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Las tareas y prioridades del comité técnico asesor de DD.HH.

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El Presidente Piñera encabezó este viernes el comité interministerial de Derechos Humanos en La Moneda. Créditos: Presidencia.
POR Gladys Pierola |

El Gobierno anunció una mesa especial con énfasis en tres áreas, entre ellas el rol de las FF.AA., Carabineros y la PDI. Todo, a horas de conocerse el cuestionado informe de Amnistía.

Cerca de una hora y media duró la reunión el comité interministerial de Derechos Humanos que este viernes 22 de noviembre encabezó el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda. En la cita el Mandatario y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, propusieron la creación de un comité técnico asesor permanente en esta materia. Una idea que si bien se venía trabajando en el Ejecutivo desde hace más de diez días, se hizo pública solo 24 horas después de conocerse el crítico informe realizado por Amnistía Internacional sobre la crisis social, que el Gobierno rechazó categóricamente. 

El encuentro partió cerca de las 11:00 con la intervención del Presidente, quien aseguró que hoy no existe “ninguna circunstancia o causa” que justifique los atropellos a los derechos humanos. “Ese es el principio. Es lo que quisiéramos que fuera la realidad en Chile, pero todos sabemos que no basta con tener buenas intenciones y buenos principios, también se requiere tener mecanismos eficaces para que ese principio ocurra en la realidad”, dijo frente a los participantes, entre los que estaban el titular del Interior, Gonzalo Blumel, junto con los ministros de Salud, Jaime Mañalich; de Educación, Marcela Cubillos; de la Mujer, Isabel Plá, de Defensa, Alberto Espina y los subsecretarios de RR. EE., Carolina Valdivia y de la Segpres, Juan Francisco Galli. 

El difícil equilibrio

Piñera estuvo flanqueado toda la reunión por el ministro Larraín y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. Aseguró que desde que se desató la crisis el pasado 18 de octubre ha debido sortear dos difíciles equilibrios: el de los que lo acusan de ser “muy blando” y los que le dicen que es “muy duro” en temas de seguridad. A eso se suma, comentó el Presidente, el equilibrio entre las demandas sociales y mantener una economía sana y en marcha. “Ese es otro dilema que hemos enfrentado el último tiempo y no tiene que ver con derechos humanos directamente, pero sí tiene que ver indirectamente, porque no hay peor atentado a los derechos humanos que la pobreza”, dijo. 

En la mesa estaban también el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Xavier Mena; Paolo Mefalopulos, de la Unicef; el director nacional de INDH, Sergio Micco; la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz y Fernando Leanes de la OMS, quienes tomaron apuntes. Frente a ellos, el Mandatario señaló que debido a la crisis se tuvieron que compatibilizar muchas cosas. “Por una parte, proteger la seguridad de las personas, proteger el orden público, proteger el patrimonio público y, por otra parte, proteger los derechos humanos”.  

“Por supuesto, que esos dos objetivos son a veces difíciles de compatibilizar”, aseguró Piñera para explicar las razones de la reunión y la necesidad de crear este comité técnico, que tendrá entre sus funciones proponer políticas públicas intersectoriales en materia de DD.HH. y elaborar diagnósticos sobre las necesidades y brechas de cumplimiento en esta materia.

De hecho, la tarea inicial tendrá tres líneas de trabajo, con varios énfasis: en niños, niñas, adolescentes y mujeres; en personas privadas de libertad y también para asesorar a las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI, pues en el Gobierno comentan que si bien están formalmente los protocolos, se debe asegurar que estos “se interioricen” en las instituciones. 

En este último punto, incluso, el Presidente pidió a los presentes trabajar en “cómo podemos mejorar el uso de la fuerza, no solo en circunstancias extraordinarias como la de los últimos días, sino como una regla permanente” y llamó a sacar lecciones de cómo se ha enfrentado la crisis. 

“La próxima vez que tengamos que confrontar el orden público con derechos humanos, porque son dos objetivos, los dos son legítimos y los dos son necesarios, poder encontrar mejores formas de que ambos objetivos sean más compatibles”, dijo. Una frase que causó incomodidad en algunos presentes, según comentaron a PAUTA varios de los participantes. 

