El polémico historial que acumula Carabineros en La Araucanía
La muerte de Camilo Catrillanca no es el primer episodio que enfrenta a mapuches y Carabineros en la zona. Pese a las dudas que recaen en la policía, el Gobierno sigue respaldando la labor militar de los uniformados.
Hasta la sede del Congreso en Santiago llegaron el lunes 19 de noviembre el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el general director de Carabineros, Hermes Soto. Estaban ahí por una citación especial emanada de las comisiones de Seguridad y de Derechos Humanos de la Cámara para dar explicaciones por el procedimiento policial que culminó con la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca.
La sesión duró más de dos horas y estuvo marcada por una serie de recriminaciones entre el oficialismo y la oposición. En medio de la tensión de los diputados, Chadwick enfrentó a los parlamentarios y se centró en justificar la labor policial que realizan Carabineros en la Región de La Araucanía.
La versión que entregó Chadwick apunta a clarificar que la acción de la fuerza militar de la policía se justifica debido a que en la zona se vive una situación de “violencia extrema”.
Para ello, el titular de Interior entregó una serie de cifras que, según él, permiten entender el contexto en el que se explica la presencia de uniformados con formación militar en Colombia. De esta forma, el secretario de Estado informó que desde 2013 hasta ahora, La Araucanía registra 920 incendios, 924 situaciones de enfrentamiento con armas de fuego, 509 ataques a instituciones policiales, 542 cortes de ruta y obstáculos.
A pesar de que el Ejecutivo no entregó mayores detalles del llamado “Comando Jungla”, volvió a respaldar su existencia. “Estamos en una zona de conflicto serio, distinta a todo el país. Esto no ocurre en Atacama, no ocurre en Punta Arenas. Ocurre con esta gravedad lamentablemente en una zona concentrada en La Araucanía, principalmente en Ercilla y Arauco. Hemos tenido muertes. Lamentablemente Camilo Catrillanca no es la primera persona que muere en una situación de violencia”, dijo Chadwick.
Justamente los otros comuneros fallecidos ha sido parte de la polémica que abrió el caso de Catrillanca. Esto es algo que ha recriminado la oposición y lo volvió a hacer durante la sesión especial de este lunes 19 de noviembre. A juicio de los parlamentarios opositores, por ejemplo la diputada PC Carmen Hertz, los otros episodios y también la operación Huracán son las principales razones para dudar del actuar de Carabineros en la zona.
El caso Lemún
Uno de los casos a los que hizo alusión indirecta el ministro Chadwick ocurrió el 7 de noviembre de 2002 en la comuna de Ercilla. Ese año, cerca de 40 comuneros mapuches ingresaron al fundo Santa Alicia, controlado por la Forestal Crecex y administrado por la Forestal Mininco S.A.
El sitio estaba resguardado luego de que la justicia acogiera un recurso de protección. Por eso, en respuesta a la ocupación, cuatro carabineros decidieron ingresar al fundo. Durante el desalojo, la policía usó bombas lacrimógenas y balas de goma para expulsar a los comuneros, quienes a su vez respondieron lanzando piedras con boleadoras.
En medio de esa disputa, el entonces mayor Marco Treuer utilizó su escopeta, cargada con balas de calibre 12, para realizar una serie de disparos que impactaron directamente en la frente del mapuche de 17 años Álex Lemún, quien falleció cinco días después. “Esa vez se inició un proceso, sumarios internos y la causa la tomó un fiscal. En ese tiempo el fiscal se declaró incompetente y se lo dio a un fiscal militar”, recuerda el senador José Miguel Insulza (PS), entonces ministro del Interior del Gobierno de Ricardo Lagos.
La investigación la efectuó el Juzgado Militar de Valdivia y, luego de varias pericias, acreditó que la muerte de Lemún ocurrió tras el disparo del exfuncionario de Carabineros. El exmayor fue procesado por los delitos de violencia innecesaria con resultado de muerte. En primera instancia quedó con prisión preventiva, pero posteriormente la Corte Marcial le concedió la libertad bajo el pago de una fianza de $100.000.
