El camino de la oposición para destituir a la ministra Cubillos

Luego de la arremetida de La Moneda contra el PS, principal impulsor del libelo contra la titular del Mineduc, la oposición presentará el texto para formalizar acusación constitucional.

La jornada de este martes fue poco habitual en el Congreso. Por los pasillos, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, era fácil encontrar a subsecretarios y asesores del Gobierno que comentaban: “Me acaban de echar de la comisión”. Tras ellos, aparecía un grupo de diputados socialistas que sonreía victorioso. ¿La razón? En varias de las instancias, a petición de parlamentarios de dicha tienda, exigieron a los representantes del Ejecutivo que abandonaran las salas.

Fue el mecanismo de protesta impulsado por el Partido Socialista y apoyado -en un gestión de unión- por las bancadas de la oposición ante las declaraciones realizadas el lunes por la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, que emplazó a la tienda dirigida por el senador Álvaro Elizalde a explicar nexos con el narcotráfico. La ministra respondió de esa manera la anunciada acusación constitucional que a esas alturas avanzaba contra la titular de Educación, Marcela Cubillos. “Ya no tienen pudor, no tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber, qué relación tiene el PS con el narcotráfico”, expresó Pérez en La Moneda el lunes 19 de agosto.

Las llaves de las comisiones están en manos de la oposición, cuyos miembros presiden casi todas estas instancias gracias a un pacto otorgado por ser mayoría en la Cámara. La expulsión subsecretarios de las comisiones resultó “entretenida” para algunos, y “absurda” para otros. Pero no es un asunto cómico. En rigor, más allá de una señal de protesta, la salida de una autoridad gubernamental sí afecta el trámite legislativo, dado que suelen ser las llamadas a responder sobre dudas e, incluso más, pueden determinar el destino de indicaciones en proyectos de ley.

En bloque, al igual que como lo hicieran la tarde del lunes 19 de agosto a través de comunicados de prensa, los parlamentarios de oposición salieron a respaldar a sus pares del PS. Al mismo tiempo, desde los comités de senadores de oposición, confirmaron que entregarán los antecedentes al Ministerio Público para que se ponderen las declaraciones de la vocera. Como efecto colateral, además, se dio un reimpulso al libelo que presentará la tienda la mañana del jueves 22.

Todos contra Cubillos

El 11 de junio pasado se conoció que el PS, PPD y PR estaban preparando una arremetida contra la titular del Mineduc. Desde esa fecha hasta ahora, los equipos jurídicos de dichos partidos comenzaron a barajar los elementos que incluiría la acusación, cuyo texto final estará disponible al mediodía del miércoles, según fuentes socialistas.

En ese entonces, ni la DC ni el Frente Amplio comprometieron su apoyo. Pero con el curso de los días fueron mirando con más atención esa posibilidad.

El jefe de la bancada democratacristiana, diputado Gabriel Ascencio, reconoció que están “mucho más proclives” a apoyar el libelo. “Hay una cosa que nosotros dijimos desde el comienzo, que queríamos hacer la evaluación una vez que tuviésemos el texto de la acusación y entonces decidir en su mérito. Hay algunas cosas que cambian el cuadro, porque las declaraciones injuriosas, groseras, de la ministra vocera en contra de un partido histórico como el PS no tienen ninguna razón de ser”, indicó el parlamentario falangista.

Desde el Frente Amplio, a pesar de que decidieron no estampar su firma en el documento que iniciará el proceso para acusar constitucionalmente a Marcela Cubillos, afirmaron que la respaldarán en Sala.

“En nuestro almuerzo de bancada del Frente Amplio, tomamos la decisión unánime de que vamos a dejar que el PS siga con el proceso, está en sus atribuciones. Nosotros no vamos a ser parte de la acusación misma, pero cuando llegue a la Sala, por cierto, que la vamos a apoyar con nuestros votos. La ministra Cubillos es una muy mala ministra de Educación y ha llevado las cosas en una dirección completamente equivocada”, aseguró a PAUTA el diputado Tomás Hirsch (PH).

La razón por la que decidieron no firmar el libelo, como detallaron desde el sector, se funda en que no han recibido el texto del mismo, por lo que no están 100% seguros de que haya fundamentos jurídicos, y que se han enterado por la prensa de las acciones que pretenden impulsar.

El sustento del libelo

En conversación con PAUTA, el diputado Juan Santana (PS), uno de los principales impulsores de la acusación, explicó que hay dos claras vulneraciones en las que habría incurrido la secretaria de Estado: dejar sin efecto la ley, e infringir la ley y la Constitución.

“Nosotros hemos observado, por ejemplo, que hay una vulneración al principio de probidad en actos y dichos de la ministra. Este principio se establece en leyes de la República y, por otra parte, también en la Constitución. Por tanto, habría una doble causal. Además, la ministra no ha ejecutado su control jerárquico, lo que impacta en los principios de eficiencia y eficacia, por ejemplo, en los recursos que se han transferido a los servicios locales de educación, los cuales han estado desfasados”, detalló.

Ambos elementos, como recalcó el diputado, les permiten tener convicción de que Cubillos “no está cumpliendo con la obligación que hoy tiene, que no es otra que implementar como corresponde las leyes que fueron aprobadas durante la administración anterior, por vías democráticas. Ella tiene derecho a discrepar de la ley, pero no puede vulnerarla y dejar de cumplir con su rol”.

Respecto de las críticas que han recibido, Santana explicó que las faltas de la secretaria de Estado vienen desde el año pasado, por lo que descarta que tras el libelo haya intenciones de tapar las acusaciones de que el PS tiene “narco redes”. “Sentimos la obligación y la convicción moral de tener que establecer un rayado de cancha para que acá ningún ministro se sienta en la potestad de vulnerar la ley y jugar con la educación pública”, subrayó. 

Los cálculos del apoyo

De acuerdo con los artículos 52 y 53 de la Constitución Política de la República, para que se ejecute una acusación constitucional contra un ministro de Estado se requiere de la mayoría de los diputados presentes -en cuyo caso la autoridad queda suspendida de sus funciones-, y el Senado, en su rol como jurado, puede destituir al acusado si la mayoría de los senadores en ejercicio así lo aprueba.

Diferentes fuentes consultadas por este medio aseguraron que “la mayor dificultad está en la Cámara”. De los 155 escaños, Chile Vamos controla 72 asientos.

Si bien en el PS están convencidos de que estas “irregularidades” en las que habría caído la secretaria de Estado son suficientes, hay algunos parlamentarios de la oposición que no están del todo convencidos. Pese a eso, en la tienda socialista aseguran que la acusación sí contará con los votos necesarios en la Sala de la Cámara.

Los socialistas estiman que si el libelo pasa por la Cámara, “en el Senado es todo más fácil”.

En el Senado (actualmente con 43 escaños), los parlamentarios de Chile Vamos están en minoría (19 escaños). En cualquier cálculo allí será relevante el voto decisivo de los representantes de la Democracia Cristiana (Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla, Carolina Goic, Jorge Pizarro y Ximena Rincón) y el independiente Carlos Bianchi.