La expansión política y de DD.HH. del caso Chacalluta

Tras la crisis de migrantes venezolanos en los pasos fronterizos del norte, el Gobierno inició una contraofensiva ante las críticas. Mientras el INDH cuestiona los métodos, el oficialismo respalda a Interior.

Por segunda semana consecutiva, la crisis de los cientos de venezolanos que llegaron a los pasos fronterizos de Chacalluta y Colchane -intentando ingresar a Chile- fue tema central del tradicional Comité Político de los días lunes en La Moneda.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, debió volver a exponer ante los personeros de Chile Vamos sobre las medidas que está adoptando el Ejecutivo para hacer frente a la masiva llegada de migrantes. A lo largo del masivo éxodo de ciudadanos venezolanos, no se había registrado una situación similar.

Si bien desde el Gobierno han insistido en que se ha abordado este hecho con “responsabilidad” y a que han intentado explicar los alcances de las gestiones, los cuestionamientos no han cesado, e incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos  (INDH) ya presentó un recurso de amparo en favor de los dichos ciudadanos.

Adicionalmente, parlamentarios de oposición ya evalúan denunciar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que otros organismos pedirán que la Contraloría investigue el posible incumplimiento legal en el que habrían incurrido funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Extranjería, al negar el acceso al país.

Los diferentes representantes oficialistas se han encargado de transmitir el trabajo que lleva adelante el Ejecutivo. Han recordado, por ejemplo, que la situación en la frontera se dio luego de que el 15 de junio Perú decidiera establecer una visa consular de forma “sorpresiva”, como el mismo Chadwick ha asegurado.

El mensaje que el oficialismo busca transmitir apunta a una previsión. En los próximos meses más de 340 mil venezolanos buscarán ingresar al país, dicen las estimaciones que manejan en el Gobierno, en una suerte de “nueva ola migratoria”. Por esto, según el Ejecutivo, más que nunca hay que abordar la situación con responsabilidad.

Las explicaciones de Chadwick

El lunes, el ministro del Interior; el subsecretario Rodrigo Ubilla y el asesor de Política Migratoria, Mijail Bonito, llegaron hasta la Comisión de Derechos Humanos del Senado para abordar explicar qué está haciendo la administración del Presidente Sebastián Piñera para ir en ayuda de los venezolanos.

En la instancia, el secretario de Estado explicó, tal como lo había hecho más temprano, que la política migratoria de Chile “se mantiene exactamente igual”, y que lo que cambió fue que el día 15 de junio “Perú hizo un cambio sorpresivo en términos de establecer una visa consular para el ingreso de venezolanos”.

Esa determinación, como dijo el ministro, “nos obligó” a establecer una visa consular similar, adoptando mecanismos “de carácter humanitario” para las personas que estaban en la frontera, trasladándola y reforzando la acción de los consulados en Tacna y La Paz.

“Tenemos fronteras abiertas, pero también es tradición que tengamos una migración ordenada, legal y que se cumpla la ley”, dijo Chadwick. Informó que entre el 22 y el 29 de junio ingresaron por Chacalluta 899 personas, 815 mediante salvo conducto o visa consular y 84 mediante una solicitud de refugio.

De mantenerse la crisis tal como está en Venezuela, entre cuatro y cinco millones de venezolanos dejarán el país y sus destinos serán principalmente Colombia, Perú y Chile, sostienen en La Moneda. A territorio nacional llegarían 300 mil venezolanos de aquel grupo.

Además, de acuerdo con las proyecciones que tiene el Ejecutivo, 49 mil venezolanos que se encuentran en Perú intentarían llegar a Chile en los próximos meses. Nueve mil de ellos, según el detalle entregado por el titular del Interior, se encontrarían en Tumbes, en la frontera de Perú con Ecuador.

Considerando aquello, Chadwick insistió en que se está haciendo lo necesario, entregando visas consulares, de reunificación familiar, de responsabilidad democrática, verificando la situación de menores de edad que no tienen certificados de nacimiento y postergando la vigencia de pasaportes. Siempre, eso sí, con respeto a la legislación vigente.

No es suficiente

Los argumentos expuestos por el secretario de Estado no fueron suficientes para el INDH, pues como comentó a PAUTA Rodrigo Bustos, jefe jurídico de la entidad, “el Estado chileno no ha estado a la altura en el sentido de entregar ayuda humanitaria”. Dijo que se han vulnerado los derechos humanos de muchos de esos migrantes, “especialmente de las personas a quienes se les rechazaron solicitudes de refugio en la frontera”.

A juicio del INDH, evidentemente ha existido un cambio en el trato hacia los venezolanos que no considera la grave situación que se vive en ese país. Si bien concuerda en que el Gobierno tiene derecho a establecer una política migratoria, Bustos insiste en que esto se debe hacer “con pleno respeto de los derechos humanos”.

Por esto, el abogado planteó que Chile debe hacer un esfuerzo por llegar acuerdo con los demás países de la región “para atender este fenómeno migratorio que probablemente no va a parar en el corto plazo y, por otra parte, flexibilizar los requisitos de ingreso y revisar una a una las solicitudes de refugio de las personas que piden protección al Estado”.

Las diferentes explicaciones que se han dado tampoco fueron suficientes para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, senador Alejandro Navarro (PRO). En conversación con este medio expuso que, contrario a lo que ministro planteó, la información que él tiene es que aún familias venezolanas aguardan por ayuda en la frontera y no solamente en los consulados, donde muchos fueron trasladados.

“Cada día llego más a la convicción de que el Gobierno ha aprovechado la decisión del gobierno de Perú para poner freno a la migración venezolana, porque ya tenemos 400 mil venezolanos y el número puede crecer”, sostuvo el parlamentario. Apunta como responsable al Presidente Piñera por “abandonar” a los migrantes en el desierto.

El parlamentario, un reconocido partidario del régimen chavista que hoy encabeza Nicolás Maduro en Venezuela, desestima que en realidad el origen de la responsabilidad está precisamente en quienes gobiernan en Caracas. 

Pese a ese antecedente, el senador PRO adelantó que su equipo jurídico está elaborando una denuncia que asegura interpondrá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado. “Chile no puede permitirse este tipo de situaciones”, recalcó. No ha apoyado medidas similares contra el Estado de Venezuela.

Desde la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado también han seguido de cerca las acciones que ha sido el Ejecutivo. Como comentaron desde el equipo a PAUTA, están trabajando para individualizar a cada uno de los ciudadanos que llegó a la frontera norte del país. Dado que consideran que se les ha violado la libertad ambulatoria, tomarán esos datos para presentar recursos de amparo en su favor.

Además, documentarán “el rebote en frontera”, para que así Contraloría investigue las posibles infracciones a la ley que estarían cometiendo funcionarios de la PDI y del Departamento de Extranjería. 

Chile Vamos se alinea

Aunque la visión de diferentes parlamentarios y organizaciones es bastante dura, los personeros de Chile Vamos acogieron el mensaje de La Moneda y salieron a respaldar las gestiones realizadas en favor de los venezolanos que intentan ingresar a territorio nacional.

De hecho, como sostuvo el jefe de bancada de RN, Alejandro Santana, esta puede ser una oportunidad para el país. “El Gobierno ha aplicado un plan de trabajo con información en línea, principalmente para resguardar los intereses internos y también los de quienes, por razones de carácter humanitaria, están llegando a nuestro país”, sostuvo. Agregó que “las puertas están abiertas”, pero que el acceso siempre debe estar sujeto a normas.

“Chile tiene una preocupación no solo por los venezolanos que viven en el país, sino que por los que están en otras partes del mundo. Pero también sabemos que hay que darle un ordenamiento, y eso genera, sin duda, impacto”, agregó.

La timonel de la UDI, senadora Jaqueline van Rysselberghe, manifestó que la acción que emprenden organismos como el INDH responden a una “visión sesgada”, pues tienen una postura de mucha proactividad en algunos temas y en otros “los dejan pasar”, como en situaciones de violencia en La Araucanía.

Desde el PRI, el vicepresidente Diego Berríos indicó que el partido apoya “la solidaridad que ha tenido el Presidente para enfrentar esta crisis. En Venezuela la gente está muriendo de hambre y no podemos hacernos los ciegos, pero así también debemos controlar y administrar el ingreso de migrantes, tal como lo hecho el Gobierno”.