Juicio secreto en China pone de relieve turbio sistema judicial
El juicio a puertas cerradas de un abogado defensor de los Derechos Humanos arrestado en 2015 pone otra vez en la mesa la discusión sobre la falta de garantías legales en China.
El juicio a puerta cerrada de un destacado abogado especializado en derechos humanos en China pone de relieve la preocupación sobre el turbio sistema judicial del país asiático, en un momento en que diplomáticos y ejecutivos extranjeros están atentos al destino de dos ciudadanos canadienses.
El abogado Wang Quanzhang fue juzgado en el puerto norte de Tianjin, acusado de “subversión del poder estatal”, según una declaración del Tribunal Popular Intermedio Nº 2. No se emitió un veredicto inmediatamente después del juicio, que se produjo más de tres años después de que Wang fuese detenido como parte de una ofensiva contra abogados que representan a activistas y otras presuntas víctimas de la represión política.
Los procedimientos ponen el foco de atención en el sistema de justicia opaco y secreto de China, que da a las autoridades una amplia libertad para retener a ciudadanos y extranjeros durante largo tiempo sin el proceso debido. Estas prácticas han sido objeto de un mayor escrutinio desde que la agencia de espionaje de China detuvo a dos ciudadanos canadienses este mes y miembros del Congreso de Estados Unidos pidieran sanciones tras la publicación de informaciones de que el Gobierno tiene a un millón de personas en campos de internamiento en la región predominantemente musulmana de Xinjiang.
Wang se encontraba entre los más de 200 abogados y activistas legales detenidos en 2015, en una de las mayores represalias desde que el presidente chino, Xi Jinping, llegó al poder hace seis años. Un miembro del bufete de abogados Fengrui, que representó a los practicantes del grupo religioso prohibido Falun Gong, estuvo detenido sin cargos durante seis meses y se le negó el acceso a abogados o familiares durante más de tres años.
El grupo de Defensores de los Derechos Humanos de China denunció el procedimiento como una “farsa de juicio” e instó a gobiernos y organizaciones extranjeras a solicitar la libertad de Wang. “Pueden referirse al caso de Wang Quanzhang, hacer sonar la alarma por la grave injusticia en este caso, y solicitar su liberación cuando se reúnan con cualquier cargo chino a cualquier nivel del gobierno durante conferencias o visitas”, dijo.
Si bien Xi ha hecho del fortalecimiento del “imperio de la ley” en China un punto central de su mandato, la campaña ha codificado y ampliado las normas que otorgan a las autoridades un amplio margen para negar el proceso debido si se invocan razones de seguridad nacional. El ex diplomático canadiense Michael Kovrig, quien fue detenido después del arresto en Vancouver de una ejecutiva de Huawei Technologies Co., está retenido en una instalación secreta, donde se le interroga tres veces al día y se le ha negado el acceso a abogados, dijo una persona familiarizada con el asunto la semana pasada.
Wang es uno de los más de 1.400 disidentes políticos y religiosos encarcelados en China a fecha de octubre, de acuerdo con la Comisión Ejecutiva del Congreso de Estados Unidos sobre China, que dijo que probablemente haya un número “considerable” de otros casos que no se han informado.