Las peticiones del Tribunal Ambiental de Valdivia en su momento más polémico

La instancia está redactando el fallo por el caso de la Mina Invierno, lo que los ha tenido en el ojo del huracán. Su máxima autoridad aboga por cambios.

Unas 21.800 fojas son las que componen en este momento el expediente de la Mina Invierno, yacimiento de carbón ubicado en Isla Riesco (Región de Magallanes) que ha estado en el ojo del huracán por la paralización de sus tronaduras por parte del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. El proyecto, ligado a las familias Angelini y Von Appen, anunció la última semana de junio que despediría a 150 trabajadores, luego de que la instancia medioambiental resolviera mantener las medidas cautelares interpuestas en marzo que le prohibían tronar a una altura inferior a los 100 metros por sobre el nivel del mar. 

“Nosotros en este minuto nos encontramos en el período de redacción de la sentencia”, asegura el presidente del Tribunal, Iván Hunter, en conversación con PAUTA Bloomberg. “Es un juicio bastante complejo, tenemos una cantidad de información bastante considerable”, asegura el abogado valvidiano. 

El caso ha desatado la polémica por el largo recorrido judicial que ha enfrentado el proyecto, que implicó una inversión de US$ 500 millones. Según comentó el gerente general del mismo, Guillermo Hernández, Mina Invierno obtuvo su aprobación ambiental hace un par de años, sin embargo recién en 2018 se rechazaron por primera vez las tronaduras. 

Entre los cuestionamientos que han surgido tras conocerse el caso existen críticas que apuntan a que algunas empresas, tras obtener los permisos ambientales, realizan modificaciones al proyecto presentado sin someterse a una nueva revisión, apostando a que la autoridad no castigará el actuar considerando que la inversión ya está hecha. “Hay que entender algo, nosotros como tribunal ambiental tenemos la función de conocer una reclamación que ha sido interpuesta por una serie de personas que formularon observaciones dentro de un procedimiento de evaluación ambiental”, responde Hunter ante esas afirmaciones. 

“Las personas se forman una percepción de cómo opera la institucionalidad, cómo operan sus actores principales y muchas veces las realidades son diferentes”, sostiene. 

“Yo creo que aquí es súper importante considerar lo sieguiente: que los tribunales ambientales por ley tenemos una sola función que es la de revisión. A nosotros solo nos acompañan los antecedentes que dieron origen a los actos y revisamos ese acto en relación a los motivos que presentan en este caso los respectivos observantes”, explica el abogado. 

En su oportunidad, el gerente general del proyecto acusó también al tribunal de no haber acudido hasta Isla Riesco a conocer el proyecto. “Nosotros no tenemos la obligación de hacerlo, ni en esta causa ni en ninguna otra. Eso que les quede sumamente claro. Esa es una decisión que si el tribunal ambiental estima conveniente podría adoptar”, plantea el presidente.

“Es una práctica que nosotros tenemos instalada no en las reclamaciones, como la de Mina Invierno, sino que en las demandas por daño ambiental. Eventualmente ahí sí hemos decretado inspecciones personales”, comenta. 

Otra de las críticas que han surgido a la luz del proyecto Mina Invierno es la de una disparidad de criterios en el mismo tribunal, considerando que en una primera instancia éste habría aprobado las tronaduras en la mina, las mismas que luego frenó. “Yo creo que ha sido una constante preocupación la judicialización de los proyectos”, asegura Hunter. “Eso es algo que en general si uno revisa la crítica y especialmente las discusiones que se han dado en el contexto de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ahora bien, hay que comprender que la judicialización es inevitable por un razón básica: existe un derecho de todo ciudadano de recurrir a un tribunnal de justicia cuando entienden que una decisión de la administración los perjudica”, argumenta Hunter. 

“Si me preguntan cómo podemos aligerar esa situación, evidentemente que es aligerando el proceso en general. En temas de integración, los tribunales ambientales estamos muy al debe: nos estamos demorando un año y seis meses en renovar a cada uno de los ministros cuando salen”, reconoce el abogado. 

Tal demora se debería principalmente a lo engorroso del proceso de nombramiento de estas autoridades, el cual incluye el Sistema de Alta Dirección Pública, la Corte Suprema, el Ejecutivo y el Senado. “Hay un proceso que es complejo, que es difícil y si no logramos agilizarlo, lo que va a ocurrir es que los tiempos de resolución, de tramitación de los casos, se van a seguir extendiendo”, comenta. 

Por esto Hunter aboga por la necesidad de tener una Ley de Tribunales Ambientales 2.0 que les permita operar con mayor agilidad y mejorar los tiempos de elección de los ministros. “En la medida en que nosotros tengamos capacidad para poder enfrentar los casos difíciles en menos tiempo vamos a lograr mayor certeza, mayor estabilidad, que en definitiva es un valor que nostros reconocemos”, concluye Hunter.

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Escuche la conversación completa en PAUTA Bloomberg acá: