La violencia física y virtual que atrapa a los jóvenes

Según datos de la 9° Encuesta Nacional de Juventud, el 21,1% de los consultados dijo haber sido víctima de acoso cibernético. Los especialistas alertan por sus efectos en conductas suicidas.

Pese a los esfuerzos por sofocar la violencia entre los escolares, parecieran pocos los avances. O nulos. Los datos de la 9° Encuesta Nacional de Juventud (2018) revelan un panorama peor.

El sondeo, realizado por el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) y GfK Adimark, muestra que el 25,2% de las personas jóvenes asegura haber sufrido alguna situación de violencia física o sicológica en su lugar de estudios. Esto, si se compara con la medición anterior, la de 2015, revela un aumento de casi cinco puntos porcentuales. En ese entonces, el 20,6% de los jóvenes declaró haber sido víctima de violencia.

De todas formas, estas situaciones no se remiten solamente a los recintos educativos, pues el ciberacoso también ha ido al alza. De acuerdo con la indagación -cuyos resultados entregó este martes el director nacional de Injuv, Mirko Salfate, en compañía del ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel– el 21,1% de los jóvenes ha sido víctima de alguna situación de acoso cibernético. 

Si esto se compara con la 8° entrega de esta encuesta, el ciberbullying creció un 9%. Si bien la parrilla de preguntas en este ítem se actualizó y a que la tasa de no respuesta bajó considerablemente en esta oportunidad, como recalcan desde Injuv, en 2015 solo el 12% de los jóvenes reconocía haber sido víctima de esta práctica violenta.

A nivel de segmentos, como muestran los datos, más mujeres que hombres han sido víctimas, 24,4% versus 17,9%, mientras que, si se observa por tramos, son los más jóvenes quienes están más expuestos.

Salud mental

Considerando que los tipos de violencia antes mencionados pueden tener repercusiones en la salud mental tanto para las víctimas como para los victimarios, en esta novena encuesta se incluyeron preguntas al respecto: el 5,8% de los consultados dice estar recibiendo algún tratamiento para “tratar temas de la salud mental”.

En este mismo ámbito, el 43,7% de los encuestados cree que es nada o poco posible costear una consulta con sicólogo o siquiatra. Asimismo, el 45,2% de los jóvenes cree es que es nada o poco posible costearse los medicamentos para un tratamiento.

En cuanto a la sintomatología depresiva, la medición revela que, mayoritariamente, los jóvenes no sienten ganas de terminar con su vida (79%). Sin embargo, el que exista algunos que declaran que “algunas veces” lo piensan (5,5%), “casi siempre” (1,2%) o “siempre” (0,6%), es materia de preocupación.

“La salud mental es un eje prioritario de Injuv. Durante el último año hemos desarrollado un trabajo colaborativo con distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esta materia, como Fundación Katy Summer, Volando en V, Brave Up, Todo Mejora y otras. Creemos que, visibilizando este problema y apoyando a quienes lo abordan, estamos ayudando a derribar un montón de mitos y estereotipos que nuestra sociedad tiene ligada a la salud mental”, explica Mirko Salfate a PAUTA.

El director nacional de Injuv recalca que los mencionados mitos “inciden en que la población, especialmente las y los jóvenes, naturalicen ciertas conductas negativas y no estén al tanto de los síntomas a los que deberíamos prestarles atención”.

¿Qué nos muestran los datos?

La segunda causa de muerte entre los niños y jóvenes de 10 a 19 niños es el suicidio, según los datos oficiales en Chile. El Ministerio de Salud cuenta con el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, y este año publicó una guía con recomendaciones preventivas del suicidio entre escolares.

La siquiatra infantil y del adolescente Vania Martínez, directora de Núcleo Milenio Imhay y académica de la Universidad de Chile, plantea, en primer lugar, que a la vista de los resultados los establecimientos educacionales “son un buen lugar para hacer intervenciones preventivas, pues no basta con que cada familia se haga cargo de ello. Los establecimientos tienen un rol y que no solo debe activarse cuando la situación ya se ha desatado. Tienen que hacer prevención”.

La profesional también advierte que el “riesgo suicida” que se observa en los jóvenes debe ser atendido, incluso si es bajo. “Acá de todas formas nos enfrentamos a jóvenes que requieren atención en salud mental de forma urgente, porque hay al menos un 20% que dice que, aunque sea ‘rara vez’, lo ha pensado. Eso ya es un indicador de más riesgo y hay que atenderlo”, asegura en entrevista con PAUTA.

Frente a este escenario, los padres de Katy Winter -joven que decidió suicidarse en mayo de 2018 tras ser víctima de ciberbullying-, Evanyely Zamorano y Emanuel Pacheco, comentan a este medio que “es un llamado de atención a los apoderados”. Ambos, que crearon una fundación para que casos como el de su hija no proliferen, creen urgente que los establecimientos y autoridades se enfoquen en “buenos procedimientos de denuncia y de acción”.

Plantean que las mediciones de las que están preocupadas las instituciones, en general, son pruebas estandarizadas como el Simce y la PSU, lo que va en desmedro de la atención de los jóvenes. “Prácticamente la mitad de los jóvenes no creen tener posibilidad de costear un tratamiento, mientras el cuarto de ellos sufre. Estamos dejando al aire la capacidad de solución de conflicto. Es como la tormenta perfecta”, complementa Pacheco.

A esto hay que agregar, como dice la académica de la Universidad de Chile, un rol que la sociedad debe asumir, para “disminuir el estigma que todavía existe en torno a que ir al siquiatra es para ‘los locos’ o sobre creencias erróneas que promueve la sociedad, como ‘yo me las tengo que arreglar por mí mismo. Eso no permite el poder vincularlos con la gente sanamente y crear comunidad”.

Considerando que la encuesta de Injuv incluye a jóvenes de entre 15 y 29 años, Vania Martínez agrega que es necesario que la prevención parta en los primeros años de escolaridad de los alumnos y que haya mayor acceso a atención, para que así los jóvenes sepan cómo y dónde pedir ayuda.

¿Cómo se avanza?

Evanyely Zamorano y Emanuel Pacheco tienen claro cuáles son los desafíos que hay por delante. Para ellos, debe quedar plasmado en la ley la obligación de que los diferentes establecimientos cuenten con protocolos de salud mental, y que estos atiendan tanto a víctimas como a victimarios, pues muchas veces quienes hoy someten a otros a algún tipo de acoso, anteriormente lo sufrieron.

Además, consideran necesario que los encargados de convivencia escolar puedan ser capacitados en temas como estos, para que así “tengan más herramientas y puedan aplicar una suerte de primeros auxilios para abordar, por ejemplo, a algún alumno con depresión, epilepsia o con un alto grado de victimización”, explican los padres de Katy Winter.

Para lograr estos cambios, consideran que es esencial que haya una interconexión entre los diferentes ministerios, ya que permitiría avanzar de manera integral.

De todas formas, como plantea la directora de Núcleo Milenio Imhay, todos los protocolos que se fijen deben estar adaptados a cada contexto y ser exhaustivos. “Acá no sirve eso de decir ‘vamos a hacer una charla’, y a veces los colegios se quedan tranquilos con eso. Hay que hacer programas sostenidos en el tiempo y que la comunidad esté sensibilizada, para saber cómo reaccionar si se detecta algún caso”.

Lo que se debiera incluir, como expone, es procedimientos para tratar a la víctima, al victimario y quienes han sido testigos de alguna situación de acoso o violencia.