Reforma a Carabineros y la PDI: cómo será el nuevo control a las policías

El Gobierno prepara una reforma para ambas instituciones. Los cambios legislativos que impulsará el ministro Andrés Chadwick apuntan a aumentar el control civil a través de auditorías externas y nuevos sistemas de fiscalización.

Seis días después de la muerte de Camilo Catrillanca, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para modernizar Carabineros y la PDI. Lo hizo en medio del escándalo que desató la muerte del comunero mapuche de 24 años en un hecho en que participaron cuatro funcionarios del Gope, hoy sometidos a una investigación criminal.

En su minuto, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, hizo el anuncio sin entregar mayores detalles. “Hoy ingresó el proyecto de modernización de nuestras policías. En ese proyecto de ley se habla de modernizar en cuanto a probidad transparencia y control operativo de las funciones policiales”, afirmó la autoridad.

La acción del Ejecutivo quedó opacada por la situación en La Araucanía. A esa altura, sólo había dudas respecto del actuar de Carabineros. Trascendieron las incongruencias en las explicaciones entregadas de forma oficial, como que se supiera primero que la operación no había sido grabada, pero que después se conociera que uno de los policías había destruido la tarjeta de memoria de la cámara GoPro que llevaba en su casco.

La Fiscalía investiga la muerte de Catrillanca como homicidio y abrió un expediente por obstrucción a la investigación. La coyunturá aceleró algo que el Gobierno venía preparando desde hace meses.

Todo partió cuando convocó a la mesa por la seguridad nacional. La instancia, integrada por varios expertos y parlamentarios de distintos sectores políticos, funcionó durante tres meses para presentar propuestas en seguridad. El resultado fue un informe con 150 medidas para combatir la delincuencia y el narcotráfico.

Un proyecto para crear controles civiles

El presidente ejecutivo de Espacio Público, Mauricio Duce, formó parte de esta mesa y explica a PAUTA que el proyecto del Ejecutivo sólo recoge una de las propuestas de dicho espacio para reformar las policías. “Lo que hace el mensaje es avanzar en lo que tiene que ver con la sujeción de las policías a la autoridad civil. Es sólo el primer paso”, dice Duce.

El texto del mensaje presidencial, que consta de 23 páginas y que trata tanto sobre Carabineros como de la PDI, plantea cambios puntuales distribuidos en cinco artículos permanentes y dos transitorios. Lo primero que se propone es la elaboración de un “Plan Estratégico de Desarrollo Policial” a ocho años plazo y actualizable cada cuatro.

Este plan debe ser aprobado por el ministro del Interior y puesto a disposición del Congreso. Lo que se busca con este plan, dice el proyecto, es definir los objetivos institucionales, determinar la distribución de los recursos humanos y el material de la institución para su consecución. Junto con eso, se mandata al general director de Carabineros a elaborar un “Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa” para ejecutar todo esto.

La segunda modificación que se introduce es la obligación de rendir cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos de dichos planes y de la Política Nacional de Seguridad Pública. Esta rendición de cuentas deberá hacerse cada año a nivel “nacional, regional y local” y esta información debe quedar disponible para la sociedad civil.

También se crea un mecanismo de control interno y externo para ambas policías, que fiscalice “los excesos o abusos en el ejercicio de sus funciones, prevenir o controlar las faltas a la probidad y las infracciones e incumplimientos a los reglamentos de conducta o disciplinarios”. El proyecto estipula que los resultados de estos controles deben entregarse al Ministerio del Interior, a la Contraloría y al Ministerio Público, según corresponda.

El cuarto cambio apunta al aspecto financiero. El texto legal propone que sea el Ministerio del Interior el que tenga la potestad para controlar el presupuesto de las policías. Así, tanto Carabineros como la PDI deberán rendir cuentas del “uso y disposición de su presupuesto con una periodicidad al menos semestral”.

El quinto elemento ordena la creación de un “Comité de Auditoría Policial”. Este espacio sería integrado por representantes del Ministerio del Interior, de Hacienda y de la institución policial respectiva. Además, tendrá la obligación de contratar anualmente a un auditor externo para que revise todas las operaciones financieras de las policías. Estos resultados, junto con entregarse a Interior y Hacienda, también deberá enviarse a la comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional. Además de este comité de auditoría externa, las policías tendrán que crear una unidad encargada de la función de auditoría interna.

Con el proyecto sobre la mesa, Duce comenta que “sólo soluciona una parte” del problema. “En mi opinión, y yo creo este era el espíritu de la mesa del acuerdo nacional por la seguridad, es que había problemas más profundos que requieren cambios más estructurales en otras dimensiones”, opina el abogado.

Esos otros temas que quedaron fuera, y que están desarrollados en el informe de la mesa, tienen que ver con el sistema de “ingreso, formación, calificaciones y ascenso del personal policial”, con la “profesionalización de la organización policial” y la “especialización de las funciones policiales”, es decir, profundizar más en la tradicional separación respecto de quién investiga y quién previene.

