La antología de fallos de los candidatos a la Corte Suprema

En su postulación, los ministros presentaron 10 sentencias que muestran su criterio frente a casos de DD.HH., isapres y causas laborales y hasta el uso de cannabis medicinal.

No solo sus currículums ni sus exposciones ante el Pleno –un sistema de postulación que debutó por primera vez el 12 de agosto– pesarán en la elección de nuevo ministro que integrará la Corte Suprema en reemplazo de Héctor Carreño, jubilado en abril pasado. Son clave también los 10 fallos que cada uno de los postulantes presentó ante los integrantes del máximo tribunal para mostrar sus capacidades. Se trata de documentos que, bajo su propio criterio, representan sus líneas de trabajo.

Después de que el Pleno eligiera la quina el pasado 12 de agosto de entre 16 candidatos, los nombres de Roberto Contreras, Miguel Vázquez, Leopoldo Llanos, Mario Carroza y Sergio Mora ya están en manos del Ministerio de Justicia. De esa lista es la que el Presidente de la República elegirá un nombre que luego remitirá al Senado, donde debe ser aprobado por dos tercios de los votos.

De ellos, en rigor el único que no está en competencia es Mora: su nombre fue incluido por derecho propio al ser el más antiguo de la categoría (de las cortes de Apelaciones del país), por lo que está próximo a jubilar.

PAUTA obtuvo y revisó todos los fallos presentados por los candidatos al máximo tribunal. En su mayoría apuntan a causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos, la activación de los denominados “derechos sociales” y materias laborales.

Las tres características de este proceso

Esta nueva nominación, además, tiene tres ingredientes especiales. Primero, se realiza después del traumático proceso en el que participó la jueza Dobra Lusic, quien tuvo que bajar su postulación ante cuestionamientos del oficialismo y la oposición.

Segundo, ocurre después de la complicada nominación de María Angélica Repetto, quien asumió el pasado 8 de agosto en la Corte Suprema -en reemplazo de Milton Juica– y en cuyo proceso el Gobierno modificó el mecanismo para así despolitizar el sistema de nombramiento de los jueces.

Y, tercero, que uno de los seleccionados en la quina es Mario Carroza, el ministro que tiene en sus manos el caso del exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, quien acaba de ser extraditado a Chile por su autoría en el crimen del senador de la UDI Jaime Guzmán y en cuyas manos está el establecer qué pena deberá cumplir. De hecho, el magistrado, al menos dos meses antes del regreso de llamado “comandante Ramiro”, presentó entre sus 10 fallos para postular a la Suprema la condena en primera instancia por el crimen de Guzmán fijada sobre Marcela Mardones, expareja de Raúl Escobar Poblete, otro de los implicados.

Pero también quien ingrese a la Suprema ocupará un asiento en la influyente Tercera Sala. En la instancia, presidida por Sergio Muñoz e integrada por Ángela Vivanco, María Eugenia Sandoval y Carlos Aránguiz, se deciden los asuntos constitucionales: recursos contra las isapres, conflictos medioambientales, acciones contra la vida privada de las personas y, en general, decisiones sobre los llamados derechos sociales.

De los candidatos, solo uno es integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel: Roberto Contreras, quien en 1996 investigó una denuncia por supuesto consumo de drogas en el Congreso y recibió 10 votos de los magistrados del Pleno. Los otros tres jueces son miembros de la Corte de Apelaciones de Santiago y tienen en común que han investigado casos de violaciones a los derechos humanos: Vázquez (obtuvo nueve votos), Llanos (ocho) y Carroza (siete).

En los casos de Contreras y Vázquez, es segunda vez en el año que son nominados en una quina para la Corte Suprema.

Contreras: justicia laboral y cannabis medicinal

Esta no es la primera vez que el ministro Contreras aparece en una quina, pues fue parte del listado en el que también estuvo Dobra Lusic y María Angélica Repetto.

Entre la decena de fallos que presentó en su postulación, fue el único juez que abordó un tema escasamente tocado: el uso medicinal de cannabis sativa.

Contreras acogió un recurso de protección que presentaron los padres de un niño que padece Síndrome de West y a quien médicos de la Fundación Daya habían recomendado una terapia cannabis sativa. La acción de la pareja fue interpuesta luego de que Carabineros, tras una denuncia anónima, detuviera al padre y se llevara las dos plantas que tenían en su casa pese a que le mostraron los documentos con la receta.

Según el fallo, dadas esas circunstancias, Carabineros “puso en peligro la integridad física, psíquica y salud del niño, porque dificultó la continuidad del tratamiento médico, contrariando la Convención Internacional de los Derechos del Niño“.

El ministro además adjuntó otros fallos, varios de ellos de justicia laboral. Un ejemplo es un dictamen contra un supermerado por el caso de un trabajador que no era reconocido como tal pese a que cumplía funciones dentro del local. Era un cuidador de autos, a quien la empresa le había pasado una radio para comunicarse y lo ocupaba como bodeguero, guardia y, además, le daba comida al igual uno de sus empleados con contrato.

La causa se inició por una visita ante la Inspección del Trabajo Cordillera, que sancionó al supermercado. Contreras consideró que en el caso del cuidador de autos había “claros indicios de subordinación y dependencia”, pues cumplía funciones tanto dentro como fuera del lugar.

Y también entregó un fallo en el que, tras largos argumentos, rechazaba un recurso de nulidad presentado por un condenado por homicidio a 10 años de cárcel, que alegaba legítima defensa.

