Cómo monitorea La Moneda la acusación constitucional contra Chadwick

La Cámara de Diputados votará este jueves 28 de noviembre si aprueba o rechaza el libelo en contra del exministro de Interior.

“El ministro está tranquilo”. Ese es el comentario generalizado que hacen fuentes de La Moneda a PAUTA sobre Andrés Chadwick. Si bien la última aparición pública del extitular de Interior fue el 28 de octubre pasado, cuando el Presidente Sebastián Piñera concretó el cambio de gabinete que selló su salida del Gobierno, en Palacio siguen en contacto con él. 

De hecho, no solo los más cercanos al exsecretario de Estado conversan regularmente con él, sino que también, con fines más laborales, desde el Ejecutivo monitorean el proceso de acusación constitucional que presentaron diputados de oposición en su contra. Así, diferentes asesores ministeriales han asistido a varias de las sesiones de la comisión ad hoc que analiza el libelo. 

Algunos de ellos, que hablaron en reserva con este medio, lo hacen “por cariño” y por el tiempo que trabajaron junto a Chadwick. Pero también porque han estado atentos a las exposiciones de los convocados “más relevantes” a la comisión a cargo de su acusación, en el entendido de que la información que ahí se expone sigue siendo relevante para la opinión pública y el Gobierno. 

Las mismas fuentes, además, comentan que considerando que mucha de la información y documentación que se requiere para el proceso está en manos del Ejecutivo, no es de extrañar que haya un seguimiento permanente del procedimiento que impulsó parte de la oposición y que busca que el exministro asuma la responsabilidad política por los casos de supuestos abusos y violaciones a los derechos humanos que han sido denunciados en contra de las fuerzas de orden durante las manifestaciones.

¿Qué pasa con los votos?

Una de las grandes dudas de la oposición antes de presentar la acusación contra el exjefe de gabinete era si realmente contarían con los votos que se requieren para que esta pueda avanzar al Senado. Esto, teniendo en cuenta que aún ronda el “fantasma” de la fallida arremetida contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, la cual no prosperó. 

En esa ocasión, además, fue muy relevante el trabajo que hicieron el exministro de la Segpres y el subsecretario del ramo, Gonzalo Blumel y Claudio Alvarado, respectivamente, como comentaron en ese entonces fuentes del oficialismo y de la oposición. Las conversaciones que dicha dupla encabezó permitieron que el voto de los indecisos termina por inclinarse en favor de Cubillos y La Moneda. 

Aunque fuentes del Gobierno indican que hasta ahora no se han destinado grandes esfuerzos para “salvar algunos votos”, voces opositoras comentaron a PAUTA que sí han existido contactos para que quienes han dicho que apoyarán la acusación -pero están más “flexibles”- terminen optando por el rechazo. Incluso, algunos de ellos, han recibido llamadas de Alvarado, quien a pesar de haber dejado la Segpres, sigue monitoreando algunos aspectos. 

Esos contactos, insisten en La Moneda, han sido débiles hasta ahora. Pero si se considera que la votación está programada para el próximo jueves 28 de noviembre, es altamente probable que se incrementen durante esta semana. Según las mismas fuentes, en ese trabajo serán esenciales las fuerzas que deberán desplegar Felipe Ward y Juan Francisco Galli, dupla que debuta en este tipo de labores desde la Secretaría General de la Presidencia. “Será una gran prueba”, comentan desde el palacio de Gobierno, aunque también recalcan que seguirán teniendo el “apoyo” de sus antecesores. 

El trabajo de la comisión

Contrario a lo que ocurrió con la comisión ad hoc que analizó la acusación contra Marcela Cubillos, la que revisa el libelo contra Chadwick se ha reunido todos los días, excepto sábados y domingos, con sesiones en la mañana y en la tarde, desde su constitución el pasado lunes 11 de noviembre

Además, si durante el proceso que se llevó contra la ministra de Educación el Gobierno hizo una serie de recomendaciones a los diputados oficialistas que integraban la comisión ad hoc, enviando posibles cuestionarios, en el caso del exsecretario de Estado eso no ha ocurrido. Probablemente, de acuerdo con lo comentado por varios de los integrantes, porque en esta ocasión el Ejecutivo tiene puesta la prioridad en la tramitación de la agenda social.