De hecho, a la salida del encuentro, la defensora de la Niñez se refirió al tema. “Hay que tener claro que esto no es un debate o una elección entre orden público y respeto a los derechos humanos. Acá existe un deber institucional de Carabineros de asegurar el orden público. El problema es que en el cumplimiento de ese deber, que es asegurar el orden público, lo tienen que hacer con un respeto irrestricto de los DD.HH. No es que yo elija y me ponga del lado del orden público o de los DD.HH. y somos enemigos que nos estamos enfrentando”, señaló Muñoz.

Al finalizar la cita, el ministro Blumel reforzó este punto para evitar más polémicas. “No hay una falsa disyuntiva entre la paz social, el orden público y los derechos humanos […] ambas son obligaciones fundamentales de Estado y de las instituciones públicas”. El titular del Interior, además, llamó a “todas las fuerzas sociales y a todas la fuerzas políticas a hacer una alianza por la paz, que permita recuperar el orden público, la seguridad de los espacios públicos, de las calles, de las plazas protegiendo sagradamente los derechos fundamentales de todas las personas”.

La molestia por Amnistía y la audiencia que no fue

Uno de los últimos personeros en sumarse al comité interministerial de Derechos Humanos fue el ministro de Defensa. Minutos antes de iniciarse la reunión, Alberto Espina se refirió al informe de Amnistía en el que se acusó a las fuerzas de seguridad chilenas de tener la intensión de “lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”. Asimismo, abordó el comunicado que sacaron posteriormente las Fuerzas Armadas rechazando el documento. 

“Hacer esa afirmación por parte de Amnistía Internacional es un hecho gravísimo, falso y una imputación inaceptable que, además, no tiene ningún fundamento, ni antecedente que la justifique. Nuestras Fuerzas Armadas son instituciones profesionales, disciplinadas, no deliberantes y sometidas a la autoridad civil”, agregó Espina, confirmando que él había visado y conocido el documento antes que se publicara. 

De hecho, en el encuentro el ministro se refirió a este tema y a la carta que firmaron el jueves en la tarde el Ejército, la Armada y la Fuerza Área. Espina habría explicado, entre otras cosas, que cuando las personas e instituciones reciben “un ataque” así tienen derecho a defenderse, un argumento que minutos antes sinceró en el punto de prensa.

De todas formas, a esa hora, tanto en el Gobierno como en el oficialismo se cuadraban en torno a las críticas del informe de Amnistía. Ya el jueves en tarde, la subsecretaria Recabarren acusaba al organismo de no contactarse con el Ejecutivo para pedir información oficial. Un mensaje que fue reiterado por distintas autoridades durante el viernes. “Los organismos internacionales, si de verdad quieren investigar en forma seria, tienen las puertas abiertas y así lo han tenido casi todos. Lamentablemente algunos prefieren condenar antes de preguntar”, señaló el ministro Larraín. 

Sin embargo, desde Amnistía publicaron la solicitud que hicieron llegar a la oficina de partes de La Moneda, timbrada con fecha 14 de noviembre y en la que pedían una reunión con el Presidente para el miércoles 20, un día antes de conocerse el informe. 

Desde el Gobierno, fuentes consultadas explicaron que una de las razones por las que no se contestó a Amnistía fue porque el organismo no siguió “el conducto” que sí hicieron otros organismos, los que primero contactaron a distintos ministerios -como el CIDH o el equipo de observadores que envió la Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet-, quienes terminaron este viernes su trabajo en terreno.

De hecho, en La Moneda aseguraron que no hubo solicitud con el Ministerio del Interior, de Justicia ni tampoco con la Subsecretaría de Derechos Humanos directamente.      

Al ministro Blumel también se le preguntó por el tema y explicó que desde que asumió como titular del Interior no ha recibido ninguna solicitud ni petición de reunión “para poder responder las dudas e inquietudes” que pueda tener Amnistía Internacional. “Si ellos tienen el interés, por supuesto que cuando quieran, en el momento que quieran, nos reunimos y les entregamos toda la información necesaria para aclarar sus dudas, porque el informe presentado ayer (jueves) tiene múltiples deficiencias. Tiene imputaciones que son absolutamente equívocas y por lo mismo, la disposición nuestra es dar todas las facilidades a todas las instituciones en materia de DD.HH.”.