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El rol de las FF.AA. entrampa el “acuerdo por la paz” de La Moneda

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Agencia Uno
POR Maria Catalina |

El Ejecutivo ha puesto el acelerador en la recuperación del orden público. Pidió cooperación para implementar una agenda de medidas legislativas y administrativas.

Hay un mensaje claro que La Moneda quiere instalar: quienes buscan restablecer el orden público no están en una vereda contraria a la de quienes exigen el respeto de los derechos humanos. Eso, porque al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera le urge alcanzar un gran acuerdo “por la paz, la democracia y contra la violencia”. A juicio del Ejecutivo, esa es una de las demandas centrales de la ciudadanía, además de las mejoras sociales. Pese al apuro, sellar una alianza transversal en este asunto se ve lejano.

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Justamente por eso, el Mandatario convocó durante la jornada de este lunes al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; al fiscal nacional, Jorge Abbott, y a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Jaime Quintana (PPD) e Iván Flores (DC), respectivamente, para pedirles colaboración en este asunto y acercar posiciones.

“Para enfrentar grandes problemas, se requieren grandes soluciones. Los hechos que hemos conocido las últimas semanas de violencia, de desorden público, de seguridad ciudadana, exigen y requieren que todos los poderes del Estado unamos nuestras voluntades y nuestras fuerzas, para poder recuperar el orden público, para poder asegurar la tranquilidad ciudadana. Es una condición esencial para la paz social que tanto necesitamos y merecemos”, dijo tras la reunión el jefe de Estado, y agregó que aquello es una “condición esencial” para avanzar en la agenda social.

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Lo propio hicieron los ministros asistentes al Comité Político Ampliado. Ahí, pidieron a los suyos colaboración para que el acuerdo, que contempla la aprobación de proyectos de ley y la implementación de medidas administrativas, pueda ver la luz, a más tardar, esta semana.

Las medidas

En concreto, el “pacto” que propone el Gobierno supone la pronta aprobación de siete proyectos de ley: modernización de las policías, fortalecer el sistema de inteligencia del Estado, ley antiencapuchados, ley antisaqueos, ley antibarricadas, estatuto de protección de las policías y ley que faculta la colaboración de las FF.AA. para la protección de infraestructura crítica.

Las primera cinco iniciativas ya se encuentran en trámite en el Congreso, mientras que la que crea el estatuto, de acuerdo con una minuta entregada a los personeros de Chile Vamos, “se encuentra en su etapa final de revisión y debería ingresar a trámite legislativo a la brevedad”. Respecto de la reforma para las FF.AA., el Presidente Piñera aseguró que ingresará a más tardar la jornada de mañana martes, con urgencia de discusión inmediata.

En cuanto a las vías administrativas, La Moneda ha comunicado que en un plazo de 60 días se sumarán 4.354 efectivos policiales a desarrollar labores preventivas. Parte de ellos corresponden a carabineros jubilados que se hayan acogido a retiro recientemente y con buenas calificaciones. El resto se trata de nuevos efectivos a quienes se les adelantó el egreso de la de la Escuela de Oficiales, de Suboficiales y de la Policía de Investigaciones.

Adicionalmente, con el objeto de “mejorar su capacidad operativa, control del orden y resguardo de la seguridad pública”, Carabineros recibirá asesorías profesionales de las policías de Inglaterra, Francia y España. El primer grupo en llegar a Chile, según detallaron desde La Moneda, será el español, que debería arribar a territorio nacional esta semana.

En el marco de esta agenda, además, desde Palacio están dando seguimiento a la experiencia internacional, sobre todo a situaciones similares que se dan en países de Latinoamérica. En ese sentido, como comentaron a PAUTA altas fuentes de La Moneda, no se descarta hacer algún tipo de planteamiento ante entidades intergubernamentales.

La urgencia

De acuerdo con lo comentado a PAUTA por conocedores de la conversación que sostuvo el Mandatario y los representantes de los distintos poderes del Estado, el Gobierno quería concretar la firma del acuerdo este lunes. “Tenía todo listo para que firmáramos”, indicaron las mismas fuentes. Sin embargo, las múltiples dudas de los personeros respecto de varios de los proyectos hicieron eso imposible.

