El cálculo del costo de la COP25 se refina: ahora es US$ 83 millones

El Senado revisará y votará el proyecto de ley que permite financiar US$ 35 millones de la cumbre. Sin embargo, es solo un parte de lo que se necesita para lograr la meta final.

Este jueves en la noche la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt tomará el avión desde Nueva York a Santiago, luego de participar el evento “Clima y Desarrollo Sustentable Para Todos”, de Naciones Unidas. La reunión de alto nivel sobre la protección del clima mundial fue también una oportunidad para avanzar en los temas que se abordarán en la COP25 que se realizará entre el 2 y 13 de diciembre en nuestro país. Eso urge a la ministra.

De hecho, Schmidt se juntó con Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), para conversar más en profundidad los temas de la cumbre. Pero esta reunión también sirvió para reforzar otro tema esencial del encuentro: los apoyos económicos para la conferencia medioambiental más importante del mundo.

Las cifras son altas. El próximo martes, la titular de Medio Ambiente deberá presentarse en el Senado para seguir con el trámite del proyecto de ley, que fue aprobado la semana pasada en la Cámara, y que autoriza el uso de US$ 35 millones para financiar en parte de la cumbre.

Sin embargo, la cifra es solo un porcentaje del presupuesto total que tiene considerado el Gobierno. Aunque lo solicitado por el ministerio incluye un máximo de US$ 90 millones, el subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, sinceró el monto estimado concreto: la COP25 costará US$ 83 millones.

De este valor, que pasó inadvertido durante la dicusión en la Cámara de Diputados, y que fue confirmado por PAUTA, al menos US$ 64 millones son solo para cubrir las actividades específicas de liderar la presidencia de la COP y organizar el evento. Es decir, es el financiamiento imprescindible para realizar la cumbre. Los US$ 19 millones restantes serían necesarios, en una primera instancia, para actividades paralelas al encuentro como, por ejemplo, instancias ciudadanas.

Los cálculos se hicieron tras contactar a Polonia, Perú y Francia, y la propia secretaría de la Convención. Ellos dieron las principales líneas para hacer un presupuesto en base a las experiencias de las organizaciones anteriores.

El desafío es elevado. Chile, al ser sede, es responsable de la organización, producción y ejecución del encuentro.  Por eso, es clave definir cómo se recaudará todos los millones para “hacer caja”.

Una vez aprobado el proyecto de ley en el Senado y luego promulgado, se firmará un convenio para que la Fundación Imagen de Chile reciba la transferencia los US$ 35 millones -equivalentes a $22.750 millones- desde la Subsecretaría de Medio Ambiente y con eso, iniciar el grueso de la organización. Esto, siempre y cuando, la Contraloría actúe con rapidez y le dé el visto bueno al acuerdo.

“Es un monto prudente para que ponga el Estado”, comentó el subsecretario Riesco a los parlamentarios el miércoles pasado.

La tarea más pesada que tendrá Imagen de Chile será conseguir el resto: al menos US$ 29 millones para costear la base del encuentro. Los fondos podrán ser levantados desde otros países, desde el sector privado y también desde organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales.

Desde el Ejecutivo, aseguraron que ya están comprometidos los apoyos de Alemania, Reino Unido, Canadá, Suiza, Italia y Noruega. De hecho, este miércoles, el Presidente Sebastián Piñera recibió a los reyes Harald V y Sonja de Noruega en visita de Estado para celebrar el centenario de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. En la instancia, el Mandatario chileno agradeció la colaboración de ese país en la en la organización de la Cumbre del Cambio Climático.

Sin embargo, estos recursos no serían suficientes y desde la cartera de Medio Ambiente estiman que el aporte ciento por ciento privado debe alcanzar al menos los US$ 18 millones. Estas donaciones tendrán beneficios tributarios y podrán ser computados como gasto, para ser descontados del impuesto de primera categoría.

Con todo, los cálculos más optimistas en la organización esperan que esos US$ 29 millones sean el piso de recaudación y apuestan a que los aportes externos puedan duplicarse y llegar a montos cercanos a los US$ 57 millones para ejecutarse durante de 2019 y el 2020.