Vázquez: Víctor Jara y demanda por Karadima

En marzo de este año, el nombre del ministro Miguel Vázquez estuvo en la agenda noticiosa por un caso emblemático. Como presidente de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, tenía  en sus manos, desde octubre de 2018, la redacción del acuerdo del fallo que resolvería si se acogía o no la apelación a la demanda indemnizatoria contra el Arzobispado de Santiago por su eventual responsabilidad en los abusos sexuales del sacerdote Fernando Karadima.

Finalmente, el 27 de marzo pasado, el fallo vio la luz. Y la demanda -que en primera instancia fue rechazada por el ministro Juan Manuel Pardo- fue acogida por la sala de Vázquez, quien además redactó la resolución en la que los denunciantes de Karadima fueron indemnizados con $450 millones. El texto apuntó a la Iglesia como “negligente” y señaló que actuó “con desidia” ante víctimas.

El fallo de Karadima fue uno de los 10 que adjuntó Vásquez en su postulación.

Añadió otro que da cuenta de la investigación que realizó como ministro de fuero para esclarecer los crímenes en 1973 del cantautor Víctor Jara y del entonces director de prisiones, Littré Abraham Quiroga Carvajal. En la causa condenó a ocho miembros retirados del Ejército por secuestro y homicidio.

Vázquez también envió a la Suprema la condena a seis exmiembros de la DINA por su responsabilidad en los secuestros calificados de 11 integrantes del Comité Central del Partido Socialista detenidos en 1975; y la sentencia contra siete militares retirados por el secuestro y homicidio de 23 colaboradores de Salvador Allende, entre ellos su médico personal, Enrique Paris, en La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

También añadió una de las condenas más masivas en una causa de derechos humanos a exagentes por su responsabilidad en la ejecución de ocho dirigentes del Partido Comunista en el caso Calle Conferencia.

Mostró otros fallos en material civil, de familia y, entre otros, un sentencia en la que se acogió el recurso de protección que presentó una mujer en contra de un banco. Ese caso, Vázquez estuvo de acuerdo con ordenar a la entidad financiera a restituir fondos a la tarjeta de crédito de la mujer, quien había denunciado una sustracción de dinero. Se trata de casos que la Tercera Sala de la Suprema ha resuelto de manera similar.

Llanos: isapres y Londres 38

Entre los 10 fallos que adjuntó el ministro Lepoldo Llanos, varios de ellos son de materias constitucionales, como recursos contra la isapres por no cubrir medicamentos de alto valor en enfermedades graves. También presentó resoluciones en causas por infracción a los derechos del consumidor, resolviendo en contra de una tienda. En temas de transparencia, sumó un fallo contra la dirección del PDI, que había recurrido en contra del Consejo de Transaparencia a fin de que no se entegraran las hojas de vida y sanciones a dos de sus funcionarios.

En materia de salud, tres fallos grafican su criterio. De ellos, dos son contra isapres, que se negaban a cubrir medicamentos y tratamientos de alto costo -misma línea que tiene hoy la Tercera Sala de la Corte Suprema- y uno contra una clínica tras un recurso presentado por una mujer que quedó con cojera después ser operada de una cadera: la resolución determinó indemnizaciones por daño moral y daño emergente.

Llanos también adjuntó condenas en casos de derechos humanos. Uno de ellos es la sentencia tras sus investigaciones en las causas por los homicidios, secuestros calificados y torturas en el cuartel de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en Londres 38. Por esa causa condenó a 11 exagentes, entre ellos a Miguel Krassnoff, Pedro Espinoza y Basclay Zapata, alias “El Troglo”.

Además, presentó un fallo en el que se declaró parcialmente nulo el permiso de construcción de un edificio en Ñuñoa. Aunque la resolución fue unánime, el juez era partidario de acoger en su totalidad el recurso que habían presentado vecinos de la comuna por una edificación en altura.

Carroza: de Jaime Guzmán a Miguel Enríquez

En el caso del ministro Mario Carroza, todos los fallos que presentó son de causas de violaciones a los derechos humanos. Hace más de una década la propia Corte Suprema lo nombró como ministro con dedicación exclusiva para este tipo de causas.

Entre sus fallos destacan las condenas a 11 militares por el paso de la Caravana de la Muerte -que lideró el fallecido general Sergio Arellano Stark– por los crímenes de 16 personas en La Serena perpetrados el 16 de octubre de 1973.

También agregó la condena contra 12 exmiembros de la DINA por la resposibilidad en las muertes de 12 víctimas de la Operación Cóndor y la sentencia contra Miguel Krassnoff, como autor, y dos cómplices –Teresa Osorio y Rodolfo Valentino Concha– por el crimen del líder y fundador del MIR, Miguel Enríquez.

Carroza también adjuntó a su postulación la condena a 11 exmiembros del Ejército por homicidio calificado del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y homicidio calificado, en grado de frustrado, de Carmen Gloria Quintana, hechos ocurridos en 1986. Y la sentencia contra el general (r) de la Fach Vicente Rodríguez, por el secuestro calificado de miembros del Grupo de Amigos del Presidente (GAP) que trabajaban con Salvador Allende.

También sumó un caso de alta relevancia y que hoy lo tiene en el foco: la condena a 10 años de cárcel de la exfrentista Marcela Mardones, alias “Jimena”, como autora del homicidio de Jaime Guzmán, el 2 de abril de 1991, dictada en marzo de 2018.

Mardones fue detenida en Chile mientras que su expareja, Raúl Escobar Poblete, está en una cárcel en México acusado de secuestro. Carroza pidió su extradición a Chile por el crimen del senador de la UDI, la cual fue concedida por la Secretaria de Relaciones Exteriores de México en noviembre del año pasado.

El magistrado nunca ha tomado declaración a Escobar mientras que, en el caso de Hernández Norambuena, lo interrogó por primera vez la semana pasada en la Cárcel de Alta Seguridad, la misma de la que se fugó en 1996.