Mesa Técnica Constitucional: la primera gran duda de interpretación del acuerdo

Mientras algunos parlamentarios sostienen que el “Acuerdo por la Paz” es claro, otros plantean que debe ser complementado.

Varias son los nudos que hay que resolver respecto de la conformación y el rol de la Comisión Técnica que acompañará la ejecución del “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” que suscribieron la madrugada del pasado viernes 15 de noviembre 10 partidos políticos, de oficialismo y oposición, además del diputado Gabriel Boric (CS).

Si bien el documento establece en su punto 10 que el rol de este equipo de abogados será “abocarse a la determinación de todos los aspectos indispensables para materializar” lo estipulado en el pacto, la interpretación de aquello es disímil entre los firmantes, tanto por el rol que esta podría tener durante el proceso, como en su incidencia en la presentación de las diferentes leyes o modificaciones.

Personas tanto de Chile Vamos como de la ex Concertación sostienen que los profesionales se deben limitar a tener un rol de “escribanos” y traducir únicamente lo ya acordado en un proyecto de reforma a la actual Carta Magna. Otros, en su mayoría integrantes de la oposición, consideran que, en esa instancia, también se deberían discutir elementos “complementarios”, como si en el órgano constituyente que la ciudadanía elegirá en el caso de optar por una nueva Constitución habrá escaños reservados para pueblos indígenas.

Las diferencias, como manifestaron diferentes presidentes de partidos al ser consultados por PAUTA, deberían acotarse durante la jornada de mañana miércoles, cuando vuelvan a reunirse, hora aún por definir, todos los personeros que firmaron el “histórico acuerdo” y delimiten cuáles van a ser las atribuiciones y parámetros en que la comisión podrá trabajar.

Las posturas disímiles

Este debate en torno a las atribuciones que tendrá la comisión técnica complica a la UDI, pues fuentes que tuvieron inmersas en la discusión previa a la firma del acuerdo, sostienen que fue el senador Juan Antonio Coloma (UDI) quien abrió la puerta a que se acordaran otros elementos en la comisión de expertos. 

De todas formas, la timonel gremialista, Jacqueline van Rysselberghe, tiene una postura tajante: “Las cosas que quedaron pendientes en el acuerdo son las mínimas. Hay que redactar la reforma constitucional que va a interpretar este acuerdo. Por lo tanto, eso es lo que va a tener que hacer. Ni más ni menos que eso. No hay espacio para la innovación. Lo que se haga se tiene que definir de acuerdo con el texto que se suscribió”.

Así, la parlamentaria subrayó que “nosotros firmamos ese acuerdo, no otro […] Posterior a entregar la propuesta, esa comisión debiese disolverse, porque van a haber abogados que van a estar apoyando el resto del proceso. Acá esto tiene que elaborarlo comisión y está citada para ese efecto”. 

Entre quienes apoyan la idea de ampliar el aspectro de la discusión está el senador Juan Ignacio Latorre (RD). Indicó a este medio que en la reforma que se debe presentar para dar curso a los dos plebiscitos (el de entrada y el ratificatorio) y al órgano constituyente, deben ingresar necesariamente con esos elementos de “cuotas” zanjados.

“Esto hay que regularlo por ley. Nosotros vamos a pelear para que los pueblos originarios tengan escaños reservados, para que haya corrección de género y apertura independiente. Lo que está en el acuerdo es muy genérico y hay que aterrizarlo y operativizarlo”, manifestó el senador. Y agregó: “La comisión puede hacer propuestas y recoger insumos, pero será el Parlamento el que decida”.

Esa fórmula es apoyada por algunos representantes de la exConcertación, pues sería el camino más viable para que dichas especificaciones no queden fuera de la ley. Sin embargo, considerando que esos aspectos no se “negociaron” y que quedaron al margen del pacto, optarían por introducirlas en proyectos aparte. Así, como indican, no se pondría en riesgo todo el proceso.

Como aseguran fuentes del Partido Socialista consultadas por PAUTA, aquello, además, permitiría avanzar con mayor rapidez, puesto que, si se comienzan a discutir nuevos mecanismos a esta altura, la presentación, tramitación y aprobación de la reforma “se termina dilatando demasiado”.

