La designación al límite de la nueva agencia acreditadora universitaria

El Gobierno abrió a última hora la convocatoria para nombrar vía ADP a los nuevos comisionados de la CNA. Junto con eso, la Divesup pretende modificar la entrada en vigencia de los nuevos criterios y estándares de acreditación.

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) está viviendo días claves. La Ley de Educación Superior que impulsó la expresidenta Michelle Bachelet contempla, además de la gratuidad, una serie de importantes modificaciones para crear un nuevo sistema de acreditación. Uno de los cambios apunta a reformular por completo la CNA.

El motivo, según se explicitó durante la discusión de la reforma, era ponerle fin a una comisión que no gozaba de suficiente legitimidad para velar por la calidad de las instituciones de educación superior. Esto dado los escándalos de corrupción que azotaron en 2012 a la institución y que dejó en evidencia que algunos comisionados vendían las acreditaciones a ciertas universidades privadas.

A la actual CNA sólo le quedan tres meses de existencia. El 28 de febrero próximo los 16 comisionados terminarán sus funciones. ¿Qué pasará después? La ley establece que “la designación de los integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación, de conformidad con lo establecido en la presente ley, deberá efectuarse dentro del plazo de nueve meses contado desde su publicación”.

Es ahí donde radica la preocupación por parte de rectores y de los mismos comisionados, ya que la reforma incluye además una nueva forma para designar a estos integrantes y las críticas apuntan a la demora del Mineduc para dar inicio a este proceso.

Nombramiento vía ADP en tiempo récord

La nueva CNA deberá conformarse a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Este cambio es uno de los más fundamentales, pues en la actualidad los comisionados son designados de forma directa para cumplir con el cuoteo que tiene por objetivo representar a la mayor cantidad de actores de la educación superior como por ejemplo al Cruch, las universidades privadas, a los CFT, a Conicyt e incluso a los estudiantes, entre otros.

Pero todo esto llegará a su fin ya que este año el sistema completo se realizará a través de ADP. Y aquí radica el foco principal de las críticas, dado que la División de Educación Superior (Divesup) dilató al máximo la confección de los perfiles para dar inicio a la convocatoria.

Pese a que la ley entró en vigencia el 29 de mayo de este año, la Divesup entregó los perfiles de los nuevos comisionados apenas en noviembre, casi seis meses después. El sistema ADP, por lo tanto, publicó el llamado recién el domingo 11 de noviembre.

Antes de que se abriera la convocatoria, los rectores y representantes de ONG vinculadas a la educación transmitieron sus aprehensiones por la demora. Plantearon que si lo que se quiere es contar con una comisión que goce de altísima legitimidad, el proceso para nombrarlos debe hacerse con tiempo y no a última hora.

El director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, comenta a PAUTA que la Ley de Educación Superior se terminó de tramitar “muy rápido” y que eso provocó que la transición de varios de sus artículos quedaran “mal resueltos y en plazos muy acotados”. Sin embargo, Rodríguez dice que las demoras en el llamado de la ADP para la nueva CNA no se justifican. “Hay un retraso muy difícil de explicar respecto del nombramiento de los nuevos comisionados, básicamente porque esos nombramientos dependían de la Divesup y del Ejecutivo y por lo tanto pudieron abrirse mucho antes”, afirma.

El ingeniero Roberto Flores, quien durante el Mineduc pasado trabajó como asesor en dicha cartera en temas de educación superior enfocado en aseguramiento de calidad, ha seguido de cerca la implementación de los artículos que tienen que ver con el nuevo sistema de acreditación. Flores explica a este medio que los tiempos en el nombramiento de los nuevos comisionados están especialmente más estrechos, pues la ley contempla que algunos de ellos además deben contar con la aprobación de tres quintos del Senado. “El ejecutivo tuvo desde marzo para crear los nuevos perfiles de los comisionados y hace muy pocos días estos se presentaron para iniciar el concurso por ADP. No sólo debe ejecutarse el concurso, sino que también el Gobierno requiere de un acuerdo con el Senado para la elección de seis comisionados. Sería inconcebible atrasar los plazos por la falta de eficiencia del Ejecutivo”, dice el exasesor.

Según el balance de gestión integral 2017 de la Dirección Nacional del Servicio Civil, los tiempos asociados a los concursos adscritos al sistema ADP tienen una duración promedio de 72 días. Antes de febrero, se tendrán que armar 10 ternas, de las cuales ocho las resuelve el Presidente, una Corfo y una Conicyt. De las ocho que le corresponden al Ejecutivo, seis de ellos deben pasar por la aprobación del Senado. Considerando que el sistema incorpora un proceso de negociación política en la Cámara Alta, los plazos se hacen aún más complejos al tener que alinear los votos de 26 senadores, más aún cuando el oficialismo es minoría. La Divesup corre contra el tiempo, ya que cuenta con dos meses para completar las designaciones y el Congreso sólo funciona hasta enero.

