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A unos y a otros: qué municipios auditará la Contraloría en el año previo a las elecciones

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POR Eduardo Olivares |

Las municipalidades de Maipú, Santiago, Providencia, Recoleta, Valparaíso y Las Condes están en la primera fila de prioridades del plan de auditoría del organismo contralor. El impacto político de sus hallazgos puede ser amplio.

“Fiscalizamos comunas grandes o pequeñas, y atendemos las denuncias, por montos ínfimos o grandes sumas“, dice un tuit de la Contraloría General de la República (CGR) de octubre del año pasado. A partir de ese dato, revela que hubo más de dos mil fiscalizaciones en 2017 que resultaron en solicitudes de reintegro a las municipalidades por casi $5 mil millones.

El objetivo de estas fiscalizaciones del ente contralor está en su propia ley orgánica constitucional, pero el impacto de sus conclusiones trasciende las cuentas administrativas y tiene ribetes políticos de mayor alcance. Los partidos están atentos a cuál será el plan de auditorías del organismo que encabeza Jorge Bermúdez, por dos motivos vinculados: los resultados de esas pesquisas podrían influir en las elecciones municipales de 2020 y, más importante, podrían afectar el desempeño de alcaldes que ya aparecen en una aventajada grilla de posibles candidaturas presidenciales.

PAUTA conoció el plan de auditoría a las municipalidades 2019 y, de la docena que ya aparece identificada, hay al menos tres de alta sensibilidad por los alcaldes que las dirigen: Maipú (Cathy Barriga), Recoleta (Daniel Jadue) y Santiago (Felipe Alessandri). Tanto Barriga como Jadue aparecen como menciones espontáneas de potenciales candidaturas presidenciales, de acuerdo con la más reciente encuesta de Criteria Research, correspondiente a la medición de enero.

¿Cuál es el criterio contralor en el diseño de su plan?

Hacia dónde apunta la Contraloría

Una auditoría es una inspección de cuentas y de verificación de controles. Para definir qué auditar, se elaboran matrices que ponderan más algunos elementos que otros. En el caso de las auditorías de la CGR a las municipalidades, los factores que más pesan en la ponderación son el presupuesto que maneja la entidad comunal, el impacto (su población atendida), el historial de procesos de fiscalización previos y una evaluación sobre su relevancia en las políticas públicas.

Por lo tanto, es normal que las indagaciones se concentren en los municipios más grandes, sostiene el doctor en ciencia política Claudio Fuentes González, investigador y académico del Instituto de Estudios Municipales (Ichem) de la Universidad Autónoma. Entre otros factores, comenta que muchos líderes locales pueden utilizar los hallazgos para sus propia campañas: “Su vinculación con las élites nacionales pueden ser muy fuertes al momento de futuras nominaciones o de campañas y estrategias políticas”.

Con la figuración pública que han tenido los procesos abiertos en La Florida y Viña del Mar, cuyos respectivos alcaldes Rodolfo Carter y Virginia Reginato son de la UDI, este partido cuestionó al contralor Bermúdez. Tanto por estas fiscalizaciones como por dictámenes relacionados con el aborto en tres causales, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Ryselberghe, dijo que el alto funcionario “está haciendo fallos que son políticos. No está haciendo su labor como corresponde. Hay un sesgo de izquierda en la forma de actuar del contralor”, dijo a La Tercera a fines de enero.

En esta revisión de PAUTA se considera el período de auditorías 2018-2019. Hay cuatro tipos, según la etapa en que están: 1) “cerradas” al 30 de enero de 2019; 2) “en cierre”, porque aún falta evacuar su informe final; 3) “en ejecución”, porque hay una recolección de evidencia en marcha, y 4) “en planificación”, que son aquellas que aún no comienzan y cuya próxima implementación fue recién comunicada a cada alcalde.

De acuerdo con los registros 2018-2019 de todas las auditorías de la CGR (cerradas, en cierre, en ejecución y en planificación), no pareciera haber una inclinación arbitraria hacia un determinado sector político. Para esta medición, PAUTA identificó a qué partido político pertenece o es relacionado cada alcalde en la actualidad, y luego en qué bloque político está inserto. Por ejemplo, algunos jefes comunales, como Jorge Sharp (Valparaíso), son clasificados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) como “independiente”, pero su pública adscripción a una colectividad no formalizada como partido político (Movimiento Autonomista) permiten vincularlo con el Frente Amplio. Lo mismo sucede con Cathy Barriga: aunque es “independiente”, su vinculación con la UDI es conocida y en todo caso su exitosa candidatura se presentó dentro del pacto de Chile Vamos.

En el gráfico se observa que el 43% de la 340 auditorías en el período señalado está concentrado en municipalidades con un alcalde del bloque oficialista Chile Vamos (ya sean militantes o independientes apoyados por sus partidos), y el 40% por uno de la oposición ex Nueva Mayoría. Tales porcentajes calzan con la proporción de alcaldes que cada bloque obtuvo en las elecciones municipales de 2016: 42% Chile Vamos y 40% la entonces Nueva Mayoría. Asimismo, quienes en aquellos comicios se presentaron como “independientes fuera de pacto” llegaron al 15% de los alcaldes electos, y la muestra auditada por la CGR en 2018-2019 considera un 12% de actuales “independientes”.

Los equilibrios de Bermúdez

A juicio de Claudio Fuentes González, la proporción de las municipalidades auditadas debiese estar vinculada con su historial de hallazgos en procesos previos.

