El nuevo estrés financiero que provocará la gratuidad en 2019

A partir del próximo año se fijarán los aranceles para los alumnos de deciles no beneficiados por esta política. Así, los rectores no podrán cobrar el valor real de lo que cuesta estudiar a los estudiantes de los deciles 7 al 9.

La gratuidad acumula tres años de funcionamiento y si hay un concepto que se ha repetido varias veces, sobre todo a nivel de las instituciones de educación superior, es el de déficit financiero. Lo que se alega es que los recursos que llegan por gratuidad no cubren el valor real de lo que cuesta estudiar en las carreras de las 46 universidades, centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) que libremente han decidido sumarse a esta política.

En el trasfondo de todo está la decisión del Ministerio de Educación (Mineduc) de regular los aranceles, es decir, de establecer una política de fijación de precios. Este punto de la ley fue muy criticado por varios actores de la educación durante el año pasado. De hecho, una de las voces que destacó esto en reiteradas oportunidades fue el actual subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, quien aseguró que esta fijación atenta contra la libertad que deben tener las instituciones.

Hasta la fecha, se calcula que las instituciones acumulan déficits por más de $30.200 millones. Sin embargo, esta merma en los ingresos en vez de disminuir es altamente probable que aumente, todo como consecuencia del diseño que se pensó para la gratuidad. 

El mecanismo de la gratuidad

PAUTA consultó a varios exfuncionarios del Ministerio de Hacienda y del Mineduc del gobierno anterior para determinar cómo se diseñó el mecanismo “del financiamiento institucional para la gratuidad”. Quienes participaron de ese proceso explican que la fórmula “fue una creación colectiva” entre ambos ministerios.

En Hacienda, la cartera que tuvo especial protagonismo, participó un grupo de ocho personas, entre economistas y abogados, quienes estuvieron en constante coordinación con sus contrapartes de la Comisión Ingresa, Tesorería y también la Dipres. El resultado fue una fórmula de gratuidad que en los primeros años quedó regulada vía glosa presupuestaria y que recién este año quedó normada por la Ley de Educación Superior.

Cada año el Servicio de Información de Educación Superior (SIES) recibe de todas las universidades suscritas a la gratuidad el precio real de sus aranceles por carrera. Junto con esos datos, llega el listado completo de los aranceles de referencia 2016 y 2017 que tienen todas las carreras universitarias y técnico profesionales.

El arancel de referencia es una medida que se viene usando desde hace varios años y se define como el “monto máximo a financiar por ayuda estudiantil”. Se utiliza para el Crédito con Aval del Estado (CAE) y otras becas. Como los aranceles de las instituciones son tan altos, el Estado fija un máximo que puede financiar y el diferencial debe ser costeado por el estudiante con sus propios recursos o acumulando más de alguna ayuda estudiantil.

Con toda esta información, se arman grupos de carreras similares que tienen estructuras de costos parecidas los cuales se ordenan según bandas de años de acreditación y tipos de institución, por ejemplo si se trata de universidades, CFT o IP. Con estos grupos, se calculan ciertos promedios ponderados por grupo en base al arancel de referencia.

Así se llega al arancel regulado, es decir, el monto fijado por el Estado y que será cubierto por la gratuidad universitaria. Este listado de aranceles se publica vía decreto durante el segundo trimestre. El arancel regulado se multiplica por la cantidad de alumnos con gratuidad que tiene el establecimiento y así se obtiene el monto final que será transferido en dos pagos al año, uno en cada semestre. Al usar los aranceles de referencia como base de cálculo, inevitablemente los recursos no alcanzan para cubrir los costos reales, por lo tanto se contemplaron dos tipos de compensaciones extras.

La primera compensación consiste en la entrega de un máximo de 20% más de recursos por sobre el arancel regulado. Esta compensación sólo aplica a las instituciones que, producto de los aranceles regulados, se les produce una brecha respecto de su arancel real. Esta compensación se entrega hasta contrarrestar la brecha y si la diferencia es muy alta, sólo se aplica el 20% como máximo a compensar.

La segunda compensación está destinada a las universidades que cuentan con acreditación en su área de investigación. Las casas de estudio con tres o cuatro años de acreditación institucional tienen una inyección extra de 3%; las de cinco o seis años, una compensación de 6%, y las de máxima acreditación, es decir siete años, un 12% más.