Respecto del trabajo realizado, la diputada integrante de la comisión, Catalina del Real (RN) comentó a PAUTA, que han sido “muy responsables en escuchar a todos los involucrados que quieran venir a dar su opinión. Por ejemplo, recibimos al director del INDH, pero también a cada uno de los directores regionales. Ha sido un trabajo muy intenso, pero con mucha responsabilidad de escuchar a todas las partes, para poder tener un informe contundente”. 

Su opinión, hasta ahora, es que no hay sustento para que la acusación prospere, “porque si bien hemos escuchados muchos casos de abusos que pudieron haberse generado por las fuerzas armadas y policiales, son casos aislados y no tienen que ver con un abandono de deberes por parte del exministro”. La comisión deberá emitir su informe el miércoles de esta semana, en una sesión donde sus integrantes emitirán su voto. Si bien este no es vinculante para el resultado final, será expuesto ante la Sala el jueves. 

Entre los invitados a exponer ante los parlamentarios se encuentran los ministros de Salud, Jaime Mañalich; de Defensa, Alberto Espina; de Justicia, Hernán Larraín; el fiscal nacional Jorge Abbott, y la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, entre otros. 

También, el jueves 21 asistió el general director de Carabineros, Mario Rozas, quien aseguró: “Yo recibo la instrucción del ministro de Interior de la época, en el sentido de efectuar todo este despliegue. Dentro de las instrucciones, obviamente, lo que más me recalca es que esto sea dentro del Estado de derecho y respetando los derechos humanos de las personas y, sobre todo, tratando de mantener el orden y la seguridad”. 

Defensa de Chadwick

El abogado que representa a Andrés Chadwick es Luis Hermosilla. El profesional también estuvo convocado a la sesión de la comisión revisora del jueves 21. Sin embargo, no pudo exponer la defensa que por escrito que entregó el día anterior el exsecretario de Estado. 

Ante la prensa, eso sí, Hermosilla indicó que “el ministro del Interior cumplió total y completamente con todo lo que dicta la Constitución y las leyes, al momento que se fueron tomando las decisiones a raíz de los hechos ocurridos, de una inusitada violencia a partir del 18 de octubre”. 

En el documento de 133 páginas ingresado en la Cámara de Diputados, además, el extitular de Interior precisó que “durante el ejercicio de mi cargo, y muy especialmente entre los días 18 a 28 de octubre de 2019, observé una estricta sujeción a la Constitución y a las leyes, actuando dentro de mis competencias y facultades”. Manifiesta, en ese sentido, que el libelo acusatorio se funda en “imputaciones genéricas y en hechos no acreditados”. 

Aseveró, entre otras cosas, que “no puede sostenerse, con la liviandad que plantean los acusadores, que exista un patrón de comportamiento, que sea constitutivo de crímenes de lesa humanidad, y someter mis acciones al juicio y valoración de esta corporación por cuanto, como se ha expresado latamente, los hechos que se me imputan son hechos de terceros, en los cuales no he tenido ninguna participación directa y además, la imputación es falsa, ya que en el ejercicio de mi cargo jamás he instruido ni tolerado la afectación ni vulneración a derechos humanos de mis compatriotas. Todo lo contrario, y como reafirman mis reiteradas intervenciones públicas, siempre señalé a las policías que su accionar se debía realizar con apego a la ley y los protocolos de uso de la fuerza, y que su accionar durante el estado de emergencia debía realizarse con estricto apego y respeto a los derechos humanos”. 

A juicio de Chadwick, los diputados acusadores “no podrán mencionar un solo caso en que mi intervención haya derivado en la actuación concreta de un policía que involucre la detención o lesión de alguna persona en el transcurso de una de las numerosas marchas autorizadas, y otras manifestaciones y concentraciones. Ello es así por cuanto jamás intervine personalmente para ordenar un hecho de esa naturaleza ni jamás lo haría”. 

En cuanto a la omisión en la que habría incurrido según los parlamentarios, el exministro fue tajante en afirmar que tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones recibieron “instrucciones expresas, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de que su actuación para restablecer el orden público durante el estado de emergencia debía realizarse con estricto apego a los protocolos de uso de la fuerza vigentes y que el cumplimiento de su deber debía ser dentro del marco de lo que la ley establece”.