Las auditorías “cerradas” y en “cierre” significan que ya existen hallazgos; es decir, los alcaldes sometidos a esas revisiones ya recibieron los informes finales o parciales de los problemas que la CGR detectó en sus controles. He allí, por ejemplo, los casos de Viña del Mar, La Florida, Santiago o San Ramón.

La incertidumbre la tienen aquellos alcaldes cuyos procesos están recién “en ejecución” y “en planificación”, pues los hallazgos serán publicados a lo largo de 2019, con el consiguiente impacto ante la opinión pública si los resultados son críticos.

Según los datos revisados por este medio, de los 92 procesos de auditoría en ejecución o en planificación, el 42,4% los concentran municipios cuyos alcaldes pertenecieron a la Nueva Mayoría; 38% al oficialismo, 12% independientes y 3,2% al Frente Amplio. 

Sobre cuáles deben ser las prioridades de la Contraloría, el académico del Ichem apunta a un principio de realidad. “El contralor Bermúdez debería resguardar los equilibrios en dos casos. Uno, auditar comunas con características similares en términos de población, nivel socioeconómico y de auditorías anteriores. Y en segundo punto, auditar por igual a municipios con alcaldes presidenciables, tales como Maipú, con Cathy Barriga; Recoleta, con Daniel Jadue; Santiago, con Felipe Alessandri, y Las Condes, con Joaquín Lavín”, dice.

“La gente está mirando harto la gestión local”, cree Cristián Valdivieso, director de Criteria Research. A su juicio, los votantes miran a los líderes “desparlamentarizados” y que “están menos en la discusión política”. En ese arco de nombres, aparecen con consistencia Joaquín Lavín y Cathy Barriga.

En la lista de alcaldes cuyos municipios la Contraloría está auditando ahora mismo, aparecen varios de los presidenciables.

Mientras en Las Condes hay en ejecución una auditoría a sus controles internos, en Providencia (que encabeza Evelyn Matthei) hay tres: administración de recursos financieros, infraestructura, y funciones institucionales y procedimientos. Tanto Lavín como Matthei, ambos ex candidatos presidenciales por la UDI, aparecen mencionados en forma espontánea en los sondeos de Criteria Research.

Otros alcaldes de usual impacto nacional son Jorge Sharp y Felipe Alessandri. Aunque no aparecen en la encuesta de Criteria Research, dirigen los estratégicos municipios de Valparaíso y Santiago, respectivamente, y también están siendo auditados por la Contraloría. “Siento que estamos en el ojo de la Contraloría”, dice Alessandri, aunque asegura que “vamos bastante bien”. La CGR se ha enfrascado sobre todo en una disputa sobre el papel de la Dirección de Obras Municipales de Santiago (y de otros municipios), “y en eso claramente tenemos una posición disímil”, plantea la autoridad santiaguina.

Barriga, Jadue, Alessandri y pocos más

Hay 15 auditorías municipales planificadas para este año. Podrían ser más, dado que ahora la CGR dispone de un modelo “flexible” que puede ir adaptándose a lo largo del año, y en cualquier caso siempre debe acomodar recursos para fiscalizar aquellas denuncias que permanente recibe. De esas auditorías planificadas a municipalidades, al 30 de enero solo se había notificado a 12 de ellas, por lo que hay tres cuyos nombres aún están en reserva.

De la lista de municipalidades que recibirán a los auditores de la CGR, tres tienen alcaldes UDI (Maipú, Olmué y San Pedro), un RN (Santiago), dos DC (La Granja y Lo Espejo), tres PS (Calle Larga, El Monte e Independencia), un PPD (La Cisterna), un PC (Recoleta) y un independiente (Quilicura). PAUTA contactó a cada uno de los equipos de estos alcaldes para obtener una versión acerca de estas revisiones que les practicará la Contraloría.

El alcalde Alessandri cuenta que están notificados por la Contraloría de una nueva auditoría que está en planificación. En 2019 el área que la CGR observará es el de adquisiciones y abastecimiento. “Estamos bien preparados”, adelanta Alessandri.

La Municipalidad de El Monte, encabezada por el socialista Francisco Gómez, comenta que la CGR está examinando el Departamento de Administración de Educación Municipal, en su área presupuestaria 2018. “Siempre vemos en estos procesos una oportunidad para mejorar aspectos administrativos. Prestamos toda la colaboración a los auditores y estamos confiados que las observaciones que nos han realizado en el pasado, las hemos ido incorporando a nuestro quehacer”, dice Cristian Galdames, administrador municipal.

Ningún otro alcalde o encargado de las otras municipalidades respondió las consultas. En Maipú ya hay en marcha una revisión de auditoría a los estados financieros del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa). En Recoleta hay activa una indagación a los ingresos por recuperación y reembolso de licencias médicas. Dado el impacto público de Maipú (Barriga) y Recoleta (Jadue), este medio insistió numerosas veces obtener una respuesta de esos municipios, pero el resultado fue infructuoso. 

En 2017, la Contraloría realizó 241 auditorías a municipalidades, 21 inspecciones a obras públicas y 223 investigaciones especiales, según un informe de hitos de su gestión. Los principales hallazgos se relacionaron con incumplimientos en concesiones de aseo y en rendición de cuentas; en gastos objetados relativos a la subvención escolar preferencial, al Fondo de Apoyo a la Educación Municipal, y a viajes y viáticos de alcaldes, concejales y funcionarios municipales; irregularidades en compras públicas y remuneraciones; y gastos improcedentes en celebraciones, entre otros ítems.