Aunque hay consenso en que el tema de la seguridad es prioritario, la forma en que se debe abordar genera diferencias. En ese sentido, el proyecto sobre ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas es el que mayor disconformidad genera, pues no está claro qué se entiende por estructura crítica y no se ha definido cómo será el actuar de los militares en ese contexto.

Para el presidente del Senado, “es urgente terminar con la violencia”, pero enfatizó: “No tenemos evidencia categórica que justifique la presencia de militares en labores de orden público”. A la salida del encuentro con el Presidente, y complementaría a través de una declaración más tarde, el senador Quintana expresó que “en países latinoamericanos donde esta práctica se ha instalado, los niveles de criminalidad no han disminuido […] No podemos naturalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles”.

Advirtió, además, que con este tipo de medidas queda de manifiesto el “fracaso” del Gobierno en esta materia y “el precario nivel” de la inteligencia policial. “El Gobierno se ha visto sobrepasado y se ha inclinado por buscar apoyo en las Fuerzas Armadas y no en la política”, manifestó.

Su propuesta, en cambio, incluye la creación de una unidad especializada para identificar a quienes partición de incendios y saqueos; crear una unidad de inteligencia con asesorías externas con el propósito de prevenir éste y otros hechos; y, en el mediano plazo, crear una unidad de protección de manifestaciones, que reemplace a las actuales Fuerzas Especiales, adoptando la mejor tecnología disponible en el mundo.

Iván Flores, por otra parte, enfatizó en que del mencionado proyecto solo conocen el titular. “Cuando llegue el proyecto se le dará el justo debate, pero no lo conocemos, porque todavía no ha ingresado al Congreso, lo mismo que otros anuncios que ha habido en estos días”, manifestó.

En términos generales, eso sí, sostuvo que “en estricto rigor, en un Estado de Derecho la comunidad se sienta a dialogar y buscan un puerto al cual llegar y comprometerse, no se necesitan a las Fuerzas Armadas custodiando nada, porque no saben, no están preparadas y no tienen los elementos para relacionarse en una condición de conflicto con la ciudadanía”.

El Gobierno insiste en la idea

Desde que el proyecto fue anunciado por el Mandatario, la tarde del domingo 24, las críticas de parte de la oposición abundaron. Ante esto, tanto el ministro de Defensa, Alberto Espina, como la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, salieron rápidamente a responder.

Mientras Espina indicó que la infraestructura crítica es aquella que dice relación con los servicios básicos fundamentales para la población, como las plantas de distribución de agua y electricidad, entre otras, Rubilar, enfatizó en que en la discusión en el Parlamento “vamos a poder determinar entre todos cuál es el nuevo uso de la fuerza si es que las FF.AA. resguardan la infraestructura”.

Ambas ideas fueron reafirmadas más tarde por el propio Presidente Piñera, quien insistió en que este “es un proyecto que lo que busca no es que los militares salgan a las calles, como dicen algunos: es permitir que nuestros militares puedan colaborar en la protección de la infraestructura crítica, y esto poder hacerlo sin necesidad de decretar estado de emergencia y, en consecuencia, sin tener que restringir las libertades por los derechos de todos los chilenos”.

El escenario para el debate será complejo. Por eso, comentan a este medio fuentes de La Moneda, será clave la labor del subsecretario General de la Presidencia, Juan Francisco Galli, quien ha demostrado, de acuerdo con las mismas fuentes, “su muñeca política”. Además, el subsecretario mantiene una “muy buena” relación con Renovación Nacional, lo que es trascendental para el Ejecutivo en esta pasada, pues el partido liderado por Mario Desbordes se ha convertido en el puente con la oposición. También, advierten en Palacio, cuenta con la experiencia de haber encabezado negociaciones en torno a la derogación de la Ley Reservada del Cobre por su labor previa como subsecretario para las Fuerzas Armadas.