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El Congreso se divide ante la nueva agenda de seguridad de La Moneda

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Agencia Uno
POR Maria Catalina |

Parlamentarios de oposición cuestionaron la urgencia a temas de orden público y seguridad, en desmedro de las demandas sociales que se exigen en las movilizaciones.

Ante la serie de hechos de violencia registrados las últimas semanas, y en medio de dudas sobre si las policías están o no sobrepasadas, el Presidente Sebastián Piñera anunció una nueva agenda de orden público y seguridad, con el fin de “fortalecer la eficacia del Estado en este campo”.

Si bien el Mandatario aseguró que es tiempo de estar “unidos”, su propuesta -que por lo demás estuvo acompañada de una citación al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena)– no generó consensos en el Congreso, a pesar de que incluye iniciativas patrocinadas por senadores de oposición, como el proyecto de ley Antiencapuchados, firmado por José Miguel Insulza y Felipe Harboe. Rápidamente parlamentarios opositores cuestionaron la urgencia que se está poniendo a estos temas, en desmedro de las demandas sociales.

Las razones de la oposición

De hecho, en conversación con 24Horas, el propio Harboe aseguró que esta agenda no es la forma de proceder, pues da la impresión de que La Moneda endurece el trato. Para él, no se puede poner a Carabineros a solucionar un problema que es social. En materia de seguridad, como expuso, lo que urge es que los procedimientos sean llevados de manera efectiva, pues no sirve de nada tener más leyes y ningún detenido por los hechos. 

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“Como presidente de la Comisión de Seguridad hemos aprobado en tiempo récord varios de los proyectos enviados durante la administración de Sebastián Piñera, soy coautor de uno de los proyectos de la agenda, pero con esto nuevamente está endosando la responsabilidad al Congreso. Si acá no se identifica a responsables, de nada sirve esta agenda, no resuelve el problema”, manifestó el senador. 

En conjunto, además, los jefes de las bancadas DC, PPD y PS de la Cámara Alta se sumaron a los reproches. “El Gobierno del Presidente sigue sin entender la molestia de la movilización de la ciudadanía y responde, una vez más, con acciones que buscan criminalizar la demanda pacífica. No tenemos ninguna dificultad en apoyar iniciativas desde el punto de vista de avanzar en materia de seguridad ciudadana, pero hoy, responder a una crisis tan profunda y amplia con una agenda de criminalización, no ayuda a resolver el conflicto”, sostuvo la senadora Yasna Provoste (DC).

Adriana Muñoz (PPD) sostuvo que, con la postura adoptada, el Presidente ratifica sus palabras referente a que “estamos en guerra“. La parlamentaria indicó que “con esto corrobora un intento que surgió desde el primer momento desde que surgieron las movilizaciones, de confundir la protesta con el vandalismo y la delincuencia. Esto es como la guinda de la torta, yo creo que debería reaccionar con mayor seriedad y llamar a un plebiscito para definir una nueva Constitución, el mecanismo para hacerlo y no seguir respondiendo con balas“.

En tanto, senador Carlos Montes (PS) manifestó que, ante el complejo momento que vive el país, se requiere de un Presidente y de una dirección “que entienda lo que está pasando y tomar medidas a la altura”. A su juicio, eso no ha existido, pues hay una “interpretación militarista” que no entiende que se está ante una ciudadanía que quiere cambios. “Hay expresiones violentas que han hecho muy mal a este movimiento, pero con esta agenda y al convocar al Cosena da una señal muy mala, porque convoca a las fuerzas que tienen que tomar decisiones propias de escenario de guerra, de otros escenarios”.

De acuerdo con lo expresado por lo senadores, se requiere de un Mandatario que tenga la calma, que no improvise ni se precipite. 

Chile Vamos respalda a su Gobierno

Una posición diametralmente distinta es la que expresaron desde Chile Vamos, conglomerado desde el cual hubo un respaldo generalizado a la determinación del Presidente Sebastián Piñera.

Según expuso el senador Francisco Chahuán, la nueva agenda es una “señal de tranquilidad” para los chilenos que quieren paz social y que se terminen los hechos de violencia en las calles, incluso para aquellos que marchan por sus demandas legítimas. “Los saqueos, la quema de locales comerciales, los encapuchados y la violencia no pueden quedar impune y, por eso, creemos que el paquete de medidas apunta devolver la paz que muchas personas están reclamando de manera urgente”, señaló.

Para el sector, avanzar en esta materia no significa que se deje de lado las medidas de la agenda social, pues “son el corazón” de las exigencias. “Al menos esto da un poco más de tranquilidad a aquellos que están con miedo a lo largo de Chile”, agregó Chahuán. 

En los mismos términos, la senadora independiente e integrante de la bancada RN, Carmen Gloria Aravena, sostuvo que las graves situaciones vividas “nos afectan a todos los chilenos y no da para más. Miles de personas están atemorizadas, tienen miedo de salir de sus casas, miedo de perder sus trabajos, y todo como consecuencia de grupos violentistas que buscan desestabilizar a nuestro país. Los chilenos tenemos derecho a volver a vivir en paz, por eso aplaudo las medidas de nuestro Presidente, quien busca condenar con fuerza a quienes cometen este tipo de delitos”.

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Durante la mañana de este mismo jueves, varios parlamentarios oficialistas fueron a La Moneda a pedir medidas más potentes en esta materia. “Lo que quieren los chilenos, legítimamente, que se han movilizado, que han demandado mejoras en varios temas, como las pensiones, los sueldos, y otros, es separarse, que haya una línea divisoria de lo que es el lumpen, la violencia y la delincuencia y los saqueos”, comentó uno de los diputados que fue a Palacio, el jefe de la bancada de la UDI, Javier Macaya.

El subjefe de bancada de Evópoli, Andrés Molina, destacó que “cortar un camino, el impedir que los chilenos lleguen a su lugar de trabajo, está trayendo en nuestro país un tremendo problema que lo van a ver luego los chilenos el próximo año, cuando veamos que la productividad, la producción del país, ha caído en forma importante durante estos casi 20 días. Lo que buscamos con la tipificación de estos delitos es justamente proteger a los chilenos más desposeídos”.