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Los siete casos que grafican las dimensiones de la violencia en las calles

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Agencia UNO
POR Periodista Practicante |

Desde intolerancia política y religiosa a la vulneración del derecho a movimiento y la libertad de expresión, la violencia ha erosionado el Estado de Derecho en Chile.

“Manifestarse es un derecho que todo el mundo debiera poder ejercer en una sociedad democrática. Pero, ¿hasta qué punto, considerando que la policía está sobrepasada y el Gobierno no tiene la capacidad de controlar los actos de violencia? Al ejercer ese derecho, ¿no estás dando pie para que ocurran estos actos?”.

La pregunta la formula el abogado Cristián Riego, director de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la UDP, luego de una serie de episodios de violencia y vandalismo que han azotado al país tras el estallido social del 18 de octubre.

De las varias jornadas violentas de noviembre, destacan especialmente los hechos ocurridos los martes 12 y 26. Por ejemplo, mientras en La Serena fue destrozado un hotel, en Valparaíso una veintena de locales comerciales de la calle Condell fueron saqueados e incendiados. 

“Claramente un saqueo no es una manifestación de un derecho, sino un acto delictual”, explica el abogado. 

En seis casos ocurridos en los últimos días se grafica cómo el vandalismo y la delincuencia amparada con la etiqueta de las movilizaciones reduce los derechos que los manifestantes “pacíficos” aseguran querer resguardar.

1. Incendio y saqueo de hotel de La Serena

Durante la tarde del martes 26 de noviembre, en La Serena se vivió una violenta jornada luego que el Hotel Costa Real fuera saqueado y atacado por un grupo de encapuchados. 

El mobiliario del edificio fue sacado del recinto para ser quemado en barricadas. Acto seguido, se prendió fuego al hotel y se intentó, incluso, quemar la Seremi de Educación, que se ubica a unos pocos metros del Costa Real. 

Al igual que los otros hechos mencionados, con este tipo de acciones se restringen también libertades de las personas afectadas y se pone en riesgo la vida de quienes puedan verse implicados.

Según Bettina Horst, subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, este tipo de violencia no se encuentra amparada en las manifestaciones sociales. “Estos actos parten con encapuchados y terminan con encapuchados. No tiene nada que ver con la agenda social”, señala. 

Es más, con una barricada de fondo y sentados en sillas de playa —sustraídas del hotel—, un grupo de personas, a cara tapada y posando, incluso se dio el tiempo de inmortalizar el momento con una imagen. 

2. El ataque al diario El Líder 

“Desde el 18 de octubre se están vulnerando abiertamente, sobre todo con los actos de violencia, los derechos de las personas. Y derechos muy básicos”, comenta Álvaro Pezoa, director del ESE Business School de la Universidad de los Andes. Y enumera: “Movilización, seguridad, salud, propiedad privada e incluso libre expresión, como cuando se quema un diario”.

Pezoa ejemplica con el caso diario El Líder en San Antonio, el que tras la violenta manifestación del 26 de noviembre, quedó completamente destruido por un incendio iniciado cerca de las 20:15. Sobre el origen de las llamas, mientras Patricio León, comandante del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, indicó a Radio Bío-Bío que aún se desconoce, Rodrigo Ogalde, periodista de ese medio, señaló en su cuenta de Twitter que “sabemos que fueron los vándalos, ya nos habían amenazado”.

Se trata, en ese caso bastante manifiesto, de acallar a un medio de comunicación. Antes ha habido ataques a El Mercurio de Valparaíso y asedios a canales de televisión.

Ogalde también publicó un video y otro comentario sobre la situación que afectó a su lugar de trabajo: “El cariño de la gente nos mantiene con la frente en alto”.

El diario de todos modos salió a circulación este miércoles 27.

Pezoa increpa directamente el actuar del Gobierno, señalando que se debiera empoderar más a Carabineros y “no quitarles el piso” cuando se enfrenten a estas situaciones de suma gravedad.  

3. Destrucción en Valparaíso

“Tengo la sensación de que en los últimos días la autonomía de los actos delictuales, respecto de lo que ha sido la protesta social, ha llevado a que la actividad delictual opere en paralelo de este otro movimiento”, dice Ricardo Solari, exministro del Trabajo del gobierno de Ricardo Lagos.

En la calle Condell, ubicada en pleno centro de Valparaíso, 27 tiendas fueron saqueadas el 26 de noviembre. En paralelo se registraron tres incendios, según informó el intendente regional, Jorge Martínez.

Para Solari, en estos casos “no son solo algunos derechos, sino que es todo el Estado de Derecho el que se está vulnerando con estos actos”. 

“Lo que está sucediendo en sectores del plan de Valparaíso no tiene nombre. Es solo destrucción, pura destrucción, que no tiene ningún sentido, valor o justificación. Ninguno. Son acciones criminales puras y duras que no tienen ninguna relación con las manifestaciones sociales, ni con las marchas ni las protestas pacíficas”, sentenció el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp —quien recientemente renunció a su militancia en Convergencia Social—, a través de su cuenta de Facebook.