Ante esas apreciaciones, y en el marco de la Comisión de Constitución de la Cámara, el diputado Marcelo Díaz (PS) reforzó la idea de que los insumos que aporte la comisión técnica sean solo una propuesta y no algo determinante. “El rol del comité es asistir el trabajo legislativo para esclarecer dudas, pero aplicarle normas a un comité que solo existe en la voluntad de un conjunto de partidos es un profundo error, primero institucional y luego político de una envergadura mayor”, dijo. 

Desde el PPD, en tanto, el senador Felipe Harboe comparte ese análisis. En conversación con este medio, afirmó que “la comisión solo debe proponer aquello que dice el acuerdo”. Agregó que “el acuerdo dice que el sistema electoral va a ser tal, de ahí para adelante se tendrá que discutir las materias propias, pero mi percepción es que hay tanto que hacer en tema de procedimiento, que no creo que quede la posibilidad de hacer grandes reformas”.

Rol del Gobierno

Otro de los aspectos que aún generan dudas sobre el camino constitucional que comenzó a delinearse dice relación con el rol que jugará el Gobierno. 

Partidos de oposición han insistido en que conducir este proceso le atañe solo a los partidos políticos, sobre todo a quienes lo firmaron. En ese entendido, recalcan los diferentes timoneles, el Gobierno se debe limitar a “acompañar”. 

Pese a esa postura, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, se reunió este mismo martes 19 de noviembre con los presidentes de las comisiones de Constitución de la Cámara y del Senado, Matías Walker y Felipe Harboe, respectivamente, en un café en el mismo Congreso. El ministro les planteó a los parlamentarios su inquietud referente a que el Ejecutivo no sea 100% excluido, principalmente por la gran cantidad de recursos, de diferente índole, que tiene el Estado. 

“El Gobierno quiere colaborar, acompañar el proceso. Aquí han sido protagónicos los parlamentarios, jugaron un rol muy importante los presidentes de las comisiones y queremos ir resolviendo junto a ellos, en el seno de las comisiones, lo que está pendiente en la presentación de reformas”, manifestó el secretario de Estado. 

Agilizar el proceso

Las diferentes autoridades y parlamentarios han dicho que hay que avanzar con rapidez en la tramitación que el proceso constitucional requiere, principalmente, porque se necesita de al menos 120 días para que el Servel prepare todo lo necesario para garantizar la correcta realización del plebiscito. 

Por eso, tras reunirse con el presidente de la Cámara, Iván Flores, y con el diputado Walker, el presidente del Servel, Patricio Santamaría, insistió en que se debe apurar el tranco. 

“Desde el punto de vista de los plazos, es fundamental por ejemplo, para los efectos de cerrar los registros electorales, la fecha que se publique el decreto que convoque al plebiscito. Porque eso es lo que cierra la actualización de los registros electorales y los cambios de domicilio que realiza la ciudadanía”, manifestó Santamaría.

Por otra parte, Flores sostuvo que “de acuerdo con un cronograma que estamos armando y que esperamos mañana [miércoles 20] tener un primer borrador con el presidente Santamaría, es que la comisión técnica debiera constituirse ojalá esta semana y trabajar hasta el 28 de noviembre para tener claramente establecido una serie de condiciones legales que deben ser resueltas por el parlamento ahora en diciembre. Porque, si no lo tenemos en diciembre, nos va a costar muchísimo implementar todo un proceso electoral”.

Según las primeras apreciaciones, como comentaron, el plebiscito podría realizarse, si todo avanza según lo estipulado, durante la segunda quincena de abril. 

Los $2.700 millones de la Convención Constituyente

Tras el encuentro, el secretario de la Cámara Baja, Miguel Landeros, dio cuenta del informe que le solicitó elaborar la mesa de la Corporación, referente de los costos que tendría para el Estado instaurar una convención constituyente, ya sea mixta o 100% ciudadana.

“Estimamos que si se utilizan las instalaciones del Congreso Nacional (en Santiago) el costo sería entre $500 hasta $700 millones, dependiendo de cuánto son los traslados de los comisionados y cuántos estos son”, comunicó. Explicó que el informe se elaboró sobre la base de que serán electas 155 personas, pues el acuerdo indica que debe utilizarse el mecanismo mediante el cual se eligen a los diputados. 

Eso considera, entre otras cosas, alimentación y traslados, pero no una remuneración, pues aún no se define cuánto se le asignará a cada comisionado. 

Si fuera un sueldo como el que reciben los consejeros regionales, que es una de las propuestas, la cifra, como señaló Landeros, se elevaría a $2.700 millones.