El “2/3 de cierre” que entrampa la mesa técnica constitucional

Uno de los nudos que deberá resolver el comité técnico es si la futura convención deberá o no hacer una evaluación global del texto final.

El pacto “Por la Paz y la nueva Constitución” cumplió dos semanas y aún quedan varias interrogantes de cómo será su implementación. Pese a que todos los sectores han transmitido que trabajan a contrarreloj para poder realizar el plebiscito de entrada en abril de 2020, tanto los partidos como los técnicos todavía deben resolver varios nudos. 

Parte de ellos, se trabajarán este viernes desde las 9.30, cuando la comisión técnica designada para materializar el acuerdo se reúna nuevamente en la sede el Congreso en Santiago. 

El equipo de 14 expertos -mitad de Chile Vamos y mitad de oposición-  tiene como mandato redactar un proyecto de ley que viabilice la creación de una nueva Carta Magna. La discusión ha sido dura, en especial, en las tres últimas sesiones, cuando se han defendido las propuestas de lado y lado.

Lo que sí, lo que no

Se ha avanzado en las redacciones conjuntas de plebsicito de apertura y ratificación, como también de algunas normas comunes, pero aún quedan “detalles pendientes”. “Se está trabajando ahora en una propuesta de redacción conjunta, que se someterá a discusión de la mesa completa”, comenta a este medio la abogada e investigadora de la CEP Isabel Aninat, quien fue designada por Evópoli y es parte del “petit comité” redactor de la mesa, junto con Gabriel Osorio (representante PS), Pamela Figueroa (representante PPD) y Sebastián Soto (independiente – Chile Vamos). 

Sin embargo, uno de los puntos que divide esa propuesta conjunta es qué pasará con texto final que emerja de la Convención Constituyente, ya sea mixta o 100% electa. Desde el oficialismo se propuso una evaluación global, donde el cuórum vuelve a ser un factor de división. “El nudo más importe del comité técnico es la llamada doctrina de los 2/3 de cierre”, advierte a PAUTA el abogado Gabriel Osorio.

“Esta votación que no se encuentra en el acuerdo del 15 de noviembre y significa que después de determinada la votación de las normas, Chile Vamos exige una votación por la totalidad del texto constitucional, también por 2/3”, agrega el abogado del PS.

Esta propuesta fue parte de la discusión el día que se generó el pacto entre los timoneles del oficialismo, de la ex Concertación y parte del Frente Amplio. De hecho, la idea de tener una votación final fue defendida por el senador de RN Andrés Allamand, pero en ese minuto no consiguió los consensos necesarios y no quedó el documento de 12 puntos que fue firmado por los presidentes de partidos y el diputado Gabriel Boric.

“En ningún caso podrá ser sobre esa base y habrá que ver qué nos propone el oficialismo, ahora que les hemos señalado que esto no vuela”, dice a PAUTA el abogado Sebastián Aylwin, quien está en la comisión a nombre del Partido Comunes y del Frente Amplio. 

Aylwin asegura que si bien la lógica de los 2/3 buscaba construir acuerdos más amplios, lo que propone Chile Vamos se ve como “una manera de veto y negociación sobre el proceso general” y, de ser así, “ahí estamos hablando de blanco o negro. Se aprueba la nueva Constitución o se queda la de 1980”. 

Desde el oficialismo, constitucionalistas consultados por este medio aseguran que quedan conversaciones pendientes para encontrar una salida que permita una evaluación global. Y si bien entienden “lo difícil que es que la oposición incorpore” una revisión de salida, detallan que para ellos “no se puede presentar una Carta Fundamental con artículos que no alcancen los 2/3” y que dejen temas importantes afuera. 

“Hay diversas fórmulas que se discutieron en torno a este tema. Creo que hay que escribirlas y volverlas a revisar y para que de esa forma podamos ser lo más fiel posible con el acuerdo y con el objetivo de tener una serie de reglas que permitan a la Convención elaborar una buena Constitución”, comenta a este medio Sebastián Soto, abogado que representa a Chile Vamos en el comité. 

Incluso, una parte de los expertos que representan al bloque de Gobierno ha conversado la idea de trabajar en “temas o derechos” mínimos que deberían tener en cuenta el futuro órgano constituyente. Un punto que dentro de la oposición se ve “como una moneda de cambio”, pero que desde el oficialismo defienden como una “herramienta que dará coherencia” al proceso. 

“Algunas soluciones es dar ciertas señales de certeza sobre lo que debería ser una texto constitucional, pero en ningún momento aceptamos los 2/3 como votación de cierre”, insiste Osorio. 

De todas maneras, si no hay consenso en esta área u en otras, la mesa técnica deberá liberar los antecedentes a los partidos políticos para que ellos lo resuelvan. 

Las cuotas, las controversias y las prórrogas 

Sin embargo, desde el lado de las colectividades políticas la discusión tampoco ha sido fácil y las conversaciones para complementar el acuerdo están prácticamente estancadas. La fórmula para zanjar la paridad, la participación de los independientes y las cuotas de pueblos originarios se convirtieron en un dolor de cabeza para los presidentes de Chile Vamos, la ex Concertación y parte del Frente Amplio.

Estos temas deben quedar en la reforma, pero mientras no se llegue a un acuerdo, la mesa técnica gana un poco más de tiempo. De hecho, el primer plazo que se habían autoimpuesto era el miércoles 27, pero ya se habla que el texto final podría estar para la próxima semana. 

“Debiéramos empezar a discutir algunos temas que solo se han planteado de modo general, como la integración de las convenciones sea mixta o la electa y también otros temas vinculados con el estatutos de los convencionales y normas de ese estilo”, explica Soto. 

Por el momento, acordaron trabajar en subcomisiones para resolver ciertos nudos con más rapidez.  Fue el caso de equipo formado por Aylwin, David Huina (representante RN); Ernesto Silva (representante UDI) y María Cristina Escudero (representante DC), quienes este jueves se reunieron para proponer una redacción en las reglas de prórroga de la Convención Constituyente y la solución de controversias. 

La idea es dejar claro qué pasará si el mandato de nueve meses se hace corto y se pide la extensión de tres más. Por ejemplo, si este trámite será automático o no en caso de “exceso de debate”, como planteó el abogado Gastón Gómez. También la propuesta debe confirmar la disolución inmediata del órgano una vez concluidos esos 12 meses, pues algunos participantes advirtieron que “no se podía convertir en un proceso constituyente permanente”.

Otro tema es la solución de controversia sobre asuntos de procedimiento que se puedan dar al interior de la Convención y donde la Corte Suprema tendría un importante rol.