4. Atentado en sede de Boric

Los actos de violencia política se han acrecentado. A la UDI, al PS, al PC. Hay escasas distinciones de esta manifestación cruda de la intolerancia. La madrugada del domingo 24 de noviembre algunos individuos intentaron quemar la sede en Punta Arenas del diputado de Convergencia Social Gabriel Boric.

El incidente no pasó a mayores, ya que hasta el lugar concurrieron Bomberos, quienes lograron con prontitud extinguir las llamas.

La noticia fue dada a conocer por el mismo Boric en su cuenta de Twitter: “No sabemos quiénes fueron, pero sepan que no nos callarán. Quienes creen que por medio de la intimidación podrán silenciar las ideas, están muy equivocados. Seguiremos firmes defendiendo que un país más justo para todos y todas es posible”, afirmó el diputado.

“Cuando se atacan sedes políticas, hay un amedrentamiento ante quienes han tenido una opinión disidente ante otras posturas”, comenta Bettina Horst. Y agrega: “En casos como este se vulnera el libre derecho a desarrollar tu labor o trabajo”. 

5. Incendios en el Metro

Desde que comenzaron los incidentes, el 18 de octubre, siete estaciones de Metro han resultado completamente quemadas, 18 fueron parcialmente incendiadas y otras 93 han sufrido múltiples daños.

Tras 40 días de comenzada la crisis social, solamente 18 estaciones, de las 136 que componen la red de trenes urbanos que conecta la capital, se encuentran sin daños.

La falta de Metro se ha notado en las calles de Santiago, pues sus horarios se cierre han debido adelantarse. Antes de la crisis, en un día laboral la afluencia del Metro alcanzaba los 2,6 millones de pasajeros.  

Asimismo, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, también reconoció, el pasado 22 de noviembre en radio ADN, que la situación que atraviesa Metro pone en jaque el día a día de los ciudadanos.

Además, en una ciudad como Santiago, que se extiende por 641 km² y donde solamente una de cada tres personas aproximadamente tiene auto para movilizarse de manera particular –según estimaciones de la Asociación Nacional Automotriz en 2018-, tener una red que conecte resulta crucial para garantizar, y posibilitar, la libre circulación.

“La gente hoy se siente amedrentada para poder trasladarse libremente por la ciudad. Y tiene que permanentemente preguntarse cómo voy y cómo vuelvo a mi trabajo, con absoluta incertidumbre sobre los modos de transporte. Tienen que todos los días rearmar el puzzle de cómo movilizarse por Santiago y las ciudades del país”, señala Horst, panelista de Primera Pauta, en Radio PAUTA. 

6. Ataques a las comisarías

Desde que comenzó la crisis social, un total de 183 comisarías de Carabineros han sido foco de atentados, en muchos casos con armas de fuego y fuegos artificiales, cuyo uso, según declaró el coronel Julio Santelices a La Tercera, “en las poblaciones es propio de narcotraficantes”.

Además, según consignó el mismo medio, el cuartel de Carabineros que ha resultado más afectado desde el comienzo de las manifestaciones es el de Padre Hurtado, el cual en estos 40 días ha sido blanco de ataques en 20 oportunidades.

Bettina Horst recalca que, en casos como este, la violencia viene cargada de un mensaje y una señal: reducir la capacidad de reacción de Carabineros frente a otros hechos vandálicos. 

“Cuando hay vandalismo, para efecto de hacer barricadas o daño por hacer daño, es un tipo de vandalismo diferente, que busca llevar a la ciudad a un caos absoluto, ahí no hay consignas políticas, ni demandas sociales”, señala.

7. Quemar una iglesia

La imagen de la iglesia de la Veracruz, en el barrio Lastarria, en Santiago, refleja otro corte en los derechos de las personas. En ese caso, la libertad de culto.

El templo existe desde hace dos siglos y fue declarado monumento histórico en 1983. La tarde del 12 de noviembre unos individuos rociaron con combustible sus puertas y el fuego se extendió por la estructura externa e interna. 

Lo ocurrido allí representa otra serie de atentados a recintos religiosos, como sucedió con el saqueo de la iglesia de la Asunción, en Vicuña Mackenna, a pasos de Plaza Italia, ocurrido el 8 de noviembre.

Desde hace tiempo que existen ataques a recintos religiosos (católicos, evangélicos y otras denominaciones), al punto de que el acceso ha sido restringido en la mayoría, incluso en ciudades más pequeñas. A partir del estallido social, las iglesias han dispuesto de protecciones especiales en sus puertas y han debido adoptar protocolos de seguridad en caso de ataques. Ese comportamiento, propio de regímenes donde el Estado de Derecho falla en la protección de las personas, se ha asentado en Chile.