La reforma completa, en los términos actuales y según los cálculos de la Dipres, significará un gasto fiscal de $866.191.000 anuales en régimen. Esos recursos se financiarán con cargos a la partida presupuestaria del Ministerio del Interior, y el resto, con cargo a la partida del Tesoro Público.

La puerta para una “reforma estructural”

El senador DC Francisco Huenchumilla, quien integra la Comisión de Seguridad del Senado, detalla a PAUTA que el proyecto del Gobierno “aún no es conocido por los senadores”. Según el senador, el texto aún está “en una etapa administrativa” y su “vista” recién comenzará cuando se ponga en tabla y sea el mismo ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien acuda a la comisión para su exposición.

Huenchumilla cree que es urgente comenzar a dar este debate y ya adelanta que uno de los nudos que se vendrá en la tramitación será respecto de qué tan estructural sea esta reforma.

“Este no va a ser un proyecto de fácil despacho, porque se trata de una materia muy complicada. Acá lo que se necesita es hacer una modernización completa. A estas alturas no basta con algunas modificaciones cosméticas, sino que probablemente tendremos que entrar en una reforma de las estructuras, de los controles, de la doctrina, de la formación y no sé qué tanto de esto esté contemplado en el mensaje presidencial”, dice el parlamentario por La Araucanía. Por el momento, la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta no tiene en tabla la revisión del proyecto.

La experta en seguridad y académica de la Universidad de Santiago Lucía Dammert también apunta a que el proyecto del Gobierno se queda corto y es “insuficiente”, al no presentar un cambio que modifique de raíz “la autarquía” con la cual se han movido las policías desde el retorno a la democracia.

“La solución no es generar un documento de informe financiero que la institución tenga que entregar todos los días o todas las semanas. El objetivo debe ser establecer un mecanismo institucional por el cual el Ministerio del Interior, en conjunto con Carabineros, diseñen, por ejemplo, la estrategia de compras. Esto es muy distinto a decir que Carabineros proponga su estrategia de compras y el Ministerio del Interior la revise o le haga observaciones”, plantea Dammert.

Desde su visión, el “proceso de generación de la política de Carabineros es un proceso en donde generalmente el mundo político le pide explicaciones a la policía sobre cómo va a desarrollar determinado tema” y ese es el modelo que según Dammert “está agotado”.

Por eso, dice, toda modernización a las policías debe dejar en claro que la dirección debe venir en primer lugar desde el Ministerio del Interior. “El problema que nos llevó al fraude millonario, al caso Huracán y ahora al caso Catrillanca es que los niveles de autonomía son a todo nivel y hoy día está claro que el mundo civil debe fortalecer su presencia en instituciones tan importantes para la seguridad nacional. Carabineros tiene que cumplir las órdenes del Ministerio del Interior y no debe haber espacio para dudas, porque son una institución jerárquica no beligerante que depende de esta cartera. Todas las resistencias a querer asumir esto no deben tener cabida en las policías”, concluye la experta.

Dammer habló además sobre estas materias con Pauta Final:

Todo en manos de Chadwick y Ubilla

Cuando el Presidente Sebastián Piñera salió electo el año pasado, el caso Huracán estaba golpeando el gobierno de Michelle Bachelet. De hecho, el caso llegó a su periodo de mayor tensión cuando el entonces presidente electo estaba de vacaciones en el lago Ranco y tuvo que interrumpir su descanso para analizar el tema con sus colaboradores más cercanos.

Ya en ese tiempo, Piñera anunció que uno de los objetivos sería “generar una profunda modernización, tanto administrativa como operativa, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones”.

De hecho, la intervención en Carabineros ha estado presente en su segundo mandato desde el primer día. El lunes 12 de marzo, cuando luego de cuatro años volvió a pisar el palacio de La Moneda, aceptó la renuncia del exgeneral director de Carabineros Bruno Villalobos.

Tres días después, Piñera, Chadwick y Ubilla descabezaron el alto mando de Carabineros y nombraron a Hermes Soto a la cabeza de la institución.

Por eso, el proyecto presentado hace algunas semanas apunta a una de las prioridades del Ejecutivo. El encargado de la tramitación legislativa será la cartera que lidera Chadwick, que llevará la discusión de la mano de su equipo legislativo liderado por el abogado Pablo Celedón.

Chadwick ya estaría tendiendo los primeros lazos con sectores de la oposición para aunar posturas. A fines de noviembre el titular de Interior convocó a su despacho a los senadores Jorge Pizarro (DC), Felipe Harboe (PPD) y José Miguel Insulza (PS) para abordar con ellos esta reforma a las policías.

Con todo, se espera que la tramitación sea compleja. Conocedores de todo este proceso prelegislativo comentan que el éxito del proyecto estará en la capacidad política que tenga el Gobierno para generar consenso y darle legitimidad a esta reforma que, dicen, podría constituir el cambio más relevante en las policías desde el retorno a la democracia.

Mire la presentación de este tema en Primera Pauta: