El mecanismo de Piñera para destituir a Hermes Soto y renovar el Alto Mando de Carabineros

En 30 horas, y ante la resistencia de Soto de renunciar, el Gobierno optó por dar curso a la salida del general a través de un inédito decreto de remoción. Ahora los tiempos los manejará la Contraloría, cuya toma de razón es ineludible.

Fueron 30 horas frenéticas en la Dirección General de Carabineros y en La Moneda. La situación —desatada a las 12:00 horas del miércoles 19 de diciembre por la filtración de un nuevo video que había permanecido oculto y que registró parte del operativo policial que terminó con la muerte de Camilo Catrillanca— significó la mayor crisis político-institucional para Carabineros y un gobierno de los últimos 24 años.

La divulgación del video selló ese mismo miércoles el futuro del general director de Carabineros, Hermes Soto. Ese día personeros del Gobierno informaron que el caso Catrillanca llegó a tal gravedad que el Presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior, Andrés Chadwick, concordaron en que no había otra opción más que en pedirle la renuncia. Resultaba evidente que, más allá de la buena relación forjada entre Soto y sus superiores en La Moneda, el general carecía de autoridad sobre sus subalternos, quienes consistentemente le han mentido. Además, el propio Soto sufrió los efectos de pugnas de poder en su propia institución.

La decisión de sacar a Soto no se concretó el mismo miércoles solamente porque estaba agendada la ceremonia anual de graduación de Carabineros, instancia oficial que además necesitaba de la presencia de un general director en funciones. Por eso, La Moneda optó por esperar hasta el día siguiente para darle curso.

Un general director en resistencia

La solicitud de renuncia a Soto se concretó formalmente durante la mañana de este jueves 20 de diciembre. Según fuentes de Gobierno, fue Chadwick quien se lo comunicó.

Horas más tarde entre La Moneda y la Dirección General de Carabineros se desató la disputa, pues Soto se negó a renunciar. Sus argumentos, según fuentes del Ministerio del Interior, se basaban en que la máxima autoridad de la institución “no quería pasar a la historia” como un general que cometió errores en sólo 10 meses al mando de Carabineros. Así, Soto se rehusó a despachar el decreto del organismo en que se oficializaba administrativamente su salida de la entidad.

Esas diferencias explicaron el silencio que reinó en Palacio durante toda la jornada. Por los patios de La Moneda no había ninguna autoridad ni asesor de Gobierno que saliera a dar luces sobre qué iba a pasar con la institución policial. Ante la resistencia de Soto, el Ejecutivo analizó la situación y optó por forzar su salida. “O él renuncia o yo le pido la renuncia; en este caso, fue lo segundo”, confirmaría más tarde el propio Piñera en una entrevista con el programa Ahora Noticias. Tanto Eduardo Gordon (2011) como Bruno Villalobos (2018) son antecedentes inmediatos de otros generales que, en esos casos, sí aceptaron presentar su renuncia. Ambos ante el mismo Sebastián Piñera.

El Mandatario recordó que la crisis que vive Carabineros está entre las peores tras el retorno a la democracia. Se refería con ello a los problemas de corrupción que han dañado su imagen este año, pero hay otro tipo de crisis que se abrió con la resistencia de Hermes Soto a dimitir.

Aunque en un contexto claramente distinto, la destitución de Soto abre una crisis político-institucional que tiene su más próximo precedente recién en 1994, cuando el entonces general director Rodolfo Stange se rehusó a renunciar luego de los llamados públicos que al respecto hiciera el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En abril de aquel año, el juez Milton Juicia había concluido la investigación por el Caso Degollados y determinó que hubo “incumplimiento de deberes militares y obstrucción a la justicia”. Convocado a La Moneda e instado a dimitir, Stange se opuso, fundado en la protección de inamovilidad que les brindaba la Constitución a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden. “Yo no me retiro”, fue su célebre frase ante la prensa de La Moneda. No se iría de la institución sino hasta diciembre del año siguiente, tras lo cual postuló exitosamente como senador por la circunscripción electoral de la Décima Región Sur (Región de los Lagos) como independiente por el bloque de centroderecha (Unión por Chile, antecesor del actual Chile Vamos); en 2003 se integraría formalmente como militante de la UDI.

