El sello de María Luisa Brahm en su debut como la nueva presidenta del TC

Tras jurar en su nuevo cargo en reemplazo de Iván Aróstica, acelerará las sentencias en casos de uniformados procesados.

Una de las primeras señales que buscará dar María Luisa Brahm como recién asumida presidenta del Tribunal Constitucional (TC) apuntan a las materias de derechos humanos: dejará disponible al público, en su página institucional, el avance de las causas de violaciones a los derechos humanos que estaban paralizadas mientras el pleno no se pronunciara. Además, de los pocos casos que quedan pendientes en esta materia -media docena, aproximadamente-, exigirá al TC que dicte sentencia en 30 días, con una prórroga máxima de dos semanas.

La medida no sólo pretende acelerar el trabajo, sino que también es un claro gesto hacia el Poder Judicial. El 1 de marzo pasado, durante la inaguración del Año Judicial, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se quejó públicamente en su discurso de la demora en la tramitación de causas de derechos humanos cuando llegaban al TC a través de recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

Brito dijo esa vez -en presencia de Iván Aróstica, a quien Brahm reemplaza a partir del 28 de agosto en la presidencia- que en 2018, de 245 causas de violaciones a los derechos humanos que iniciaron en 2018, 25 fueron paralizadas por el Tribunal Constitucional. Señaló que su congelamiento tenía un promedio de 238 días. De ellas, 16 se rechazaron.

No es todo. El presidente de la Suprema también ejemplificó con casos de la Sala Laboral del máximo tribunal que llegaban al TC y llamó “a superar un estado de tensión que, de ser exacerbado, puede afectar la estabilidad y seguridad jurídica”.

La tensión, de hecho, se exacerbó: meses después, la primera sala del TC -presidida por Aróstica e integrada por Juan José Romero y José Ignacio Vásquez– tuvo un criterio unánime a favor de paralizar no solo la tramitación de casos de DD.HH., sino también los procesos relativos al fraude en el Ejército que investiga la jueza Romy Rutherford, entre ellos el del excomandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo. La situación fue zanjada hace tres semanas por el pleno del TC.

A diferencia de Aróstica, que como presidente decidía las causas que irían a una y otra sala (son dos), Brahm tendrá otro estilo: los casos serán sorteados.

Nueva jefa de gabinete y oficina

A diferencia de Aróstica, que en su presidencia se quedó en su mismo despacho, tras su juramento  Brahm -quien fue jefa de asores del Presidente Sebastián Piñera en su primer gobierno- ocupará la oficina que está destinada históricamente a ese cargo. Ella es la segunda mujer en la historia del TC que lo tiene: antes lo fue la académica de Derecho de la Universidad Católica Marisol Peña.

Si bien Brahm seguirá trabajando con el mismo abogado asistente, Guillermo Stange, para la presidencia fichó como jefa de gabinete a Claudia Vélez Gajardo, con quien trabajó casi 20 años en el Instituto Libertad, del que ambas formaban parte.

Antes de llegar al TC, Vélez trabajaba en la Municipalidad de Lo Barnechea como jefa de abastecimiento.

Otro sello que Brahm le dará al TC es mejorar las relaciones no solo con el Poder Judicial, sino también con otras instituciones. Esto, luego de que el tribunal, a raíz de la paralización de causas, fue duramente criticado el primer semestre de este año, en especial por parlamentarios de oposición.

Brahm estará dos años en el cargo y su período coincidirá con la reforma que prepara el Gobierno al TC, a cargo del ministro de Justicia, Hernán Larraín. Esto corre en paralelo a la propuesta que 25 abogados constitucionalistas, liderados por Gastón Gómez, ya entregaron al Senado, la Cámara de Diputados y La Moneda y en el cual plantean, entre varios puntos, que se eleve el número de ministros de 10 a 12 y que se elimine su rol de control preventivo de las leyes.

A juicio del abogado e historiador Gonzalo Rojas Sánchez comentó, en su columna en El Mercurio de este mismo miércoles 28 de agosto, que Brahm deberá fortalecer la organización interna del TC, con mayores niveles de eficiencia y celeridad en la tramitación de causas. “Pero lo más importante será el desafío de mejorar la coordinación con los demás poderes públicos, para afianzar el Estado de Derecho y la efectiva preponderancia del principio de supremacía constitucional”, señaló.