la deuda. Entonces, ese margen adicional que eventualmente podría obtener mayores ingresos al participar del crédito versus al permanecer en la gratuidad, puede ser también un margen del cual se va a tener que hacer cargo el día de mañana ante el no pago del alumno”.

Todo este escenario es monitoreado de cerca por las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales que están suscritos a la gratuidad. De hecho, desde que la política de Bachelet entró en vigencia el año 2016, año tras año las instituciones advierten que los aranceles regulados por el Estado están mermando sus finanzas y generando importantes déficits.

Incluso, cuando las instituciones tuvieron que confirmar su permanencia en la gratuidad para el año 2019, más de alguna sinceró por dónde está enfocando su análisis. Una de ellas fue la Universidad Diego Portales, que en la voz de su rector, Carlos Peña, reconoció abiertamente que en el corto plazo la permanencia de su plantel dependerá de lo que ocurra con el Sifs. “La UDP ha determinado que, en tanto no se apruebe la nueva ley de crédito, no innovará en su situación actual. Una vez que la ley de crédito se apruebe, y teniendo a la vista ese estatuto, evaluará qué alternativa, si acaso el crédito o si el estatuto de gratuidad, es más favorable para su proyecto intelectual, sus estudiantes y sus académicos”, dijo Peña en julio de este año.

Según el Sistema de Información de Educación Superior del Ministerio de Educación, existen al menos seis universidades suscritas a la gratuidad con déficit. Un estudio paralelo realizado por Acción Educar llegó a otro número. Según su metodología, en 2017 “10 instituciones de educación superior presentan situación de déficit por su incorporación a la gratuidad, el cual en total asciende a cerca de $17.000 millones”. Las universidades estatales tampoco se quedan fuera de este complejo escenario. Según cifras de Contraloría, el año pasado los planteles del Estado redujeron en 22% sus excedentes y la gratuidad se asoma como una de las responsables de este retroceso.

Pese a este negativo escenario financiero, la mayoría de las casas de estudio han renovando su permanencia en la gratuidad, algo que podría cambiar en caso de que más adelante el Sifs ya esté aprobado y, en términos económicos, les garantice un financiamiento más sustentable que la gratuidad.