Otro incidente similar de desencuentro reciente entre un alto oficial y la autoridad civil ocurrió en septiembre de 2002, por una polémica vinculada con informaciones de violaciones a los derechos humanos en la Fuerza Aérea entregadas a la Mesa de Diálogo. La incomodidad con la permanencia del general del aire Patricio Ríos, comandante en Jefe de la FACh, se mantuvo por semanas hasta que el 13 de octubre el militar presentó su renuncia al presidente Ricardo Lagos en Viña del Mar.

El artículo 104 de la Constitución

La inamovilidad de los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden quedó desactivada tras la reforma constitucional firmada por el presidente Ricardo Lagos en 2005. Sin embargo, se mantuvo un dispositivo en la propia Carta Fundamental que ahora le provocó problemas a la administración de Sebastián Piñera.

En medio de la pugna entre el Gobierno y el General Director, Piñera citó a Soto a La Moneda este jueves 20. El uniformado llegó a las 17:00 horas. Entró a Palacio por calle Teatinos, evitando a toda la prensa que estaba en el lugar. La reunión con el Mandatario y Chadwick duró cerca de 25 minutos. Su resistencia a renunciar se mantuvo y luego regresó a la Dirección General de Carabineros, donde poco antes se había juntado con el Alto Mando.

Para destituir a Hermes Soto, La Moneda activó el mecanismo estipulado en el artículo 104 de la Constitución. En su segundo inciso, dicha norma establece que “el Presidente de la República, mediante decreto fundado e informando previamente a la Cámara de Diputados y al Senado, podrá llamar a retiro a los comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea y al general director de Carabineros, en su caso, antes de completar su respectivo período”.

Según explicaron desde el Gobierno, Soto seguirá como general director de Carabineros hasta que se concrete dicho decreto fundado. Las mismas fuentes del Ejecutivo aseguraron que haber optado por esta vía provocará justamente lo que Soto quiso evitar: Piñera tendrá que dejar registrado en el decreto sus “razones fundadas” para solicitar el término anticipado del general director, que en periodos normales dura cuatro años.

A pesar de que la interpretación constitucional de La Moneda decía que la información del decreto al Congreso “sólo bastaba con una comunicación vía oficio y en la oficina de partes”, el Legislativo tomó precauciones y opostó por citar a una sesión especial en el Senado a las 12:00 y en la Cámara para las 14:00 horas de este viernes 21 de diciembre. De ese modo se evitará una discrepancia constitucional, dado que los legisladores de la oposición habían planteado que “informar” al Parlamento implica que sus integrantes conozcan el decreto en Sala y no por la recepción de una mera correspondencia.

No bastará con la formalidad ante el Congreso. Pese a que una interpretación de La Moneda apunta a que el decreto debe tener vigencia inmediata, la Contraloría aún debe realizar un examen a su contenido sin el cual ese documento sería inválido. “La Contraloria hace el control de legalidad. Por eso tiene que tomar razón del decreto con el que se remueve al general Soto”, informó a PAUTA la entidad dirigida por el contralor Jorge Bermúdez.

El control de legalidad es relevante por al menos dos motivos: el primero es formal, porque cualquier error que contenga el decreto debe ser enmendado antes de que entre en vigencia, y el segundo es por su efecto político, pues existe la posibilidad de que Soto permanezca en su puesto por varios días más que los previstos en el diseño de La Moneda. La Contraloría, al menos formalmente, tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para resolver.

“Carabineros necesita un nuevo liderazgo”

“Como Presidente de la República he llegado a la conclusión [de] que Carabineros de Chile necesita un nuevo liderazgo”, dijo Piñera cuando comunicó oficialmente que le había pedido la renuncia a Soto y que se le había dado curso a todos los trámites administrativos correspondientes.

La frase del Mandatario, acompañado de Chadwick y del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, fueron las primeras palabras oficiales de La Moneda para referirse a esta crisis en Carabineros. El remezón fue incluso mayor de lo que se había comentado en las primeras horas de la jornada.

Piñera anunció que se dio “curso a la renuncia de 10 generales de Carabineros de Chile con el propósito de facilitar la conformación de un nuevo alto mando, que nos permita enfrentar con voluntad, eficacia y oportunidad los problemas que aquejan hoy a Carabineros y los grandes desafíos que debe enfrentar en el futuro la institución”. La renuncia de dichos uniformados fue solicitada por el propio Presidente y será el mismo general Soto quien deberá cursar la petición.

Los 10 uniformados que abandonarán la institución son Álvaro Altamirano, Fernando Riveros, Fernando Petit, José Rivera, Kurt Haarmann, Eric Gajardo, Rafael Rojas, Andrés Gallegos, René Ureta y Rodrigo Cádiz. Con los cambios iniciales ocurridos en marzo con la salida de Bruno Villalobos y otros altos oficiales de la Dirección de Carabineros, además del nuevo Alto Mando aprobado en octubre por Piñera ante la propuesta de Hermes Soto y otras dimisiones ocurridas estos meses productos de casos como la Operación Huracán, el millonario fraude en la institución y ahora el Caso Catrillanca, ya son más de 40 los generales que habrán salido en apenas 10 meses. Su renovación estará a cargo en parte de quienes eran coroneles hasta hace un año y cuyas promociones como oficiales se acercan a fines de la década de 1980.

En el Gobierno explicaron que Piñera busca “organizar un nuevo alto mando con funcionarios que tienen 30 años de servicio”. En otras palabras, el Mandatario persigue una “verdadera renovación generacional en la institución”. De esta forma, dicen en el Ejecutivo, se podrá poner en marcha los planes que tiene La Moneda para modernizar “verdaderamente” Carabineros.

De hecho, Interior ya dio los primeros pasos en este sentido al redactar e ingresar un proyecto de ley que busca generar más controles internos y externos y subordinar las policías al control civil. Dicho proyecto ya fue aprobado en general por la Comisión de Seguridad del Senado, y el Gobierno valora que la iniciativa cuente con el apoyo de los senadores opositores Francisco Huenchumilla (DC) y Felipe Harboe (PPD).

Con Soto y los 10 generales fuera de la institución, la lista de antigüedades correrá conforme al resto de los uniformados que siguen en el Alto Mando. Aún no hay certezas en La Moneda sobre el sucesor de Soto. Sin embargo, fuentes de Interior comentaron a PAUTA que el director de Bienestar de Carabineros y actual decimoquinta autoridad, Mario Rozas, podría ser una de las cartas de Piñera para asumir el mando. Esto recién ocurrirá cuando haya claridad de quienes serán las cinco antigüedades, el grupo de generales inspectores desde donde se escoge al número uno de Carabineros.

Rozas es cercano al Presidente. Durante su primer gobierno el uniformado se desempeñó como su edecán. La cercanía que se pudo construir esos años, afirman en La Moneda, sería relevante a la hora definir quién será definitivamente el nuevo general director de Carabineros. En todo caso, según el tiempo que se tome la Contraloría para cursar la toma de razón del decreto fundado de destitución de Soto, el Gobierno tendrá tiempo para chequear los antecedentes del Alto Mando de Carabineros, según comentó el propio Presidente Piñera en Mega.

En esa entrevista, el Mandatario respaldó la permanencia de Andrés Chadwick como ministro del Interior y de Rodrigo Ubilla como subsecretario de la cartera.