Desde tarjetas BIP! a pólizas

La COP25 durará dos semanas y para ello se contemplan, según las cifras oficiales, un costo de US$ 21,5 millones (calculado 1 dólar a 650 pesos) por el evento en Santiago. Sin embargo, es en la segunda parte donde se concentrará las reuniones de alto nivel con ministros y mandatarios.

Se espera que el 11 y 12 de diciembre participen al menos 30 presidentes y sus delegaciones. Solo para solventar sus gastos, el presupuesto de la cumbre considera US$ 405 mil.

Pero, además, hay que tener en cuenta el traslado gratuito de asistentes que estarán 12 días en Chile y para eso, se tiene estimado US$ 1,08 millones, asociados a la obtención de tarjetas BIP para al menos 22.500 participantes durante todos los días del evento.

A esto se suma el gasto de US$ 1 millón para costear parte del equipo de presidencia COP25, lo que permite “comenzar a operar y viabilizar el proyecto”. Además, hay un pago fijo de US$ 7,8 millones para financiar la participación del secretariado ejecutivo de la Convención, que serían cerca de 600 personas.

También está calculado los costos de administración y operación por US$ 1,89 millones que incluye la contratación de los profesionales asignados para el encuentro y los gastos propios del equipo COP25 (habilitación oficina, arriendo y equipos, entre otros). Además, hay US$ 1 millón destinado a pagar la póliza de seguro que garantizará la transferencia de recursos a privados. 

Asimismo, está considerado un fondo de contingencia de US$ 1,25 millones.

Las dudas de la oposición

La COP25 ha sido calificada por el Gobierno como el evento más grande que se ha organizado en Chile desde el mundial de 1962. Pero el llamado para recolectar fondos privados que lo financien inquietó principalmente a la oposición.

Tanto en la discusión que se dio en las comisiones de Medio Ambiente, de Hacienda y en la Sala de la Cámara de Diputados, los parlamentarios del Frente Amplio y algunos de la ex Nueva Mayoría manifestaron su preocupación de que esos aportes de empresas se conviertan en una oportunidad de “publicidad” para compañías que hoy están siendo cuestionadas por su comportamiento medioambiental.

De hecho, el diputado (RD) Giorgio Jackson preguntó a la ministra Schmidt qué medidas específicas se tomarán para evitar que empresas contaminantes donen para “lavar su imagen”. En la misma línea, el diputado Patricio Melero (UDI) consultó si hay alguna regulación en relación con qué tipo de empresas pueden hacer aportes y si podrían donar empresas contaminantes.

El debate de este punto también se repetiría el próximo martes en el Senado, donde el presidente de la comisión de Medio Ambiente, Guido Girardi ya advirtió que pedirá que la donación de los privados sea confidencial. “Esto no tiene que ser la suerte de una mala Teletón donde se entregarán cheques para lavar la imagen. Eso es inaceptable”, dijo el senador a PAUTA.

El parlamentario PPD agregó que las donaciones “tienen que ser coherente” y evitar que empresas “sin ningún compromiso ambiental” financien el evento. “Si hay aportes, por lo menos, que se establezcan que sean empresa que claramente tienen una garantía de cumplimiento y de altos estándares ambientales para que esto no sea un aprovechamiento”, señaló Girardi.

Por otra parte, el senador de la UDI y miembro de la misma comisión, David Sandoval comentó a PAUTA que la discusión sobre quiénes donarán dinero a la COP25 es “válida” y que debe trasparentarse. “Es bueno establecer algunas condiciones en la misma ley que se está tramitando y la COP25 es mucho más allá que un mero compromiso local. Este es un tema de incidencia mundial”, añadió Sandoval.

Ahora hay que esperar que respuesta dará la titular de Medio Ambiente en la Cámara Alta, pues al menos a los diputados les dijo que si no se incluía al sector privado en los procesos de transformaciones “vamos a avanzar mucho más lento” en los objetivos de la COP; pero, ante las dudas sobre las donaciones, explicó que existe un marco base que determina si se puede o no se puede, por ejemplo, utilizar las marcas o logos de empresas.

La idea, señaló Schmidt, sería promover -al igual que en otras convenciones- la presencia de empresas que puedan mostrar cómo están avanzando en la reconversión hacia procesos productivos sustentables y limpios. Sin embargo, según la propia ministra, hay una parte de la normativa que quedaría a criterio de los organizadores.