La justicia del primer juez con discapacidad visual

Clemente Winn es el primer abogado chileno con una severa enfermedad a la vista que está preparado para ser juez de la República. La pregunta es: ¿El sistema judicial está preparado para él?

Con pasos cuidadosos, el abogado de la Universidad de Chile Clemente Winn camina por el centro de Santiago. Bajo el mediodía de abril, vestido de saco azul y boina, esquiva las fuentes del suelo que hay frente a los Tribunales de Justicia. Sabe que quizás algún día podría trabajar allí. A sus 29 años es el primer chileno con discapacidad visual en cursar la formación para convertirse en juez. El primero luego de que en 2016 se derogaron los artículos del Código Orgánico de Tribunales que impedía que ciegos, sordos y mudos fueran jueces y notarios.

Mientras camina, cuenta que la enfermedad degenerativa que sufre en la vista, la retinitis pigmentosa, aún le permite ver figuras, contornos, luces fuertes. Incluso, puede llegar a ver algo de televisión. Por detrás de sus lentes de marco fino, ha perdido una gran parte del campo visual, pero sí puede distinguir lo que está en frente suyo. Tiene lo que los especialistas llaman “visión de túnel”. En ambientes con poca luz, su ceguera es casi total.

—Mis ojos son como una cámara digital con muy pocos píxeles. La expresión de una cara la veo dependiendo de las condiciones lumínicas, aunque hablo y te apuesto que te miro a los ojos —dice Clemente, mirando a los ojos.

En parte por eso su enfermedad es casi invisible: sus ojos parecen iguales a cualquier otro. El bastón que usa en la calle, además de servirle de guía, tiene ese efecto: alertar a los demás. Lo usa, sobre todo, para llegar desde su casa en Las Condes a la Academia Judicial. Todos los días de semana se baja del metro y recorre Hermanos Amunátegui, una calle angosta, ruidosa, esquivando árboles y peatones.

La Academia Judicial, que desde 1996 ha formado 73 generaciones de jueces videntes, ha tenido que aceptar el reto: formar por primera vez a un juez que no puede ver. Su director, Eduardo Aldunate, explica que han tenido que prepararse. Para eso se reunieron con el Servicio Nacional de la Discapacidad, consultaron protocolos de otros países, se orientaron con expertos de tecnología accesible. De esa forma, empezaron por readecuar su prueba de ingreso. La decisión no fue crear una especial para Clemente, sino hacerle ajustes visuales a la que ya tenían. Además, al momento de la aplicación, siguiendo una recomendación española, le dieron el doble de tiempo.

—Cuando la ley entró en vigencia, la academia asumió el desafío con la mayor naturalidad posible, reconociendo ciertas dificultades que van más allá de lo que nosotros podamos hacer como institución técnica— dice Pablo Gres, coordinador del Programa de Formación.

El problema, dice, es qué va a pasar más tarde, cuando Clemente asuma su primer trabajo como juez en tribunales que no suelen contar con software ni infraestructura adecuada. 

Escuchar el derecho

Para Clemente las noches siempre han sido más largas, más oscuras. Cuando era niño, debido a la retinitis pigmentosa, sufría de ceguera nocturna. Alguna vez, recuerda, se tropezó al subir las escaleras, pero aún era demasiado temprano para que él o sus padres, un profesor de historia y una profesora de inglés, entendieran señales como esa.

—Mi mamá me decía que cada vez que veía una estrella hacía un show —dice Clemente.

Fue cerca de los 12 años cuando el oftalmólogo le dio el diagnóstico: sufría de una enfermedad genética que, de a poco, le iba a seguir difuminando los rostros y las cosas. La pérdida de visión se precipitó mientras cursaba derecho. Frente al Código Civil que debía leer y memorizar, se dio cuenta de que estudiar cada vez le resultaba más lento y más pesado. A pesar de eso, intentaba disimular que sus ojos cada vez veían menos.

—La enfermedad avanzaba, pero intentaba desenvolverme igual que alguien sin discapacidad. Era un estrés constante. Entonces, tuve que transparentarlo. Una de las cosas buenas que me ha dado la discapacidad es aprender a aceptar la realidad tal como es —dice Clemente—. Entre antes uno haga las paces con ella, más tranquilo va a vivir.

Estudiar sin poder leer ha sido un reto enorme. Para solucionarlo, cuenta sentado en el café del Museo Chileno de Arte Precolombino, comenzó hace poco a usar VoiceOver, una aplicación que lee los contenidos de la pantalla de su Mac. Su incertidumbre es si en el futuro los prejuicios le harán más difícil conseguir un trabajo. Al salir de la universidad, cuenta, se presentó a varios llamados, pero no tuvo demasiada suerte.

—Tengo un buen CV, tengo buenas notas, he hecho pasantías. En las entrevistas ponía el tema sobre la mesa, mostraba que me manejo bien, que uso un sistema computacional. Sentía que daba una buena entrevista y después no me llamaban más. Siempre me quedaba la duda, ¿no me llaman porque no les gusté como postulante o por mi discapacidad?

Solo en el papel

Ser elegido no es sencillo. El proceso de postulación de la Academia Judicial cuenta de tres etapas. Primero, una prueba de selección múltiple —que en el caso de Clemente duró cinco horas— y un examen de resolución de casos. Unos días después, deben hacer un examen sicométrico y, por último, someterse a una entrevista personal con el consejo directivo. En noviembre de 2017 Clemente recibió el llamado: en un año con un récord de postulaciones —517—, él había sido uno de los 20 seleccionados. Cuando en diciembre empezaron las clases en la academia, todavía tenían dudas concretas sobre cómo iban a formarlo. Eduardo Aldunate, su director, pone un ejemplo:

—El Poder Judicial tiene que decir cuál será el estándar para que un juez con discapacidad visual se enfrente a una fotografía, para poder trabajar con eso en el proceso de formación. De eso no hay nada. Tenemos un vacío, porque nosotros no podemos tomar una decisión mientras la ley no lo haga.

Esta es solo una de las cuestiones que aún se necesitan resolver. ¿Cómo se mejorará la accesibilidad de los sistemas informáticos? ¿Qué pasará cuando deban visitar cárceles o el Sename u observar la conducta de los imputados, de las víctimas y el público durante una audiencia? ¿Cómo evaluarán las pruebas visuales de un juicio? También hay otras cuestiones más internas como definir si tendrán más tiempo para redactar sus sentencias. Aún no hay respuestas claras al respecto, ni para los jueces ciegos, ni para los sordos y mudos. Además, estas readecuaciones —un nuevo sistema informático, un intérprete— implicaría un presupuesto que aún no se sabe de dónde saldrá.

Durante dos semanas, PAUTA estuvo contactando a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, responsable de los recursos humanos del Poder Judicial, pero no hubo disponibilidad para una entrevista.

—Creo que hubo mucho optimismo inicial en la idea de que eliminando las restricciones habría inclusión automática, pero el trabajo fino para que esa inclusión no tenga barreras reales no se ha hecho —dice Eduardo Aldunate—. No ha habido un sentido de premura. Si quiero levantar una restricción de este tipo, primero hago todas las modificaciones necesarias en el plano práctico o normativo interno y, como último punto, cuando la casa ya está lista, abro la puerta.

Las demandas por un entorno adecuado para las personas con ciertas discapacidades son amplias. En Chile, menos del 40% de las personas con discapacidad tiene trabajo, y ellas además ganan un 32% menos que los otros trabajadores, de acuerdo con el II Estudio Nacional de la Discapacidad, de 2015. 

El desafío mayor lo está planteando la Ley de Inclusión Laboral, que exige que las empresas privadas y públicas de más de 200 trabajadores cuenten con al menos 1% de su planta con personal con discapacidad o con pensión de invalidez. En 2019 la exigencia será mayor, pues abarcará a las firmas de más de 100 trabajadores.

De acuerdo con el estudio nacional sobre discapacidad, pero con datos de 2004, las personas con un diagnóstico relacionado con el ojo y sus anexos representaba el 3,37% del total. Según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el Caribe hay unos 5.000 ciegos y otros 20.000 personas con trastornos visuales por cada millón de habitantes.

Abrir el camino

La luz directa del sol lo ciega. Por eso Clemente, sentado en un Starbucks de Las Condes, lleva un sombrero de ala ancha. Es una tarde de octubre y, después de 11 meses de clases de nueve de la mañana a seis de la tarde y de hacer seis pasantías en tribunales, ya está habilitado para ser juez. Cuenta que su plan es comenzar a postularse a un puesto del Escalafón Primario del Poder Judicial.

—Mis grandes desafíos como juez no tendrán que ver con la discapacidad, sino que serán los mismos de cualquier persona en el cargo: aplicar la ley de la forma más correcta y más justa —dice—. Mi discapacidad más bien podría ser un plus. No ver a alguien puede ayudarte a evitar prejuicios. A fin de cuentas, el símbolo de la justicia es una mujer ciega con una balanza en la mano.

Según las cifras que maneja la Academia Judicial, sus egresados suelen tardar un promedio de más de dos años en convertirse en jueces titulares. Antes de eso, se dedican a hacer suplencias. Clemente Winn no sabe cómo será la apertura de los demás hacia un hombre que busca hacer justicia sin ver. En otros países, otros jueces lo están haciendo ahora: en Brasil, España, Francia, Holanda y Reino Unido. Todo indica que el primero en Chile será él.

—Me siento, al menos, levemente orgulloso —dice—. Creo que es un logro. Me voy a encontrar con todas las piedras, pero estoy abriendo el camino. Espero que a quienes vienen después de mí les toque más fácil.

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