Todo este mecanismo durará hasta mayo del próximo año, una vez que entre en vigencia la “Comisión de expertos para la regulación de aranceles”. Este espacio estará formado por siete profesionales seleccionados vía Alta Dirección Pública y sus cargos tendrán una duración de seis años. La comisión será la encargada de estudiar en profundidad el valor real de los aranceles de las instituciones adscritas y fijar, en base a los criterios que estime adecuados, los aranceles regulados.

La costosa regulación para el 2019

Los efectos de los aranceles regulados en las instituciones de educación superior aumentarán el próximo año, ya que esta fijación también se aplicará a los estudiantes de los deciles no beneficiados con la gratuidad. Para esos deciles también se contempló una compensación respectiva.

Para los estudiantes del decil 7, los establecimientos recibirán el arancel regulado más un extra de 40%, y para los deciles 8 y 9, uno de 60%. El decil 10 quedó libre, es decir, serán los únicos estudiantes de todo el sistema a quienes se le podrá cobrar el valor real del arancel fijado por la institución.

La exjefa de la División de Educación Superior Alejandra Contreras explica a PAUTA que este mecanismo se incorporó a la ley por presión de los parlamentarios. “Se pidió que buscáramos un mecanismo por el cual se evitara que, ante la eventual disminución de ingresos por concepto de gratuidad, ese déficit se compensara con cobros de arancel más alto para los estudiantes de los deciles del 7 al 10. Es decir, que pusiéramos un tope para evitar el subsidio cruzado de los deciles más altos para compensar las eventuales pérdidas por gratuidad”, dice Contreras.

El director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, asegura que los efectos de esta regulación para los estudiantes no beneficiados seguirá aumentando las brechas financieras en las instituciones. “Agregar esta limitación no sólo genera un déficit en el presente, sino que además a futuro le impide a la universidad echar mano al gasto privado; es decir, a recursos privados que provienen de las familias, de los aranceles, básicamente, para poder de alguna manera equilibrar sus finanzas”, dice Rodríguez.

El experto, que ha estudiado en profundidad las brechas que se generan por la gratuidad, detalla que la cuestión de fondo es el exceso de control estatal que tiene esta política para los establecimientos. “El problema es que se disminuye progresivamente la autonomía de las instituciones. Al final, el control del Estado es superior a lo que corresponde para la política que está implementando. Eso le corta las alas a la universidad para buscar soluciones factibles a la situación de déficit que, por el mismo diseño de la gratuidad, todos sabíamos que iba a ocurrir”, concluye Rodríguez.

El impacto en la billetera de las instituciones

Contreras recuerda que cuando se discutió esta regulación, su equipo analizó todos los datos e hizo las simulaciones para determinar cuál sería el impacto. “De acuerdo con las simulaciones que se hicieron en su momento, la mayor parte de las instituciones con estos topes de 40% y 60% están llegando a sus aranceles reales. Ahora, es efectivo que hay algunas instituciones, en algunas carreras que son más caras, en donde estos topes quedan debajo del arancel real que actualmente están cobrando. Ahí, efectivamente, esas instituciones percibirán menos ingresos por esos alumnos”, dice la exautoridad.

Un estudio de Acción Educar publicado este año revela que “26 universidades, 1 IP y 1 CFT tienen al menos una carrera cuyo arancel real es superior al arancel fijado por el articulado transitorio para al menos uno de los deciles no beneficiados con gratuidad”. De todas ellas, “la institución que se ve más desfavorecida, en términos de carreras deficitarias, es la Universidad Católica”. Según la metodología usada luego viene la Universidad Diego Portales y en tercer lugar la Universidad Finis Terrae. El análisis además arroja que “las brechas más altas se concentran en las carreras de la salud”.

Los verdaderos efectos que tendrán los cambios de 2019 por la regulación en los aranceles recién se verán reflejados en los estados financieros que cada universidad, IP y CFT entrega al SIES en el segundo semestre de cada año. Por el momento, la preocupación ya está instalada entre los rectores y se prevé que el próximo año varias universidades afectadas por este déficit evalúen, con más datos en la mano, retirarse de la gratuidad. Lo que sí es seguro es que las universidades privadas, que registran los aranceles más altos de todo el sistema, afrontarán los mayores desafíos financieros.

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