La otra batalla previsional que divide al oficialismo: funcionarios a honorarios del Estado

RN se aleja de la UDI y se suma a la oposición. Mario Desbordes da dos opciones: cotización adicional voluntaria o la paga el Estado.

Durante los últimos años, la incorporación de los trabajadores a honorarios a los regímenes de Protección Social ha generado un amplio debate. Pese a que hay posturas disímiles en torno a ello, la aprobación de la ley 21.133 zanjó la discusión, estableciendo un nuevo mecanismo obligatorio y gradual de cotización. Esa normativa se publicó el pasado 2 de febrero; sin embargo, la actual tramitación de la reforma al sistema previsional ha reactivado la confrontación, pues no hay claridad sobre cómo impactará a los “independientes” la cotización adicional que se introduce.

El proyecto ingresado por el Ejecutivo, entre otras cosas, fija un ahorro extra (hasta ahora del 4%) para elevar la tasa de cotización individual y, así, mejorar las pensiones, la que será de cargo del empleador. Además, establece que la administración de ese 4% adicional le corresponderá a un ente público.

Durante la tramitación, surgió dentro de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados una interrogante que ha ido ganando terreno la última semana: ¿Quién paga ese porcentaje cuando se trata de un trabajador a honorarios que presta servicios al Estado?

La iniciativa del Gobierno propone que será dicho trabajador quien deberá costearlo, lo que genera incomodidad de los diputados de oposición. Si bien en la Comisión de Trabajo lo hicieron presente, principalmente las parlamentarias del Frente Amplio y del Partido Comunista, el tema no fue más allá, pero ahora son personeros oficialistas los que cuestionan el proceder. De hecho, el timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, ya lo planteó en el Comité Político ampliado del lunes 5 de agosto.

“El concepto es que es un aporte patronal. La definición es que los trabajadores no van a tener que pagar más del 10%. Entonces, decirle a un trabajador independiente que ya tiene la plata de la retención gastada, que ha sacado la cuenta de cuánto le van a devolver, que le vamos a retener forzosamente el 10%, más el 7% [de salud] y ahora un 4% adicional, me parece un error”, dijo el diputado al ser consultado por PAUTA. 

A juicio de Desbordes, para resolver el asunto, hay dos alternativas. Que sea el Estado el que ponga los recursos para los trabajadores a honorarios fiscales, con lo que “probablemente le dé un ataque al corazón al ministro de Hacienda y al director de Presupuestos”, como dijo, o que sea voluntario para quienes “boletean”.

“Espero que el Ejecutivo modifique eso y que esto se transforme en una cotización adicional voluntaria. Hasta el momento no me han respondido nada, pero yo voy a seguir insistiendo porque soy un poco porfiado. Creo que hay un error y eso hay que hacerlo ver a nuestro Gobierno. La reforma es muy buena, estoy de acuerdo con ella, hemos tenido dudas respecto al famoso ente estatal, pero lo vamos a apoyar. Este punto, sin embargo, yo creo que hay que corregirlo”, recalcó.

¿Qué opinan sus socios?

El diputado Alejandro Santana (RN), integrante de las comisiones de Trabajo y Hacienda (donde se discutirá ahora el proyecto), concuerda con Desbordes, aunque se inclina, inicialmente, porque sea el Estado el que pague este “adicional” a sus trabajadores a honorarios.

“Aquí, o se hace cargo el Estado o le damos una connotación de voluntario. Creo que el primer camino es el que corresponde, porque también es una señal para buscar la formalización de los trabajadores independientes, y espero que podamos avanzar en conjunto con el Ejecutivo”, aseveró al ser consultado por este medio. Agregó que será el Ministerio de Hacienda el que determine si es viable o no costear esos aportes.

De todas formas, insiste en que “ante la imposibilidad de financiar esto, que espero que así no sea, esta cotización adicional tendrá que ser voluntario para esos trabajadores”. Que sea obligatorio, para él, no es “una carga” que debiese imponer este proyecto.

Aunque sean sus pares de conglomerado quienes deslizan que sea el Estado quien financie estos importes, en la UDI se cierran a la idea. Primero, dicen, porque es difícil distinguir entre quienes prestan servicios esporádicos y quienes llevan años en el aparato estatal, y, segundo, porque es “carísimo”.

“Habría que preguntarse, en vista de que no hay más plata, de dónde va a salir ese dinero. ¿Vamos a rebajar los beneficios del Pilar Solidario? ¿Rebajar los subsidios a las mujeres y la clase media? De alguna parte tiene que salir la plata. Simplemente pedirlo, sin decir qué es lo que se va a desfinanciar, me parece que es irresponsable”, planteó a PAUTA el diputado Guillermo Ramírez (UDI), también integrante de la Comisión de Hacienda.

Si bien dijo que la demanda de los funcionarios públicos que están bajo el régimen de honorarios “es justa”, manifestó que es un problema que se arrastra desde hace años, por lo que “no me parece que sea correcto cargarle la mano a este Gobierno, obligándolo a solucionarlo con dineros que están previstos para el tema de las pensiones”. 

De acuerdo con el planteamiento de Ramírez, corresponde dar una “discusión larga, llegar a una solución que se pueda implementar durante muchos gobiernos. No me parece que la solución pase por tomar dinero que hoy estamos destinando a los jubilados más pobres del país […] Tiene que ser una discusión que ataque todos los problemas de los funcionarios del Estado, que efectivamente sufren una precariedad que no se justifica. Pero el hecho de que su demanda sea justa e importante no significa que se deba vulnerar o echar pie atrás de todo lo que hemos avanzado en el Congreso”. 

Frente Amplio, DC y PS de acuerdo

Para la diputada y presidenta de la Comisión de Trabajo, Gael Yeomans (CS), es prioritario que se reconozca la subordinación y dependencia a la que están sujetos los empleados a honorarios que trabajan en el aparato fiscal, pues por lo demás esto les ratifica la condición de funcionarios y, a su vez, el derecho a que el Estado pague ese 4% extra. 

“Esto es un tema que le hemos planteado al Gobierno. Yo esperaría que se saque la obligatoriedad de esta cotización. Me parece una discriminación injusta. Es arbitraria para esos trabajadores que lamentablemente están en situación de honorarios cuando tienen un vínculo de dependencia […] Esto se tiene que resolver y esperaría que el Gobierno escuche y haga los cambios legislativos, no pueden dejar así a sus trabajadores”, manifestó. 

Si bien Yeomans tiene varias diferencias con la Democracia Cristiana, en este caso parecen estar del mismo lado. De hecho, como comentó a PAUTA el diputado Miguel Ángel Calisto (DC), él y Joanna Pérez (DC) están preparando una indicación “que obligue al Estado a hacerse cargo del 4% adicional que tienen que pagar los empleadores, incluyendo a quienes están a honorarios”.

Como detalló, “es una responsabilidad que le corresponde al Estado”, e insistirá en eso, aunque en la comisión declaren que dicha indicación sea inconstitucional por abordar aristas que son exclusivas del Ejecutivo.

En línea con esta inquietud, desde el Partido Socialista también se declaran expectantes y a la espera de que esto se resuelva a la brevedad, señaló el diputado y jefe de la bancada, Manuel Monsalve: “Esto es claro: el Estado debe asumir su rol de empleador y, como dice el proyecto, es el empleador quien paga la cotización adicional”.

“La discusión sobre si tienen los honorarios del Estado empleador está resulta. El Parlamento tiene un acuerdo en la ley de Presupuesto en torno al traspaso de honorarios a contrata. Ese acuerdo se toma porque se entiende que esos trabajadores tienen funciones permanentes y no transitorias. Además, la justicia también lo ha zanjado a través del principio de confianza legítima”, argumentó el diputado.

Los pasos de los funcionarios

Aunque existan sectores que piden que el dinero para financiar la cotización adicional de los trabajadores fiscales a honorarios salga desde el Estado, ellos no son tan optimistas y apuestan a que, por lo menos, no se les obligue a cotizar más.

Natalia Corrales, secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Estado, zona Metro, Centro y Norte, aseguró a PAUTA que este es un asunto que los complica bastante, pues a raíz de la ley que los obligó a destinar un porcentaje de su retención de impuestos al régimen de protección social, ya “pierden” parte importante de sus ingresos. 

“La mayoría de nosotros no estaba dispuesto a perder eso, porque para nosotros es un sueldo más. Algunas personas piensan que es casi como un ahorro que tenemos y no es así. Mucha gente usa la devolución de impuestos para pagar colegios, es parte del ingreso familiar. Por eso, nos oponemos a que esta cotización adicional sea a nuestro cargo, porque entendemos que somos dependientes del Estado […] El proyecto se ingresa con la intención de que los trabajadores a honorarios coticen de forma obligatoria. Lo que nosotros esperamos es que sea voluntario”, dijo.

Si bien sostuvo que existía un compromiso de crear una mesa interministerial para tratar el reconocimiento que debiese hacerse a los trabajadores a honorarios del Estado, Corrales dice que esto no se ha cumplido, a pesar de que se lo han recalcado al ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.

Sobre esto, la diputada Gael Yeomans también está expectante. “Como indicó la subsecretaria [María José Zaldívar], la fecha sería en el mes de agosto. Estamos esperando que se cite, porque el compromiso es que también nos invite a los miembros de la Comisión de Trabajo […] Espero que haya un cambio de postura, es lamentable que no nos hayan escuchado antes, pero aún hay oportunidad. Esperaría que haya apertura, a lo mejor se logra con presiones, como están acostumbrados”, evidenció. 

De no haber avances en esta materia, y para en definitiva revertir el complejo escenario que aseguran vivir desde hace años, la organización no descarta utilizar medidas de presión.