Pese a todo, el jefe de la Divesup, Juan Eduardo Vargas, defiende el actuar del organismo que lidera. Vargas afirma a PAUTA que su división se hizo cargo de los “complejos plazos” y que la convocatoria se abrió apenas los perfiles de los nuevos comisionados, confeccionados por el Mineduc, estuvieron aprobados bajo la reglamentación y normativa del Servicio Civil.

La autoridad además descarta que el Mineduc esté barajando la opción de retrasar la entrada en vigencia de la nueva CNA y apuesta a que se terminarán cumpliendo los tiempos. “De conformidad a los plazos que estamos manejando y considerando lo complejo que ha resultado la implementación de la ley, las ternas seleccionadas estarían listas en enero de 2019, fecha que permite ingresarlas al Senado dentro de los plazos legales”, dice Vargas.

Los otros plazos que preocupan a las autoridades

El presidente de la CNA, Alfonso Muga, es consciente del “riesgo” que tomó el Mineduc, pero confía en que se hayan hecho los cálculos correctos para que la nueva institucionalidad esté lista en febrero del próximo año.

Para Muga hay otro elemento que es aún más importante y que tiene que ver con los otros eslabones del sistema de aseguramiento de la calidad. En particular, a la creación de los nuevos criterios y estándares de la CNA con los cuales se evaluará a las universidades para otorgarles la acreditación.

El líder de la CNA asegura a PAUTA que varias universidades les han comentado sobre esta preocupación y que la comisión cumplió con traspasarle la inquietud a la Divesup. Por eso valora el anuncio que Vargas hizo a inicios de agosto al anunciar el envío de un proyecto de ley misceláneo que prorrogue estos plazos.

Sobre el contenido de esa propuesta de ley, el directivo de la CNA asegura que debe enfocarse primordialmente en modificar los tiempos de entrada en vigencia de los nuevos criterios y estándares. “Las nuevas modalidades suponen tiempos de aprendizaje en distintas perspectivas. Por ejemplo hay que preparar a los pares evaluadores, entre muchos otros asuntos. Las propias instituciones han dicho que los tiempos, tal como están hoy, son inviables”, dice Muga.

La problemática que cuenta el presidente de la CNA es un diagnóstico compartido por todos. El fondo del asunto radica en que si los nuevos criterios recién están listos el segundo semestre de 2019, a las instituciones que se les vence su acreditación ese año o el 2020 se quedan sin margen para interiorizar los estándares. Según Muga, se necesita de al menos un año o un año y medio para poder conocerlos con anterioridad antes de iniciar un proceso de acreditación. De lo contrario, dice, se someterá a las instituciones a un “estrés” innecesario que puede tener consecuencias negativas.

Esta visión es compartida por Daniel Rodríguez, quien coincide en que “lo más urgente hoy día es dar un plazo razonable para la redacción, validación, consulta y aplicación de los criterios y estándares”. Rodríguez agrega que se necesita aplazar esto para “establecer un crogonrama adecuado que permita ojalá validar estos criterios internacionalmente para estar seguros de que son los elementos que de verdad sirven para asegurar la calidad”.

El contenido de la iniciativa de ley es algo que recién se está trabajando en los equipos jurídicos y legislativos del Mineduc y se espera que pueda quedar ingresada a fines de este año. Se trataría de una ley corta, de carácter netamente técnico y de tramitación rápida.

La exjefa de la Divesup Alejandra Contreras considera que esta “cadena de demoras” es un problema que debe ser abordado, pero descarta que las causas recaigan en la reforma sino que son responsabilidad del Gobierno. “Efectivamente los plazos se han empezado a venir encima, recordando que han habido seis meses en que el Mineduc registra poca actividad en educación superior, pero por lo mismo resulta razonable evaluar cambios en los artículos transitorios que tienen que ver con los nuevos criterios y estándares”, dice Contreras.

Con todo, Muga confirma a PAUTA que la CNA ya se encuentra trabajando en la elaboración del nuevo sistema de acreditación y que actualmente están en funcionamiento las “mesas de trabajo para acreditación institucional, de posgrado y de las pedagogías”. Se espera que esto culmine en enero del próximo año, para así iniciar el proceso de consulta de estos nuevos estándares con el resto de las instituciones de educación superior y publicarlos finalmente durante el último trimestre de 2019.

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