En septiembre de 2003 los abogados de la familia Lemún solicitaron otro procesamiento de la fiscalía militar, la que fue rechazada. En consecuencia, sus familiares apelaron a la Corte Marcial, cuyos magistrados ratificaron la decisión. Meses después, en 2004, la justicia militar dictó el sobreseimiento total de Treuer.
“No se ocultó ninguna cosa, no se mintió en algún aspecto, por lo menos que yo recuerde. Los autores fueron sometidos a proceso. Espero que alguna vez sean procesados”, dice Insulza, entrevistado en Pauta Final, de radio PAUTA.
El caso se reactivó 15 años después. En octubre de 2017, la Corte Suprema decidió reabrir el caso en la justicia ordinaria. El 28 de septiembre de 2018, el Juzgado de Garantía de Angol decretó la prisión preventiva para Treuer, quien está imputado por el delito de homicidio simple. La sala penal de la Suprema rechazó la prescripción del delito que alegó la defensa del exuniformado, por lo que Treuer permanecerá en prisión durante los cuatro meses que dure la investigación en su contra.
El caso Catrileo
El 3 de enero de 2008, Matías Catrileo Quezada ingresó con otros comuneros al fundo Santa Margarita de propiedad de Jorge Luchsinger. Dicho predio estaba siendo custodiado por la policía desde 2001. El joven fue abatido por el cabo segundo Walter Ramírez, quien le disparó con una subametralladora Uzi.
La causa también fue investigada por la fiscalía militar. Si bien la primera versión oficial fue que Catrileo murió en un enfrentamiento con Carabineros, después se determinó, en una sentencia de la Corte Marcial, que Ramírez empleó “sin motivo racional violencias innecesarias”.
A pesar de que la defensa del carabinero argumentó que Ramírez actuó en defensa propia, el resultado fue una condena de tres años y un día y se le concedió el beneficio de libertad vigilada. El delito por el cual se le condenó fue el de “violencia innecesaria con resultado de muerte”. Esa sentencia fue confirmada por la Corte Suprema en 2011.
El tema adquirió otra notoriedad en 2013, luego de la muerte de Werner Luchsinger, primo del dueño del fundo Santa Margarita. Werner Luchsinger y su esposa, Vivianne Mackay, murieron calcinados en su fundo tras un ataque por el cual fueron condenados los hermanos José y Luis Tralcal quienes hasta la fecha se encuentran prófugos de la justicia.
El caso Mendoza
El tercer caso ocurrió en agosto de 2009, cuando el comunero mapuche Jaime Mendoza participó en la ocupación del Fundo San Sebastián, predio que había sido reivindicado por algunas comunidades de Angol que lo denominaban un “territorio ancestral”.
Cuando Mendoza se trasladaba del fundo hacia su comunidad en Ercilla, falleció producto de un disparo del cabo primero de Carabineros Miguel Jara, quien ejercía sus labores en el GOPE.
En aquella oportunidad, la PDI descubrió que las marcas en el chaleco antibalas del cabo Jara fueron posteriores al momento de la muerte de Mendoza. Dicha irregularidad fue comprobada por la justicia militar en 2010, al imponer la pena de 15 años de presidio por el delito de violencias innecesarias. Dicho fallo fue revertido por la Corte Marcial en 2012, ya que a juicio de los magistrados sí existió legítima defensa del carabinero acusado.
La última palabra llegó de la Suprema: acogió el recurso de casación presentado por el Consejo de Defensa del Estado y al uniformado lo condenó a tres años de presidio menor en su grado medio y a las penas accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y pérdida del estado militar. Jara cumplió su condena en libertad y fue desvinculado de Carabineros.
Mire la presentación de este tema en Primera Pauta: