La Contraloría queda arrinconada tras una nueva derrota emblemática

La decisión del Tribunal Constitucional terminó echando por la borda y declarando inconstitucional el dictamen del contralor Jorge Bermúdez que establecía que recintos privados con convenios con el Minsal no podían ser objetores institucionales.

Hasta la sala de audiencias del Tribunal Constitucional (TC) llegó el jefe de la División Jurídica de la Contraloría, Camilo Mirosevic. El abogado estaba ahí para participar de los alegatos orales correspondientes al requerimiento que ingresaron diputados y senadores de Chile Vamos para impugnar el reglamento de aborto en tres causales.

La arremetida constitucional del oficialismo, desde el inicio, se basó en la estrategia de atacar el reglamento de la ley para en definitiva apuntar los dardos hacia el fondo del asunto: el dictamen de Contraloría que preparó el mismo contralor Jorge Bermúdez.

La disputa constitucional se desató en mayo, cuando Bermúdez dictaminó que el protocolo elaborado por el Gobierno para regular la objeción de conciencia de la Ley de Aborto en tres causales era ilegal. Esa vez, el ente contralor determinó que los establecimientos de salud privados que mantuvieran convenios con el Minsal en ginecología y obstetricia no podían declararse objetores de conciencia institucional, algo que sí permitía el texto elaborado por el Ministerio de Salud (Minsal), dirigido por Emilio Santelices. Forzado por ese dictamen, el Ejecutivo debió adaptar su reglamento a regañadientes.

Mirosevic llegó hasta el TC para defender el dictamen de la Contraloría y, por extensión, el reglamento del propio Gobierno. La sorpresa, que ya se había adelantado al momento de que las partes involucradas enviaran sus descargos al tribunal, fue que el abogado del ente contralor no tuvo a nadie más de su lado para argumentar a favor del reglamento. Quedó solo.

El Gobierno, que en definitiva había redactado el texto a través del Minsal y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), optó por mantenerse al margen. No se hizo parte de la causa y, por tanto, no designó a ningún abogado para que alegara en su nombre ante el pleno de ministros.

Los gestos tuvieron su correlato por escrito. En un documento de 40 páginas, el Ejecutivo había respondido las observaciones planteadas por los ministros del TC. En el texto, firmado por el Presidente Sebastián Piñera y los ministros Gonzalo Blumel (Segpres) y Emilio Santelices, el Ejecutivo tomó notoria distancia del reglamento y afirmó que este “afectaría el derecho de objeción de conciencia, entendida como una expresión de la libertad de conciencia consagrada en la Constitución, impidiendo plenamente su ejercicio”.

Las inéditas críticas de Contraloría al Gobierno

Como pocas veces se ha visto, la Contraloría atacó de frente al Gobierno. Incluso más, apuntó a lo más alto: al Presidente de la República.

Los alegatos de Mirosevic fueron explícitos: “Nosotros defendemos la toma de razón, porque quien tiene que estar sentado acá defendiendo la constitucionalidad del reglamento es el autor del reglamento, que es el Gobierno […]. Si el Presidente y los ministros de Estado tenían la convicción absoluta de que este reglamento era inconstitucional, ellos no lo deberían haber suscrito”.

Representando a los senadores UDI y RN estaba el abogado constitucionalista Jorge Barrera y, por parte de los diputados de Chile Vamos, la abogada especialista en derecho administrativo Constanza Hube. Ambos alegaron que el reglamento trataba de “desconocer la naturaleza jurídica de derecho fundamental de la objeción de conciencia” e incluso Barrera dijo que “a todos luces estamos frente a una norma absolutamente carente de razonabilidad”.

Pese a los esfuerzos de Mirosevic, horas más tarde el pleno del TC confirmó algo que se anticipaba: por ocho votos contra dos se aceptó el requerimiento del oficialismo y se declaró inconstitucional el inciso segundo del artículo 13, justo la parte que hablaba sobre los recintos privados con convenios con el Minsal.

Los votos favorables fueron de los ministros Iván Aróstica, Domingo Hernández, Juan José Romero, María Luisa Brahm, Cristián Letelier, José Ignacio Vásquez, María Pía Silva y Miguel Ángel Fernández. En contra votaron los ministros Gonzalo García y Nelson Pozo.

Otro golpe al contralor

El contexto general de la semana en la que llega este fallo del TC es más amplio que un puñado de días: se trata de la constatación de un contralor que se arriesgó en muchas partidas mientras jugó en solitario.

El golpe de la sentencia de la Corte Suprema por su disputa con Dorothy Pérez tiene, de hecho, dos lecturas principales y vinculadas. Por un lado, si el contralor, que es en sí mismo la instancia llamada a discernir la diferencia entre la legalidad y la ilegalidad de los actos administrativos, yerra (según la Suprema) en una interpretación sobre su propio rol, su autoridad en estas materias sufrió una derrota de compleja recuperación. Por el otro, si el criterio del contralor queda cuestionado, como de hecho sucedió, entonces una variedad de otras decisiones suyas quedarán también sujetas a la duda obvia: “¿Y si en esto el contralor también está equivocado?”, dirán con más sustento quienes se le oponen en distintos frentes.

Este jueves 6 de diciembre esos cuestionamientos no pudieron ser más evidentes. Ha sido el propio Gobierno el que se apartó del camino de Jorge Bermúdez y lo dejó solo frente al paredón del Tribunal Constitucional. Este escenario lo tenían muy claro en Chile Vamos y, en privado, reconocían que su requerimiento se daba en un escenario favorable tanto por la composición del TC —que está integrado por seis ministros cercanos a la centroderecha, entre ellos el presidente del tribunal— como por el debilitado momento por el que atraviesa Bermúdez. De hecho, los mismos abogados que apoyaban el requerimiento admitían que al final la decisión de los ministros del TC no sería sobre el reglamento, sino que sobre el dictamen de Bermúdez.

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien fue una de las principales impulsoras de esta arremetida, aseguró en conversación con Pauta Final, de PAUTA, que “quien tiene que dar las explicaciones es el contralor”. Según la senadora, la pugna tuvo su origen cuando Bermúdez se extralimitó en sus facultades al redactar un dictamen que a su juicio no respetaba la autonomía de los cuerpos intermedios y la libertad de conciencia.

El exministro Gabriel de la Fuente afirmó en Pauta Final que el resultado era totalmente “previsible, ya que el TC está absolutamente politizado”. Además, de la Fuente expresó que “la Contraloría tenía una interpretación que es la correcta, es decir, que si una institucion privada con convenio con el Estado se subroga en el Estado y en sus funciones y, por lo tanto, no puede ser objetor de conciencia”.

Con esta derrota, Jorge Bermúdez cierra una semana oscura. El lunes debió recibir a Dorothy Pérez de regreso como subcontralora, y el jueves no solo fue derrotado ante el TC, sino que evidenció la distancia que lo separa de La Moneda. Han sido los costos de su arriesgada soledad.