Las falencias urbanas que brotaron a raíz de la crisis social

Diez urbanistas cuentan cómo debería repensarse la ciudad. Mayor integración social, redefinición del transporte público terrestre y nuevos subcentros son algunas ideas.

“La reconstrucción es volver a lo mismo, y aquí no se puede volver a lo mismo”, reflexiona la arquitecta y docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) Liliana de Simone en conversación con PAUTA. “Creo que tenemos que aspirar rápidamente, más que a un urbanismo reconstructivo, a uno que sea reparatorio, porque aquí hay cosas que reparar y heridas que sanar”, agrega.

Las huellas de este estallido social iniciado el 18 de octubre han quedado regadas por toda la ciudad. Supermercados calcinados y saqueados, locales con carteles en sus puertas que piden comprensión debido a su calidad de pyme, muros rayados y mobiliario urbano quemándose en barricadas que por las noches se encienden e iluminan los rostros tapados que a su alrededor se convocan. 

Los motivos son múltiples. “Las demandas que están escritas en los muros, en las murallas, y que la gente sigue gritando, a pesar de toda la violencia con la que ha sido reprimida, es dignidad, y la dignidad tú la pides cuando has sido ofendido”, comenta De Simone. La inequidad es un concepto que no solo se relaciona con ingresos, y las ciudades han sido fieles testigos de cómo esta crece y se esparce. Diferencias en el acceso a áreas verdes y parques urbanos, precios y calidad de las viviendas, concentración de núcleos urbanos y trayectos que superan las dos horas son algunas de las vertientes en que se ve reflejada esta condición.

Si en Vitacura, en promedio, cada persona cuenta con 19,06 m² de áreas verdes a su disposición, a solo unos kilómetros de ahí, en La Cisterna, la cantidad se reduce considerablemente, alcanzando solamente los 1,79 m² de área verde por habitante. Según el Sistema de Indicadores y Estándares del Desarrollo Urbano (Siedu), el estándar que se debería cumplir en esta materia es de 10 m² por habitante. 

Por otro lado, si se habla de la brecha que existe entre los tiempos de viaje, según los indicadores del Siedu, a una persona que vive en Providencia demora, en promedio, 45 minutos en movilizarse en horario punta matutino hasta su lugar de trabajo. Este tiempo es casi un tercio de lo que tarda un habitante de Peñaflor, quien debe salir en promedio dos horas antes de su casa.

En PAUTA conversamos con distintos arquitectos y urbanistas, quienes presentaron sus propuestas e ideas para hacerle frente, desde su propia vereda y aplicando su experiencia en la materia, a esta dimensión de la crisis actual del país.

Descentralizar los núcleos urbanos  

“La crisis se gatilla por el alza en el transporte público, pero en realidad tiene más que ver con el acceso a la ciudad y las oportunidades. Muchas personas viven relegadas en la periferia, sin ninguna oportunidad de surgir y el solo hecho de salir a buscar trabajo les demanda horas en el transporte público y un pasaje que no puede pagar”, comenta Tomás Echiburú, arquitecto especialista en movilidad urbana sostenible y concejal por Providencia de Revolución Democrática (RD). 

“La ciudad genera economías de aglomeración, estar cerca de otros ofrece oportunidades. Pero mientras unos estamos muy cerca, otros están muy lejos y no tienen contactos ni opciones […]. Tratar de resolver la segregación urbana y social con infraestructura de transporte es una aspirina para el cáncer. Lo que hace falta es llevar la ciudad hacia donde vive la gente, hoy recluida y aislada en guetos de pobreza”, puntualiza. 

Pero Tomás Cox, arquitecto y profesor de la Universidad de Chile, cree que la ciudad no solo está segregada a un nivel “macro” -cono nororiente versus resto de la ciudad-, sino que también existen niveles de segregación dentro de las mismas comunas.

El arquitecto explica que en la Región Metropolitana hay comunas periféricas, de medianos y bajos ingresos, que tienen algunos sectores con accesibilidad muy deficiente, pero que a su vez cuentan con ciertos subcentros bien conectados en materia de transporte, con mucha potencialidad para desarrollar mayor oferta de trabajo, comercio y servicios

“Estos subcentros podrían habilitarse para dar cabida a vivienda subsidiable, en densidad y cercana al Metro, que permita que nuevos hogares de la comuna tengan opción de una buena localización cercana a redes y con oferta de trabajo, en vez de tener que ser ‘expulsados’ a comunas más lejanas todavía, o tener que allegarse”, comenta. 

Además, esta misma segregación de algunos y centralización de otros es uno de los factores que influyen en que las personas decidan optar por vivir en espacios mucho más acotados. Según un informe de la Cámara Chilena de la Construcción, de mayo de 2019, “las comunas con mayor déficit habitacional tienden a tener mejor acceso a equipamiento necesario”, lo cual podría deberse a que “las familias deciden allegarse buscando mejorar su localización respecto de servicios y equipamiento”.

Con ellos concuerda Isabel Serra, jefa de proyectos del Laboratorio Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales. Pero también responsabiliza al Gobierno. “El foco en materia de reconstrucción ciudadana debería ser la consolidación de los subcentros en las comunas más populosas, es decir, Puente Alto y Maipú. El Estado debería planificar e incentivar que más puestos de trabajo y lugares de educación fueran trasladados hasta estas comunas”, comenta.

Multimodalidad en el transporte 

Si algo demostró la destrucción de gran parte de la red de Metro durante las primeras jornadas de la crisis fue la fuerte dependencia que existe en Santiago con este medio de transporte. Aunque muchas personas optaron por levantarse más temprano para reprogramar sus trayectos usando buses, otros decidieron desempolvar el casco y montarse en sus bicicletas. 

“Hoy nos damos cuenta de la importancia de tener un sistema de red integrado y multimodal de movilidad en la ciudad; es decir, no podemos solamente apoyarnos en una red de Metro eficiente. Esta debe estar acompañada de un sistema de transporte público en superficie, como autobuses, y de otros tipos de sistemas: peatonalización y bicicletas, los cuales podamos integrar de manera coordinada para no producir los accidentes que hemos visto en las veredas”, cuenta Serra.

Luis Fuentes, director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la PUC, especifica que también es necesario ponerse ciertas metas a corto, mediano y largo plazo. En materia de transporte, el académico destaca que para enfrentar la emergencia “es urgente reforzar la cantidad de buses en operación, sobre todo en horas punta y dar prioridad absoluta al transporte público en superficie en las principales vías de la ciudad para facilitar el flujo expedito de los buses”.

En esta misma línea, Luis Eduardo Bresciani, director de la Escuela de Arquitectura de la PUC, señala que a corto plazo es fundamental “priorizar el buen funcionamiento del transporte público en superficie por sobre el automóvil”.

Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura de la UDD, planteó en Un Día Perfecto que a mediano plazo -nueve meses- se debiera reforzar y fortalecer el sistema de buses en superficie, revisando y avanzando con las licitaciones pendientes y construyendo vías exclusivas donde correspondiera, además de evaluarse planes de nuevas ciclovías y servicios de ciclos públicos en la periferia.  

Fomentar la participación ciudadana

Soledad Larraín, secretaria general del Colegio de Arquitectos de Chile y académica de la Universidad de Valparaíso y de la UDD, destaca que “el estallido social ha dejado claro que se trata de un hastío hacia un sistema lleno de desigualdades que no ha logrado escuchar a sus ciudadanos”. 

Por este motivo, Larraín plantea que, más allá de abordar las raíces de la desigualdad, es imprescindible resignificar la participación de los ciudadanos en los procesos. “Hoy no vale solo el resultado, sino que debe acompañarse con un proceso que lo valide y respalde”, comenta.

Liliana de Simone concuerda: “En este sentido, yo creo que lo que nosotros tenemos que plantearnos es: nunca más sin la ciudadanía”, comenta la profesora UC.

Los mecanismos de participación ciudadana se encuentran reconocidos en la legislación desde 2011. La Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública sirve para asegurar que “el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones”.

Sobre esto, Echiburú recalca que es fundamental incorporar a las comunidades en la planificación de sus territorios y en las priorizaciones de inversión pública. Una nueva ciudad debe surgir de esta crisis, y “la gente en la calle exige ser parte de la construcción de esta nueva ciudad”, asegura el concejal.

“Algo que reclaman las personas es haber sido poco parte, poco protagonista del desarrollo urbano y de sus barrios”, complementa Felipe Arteaga, director de la Fundación Vivienda. Asegura que esta mayor participación será un reflejo del cambio de paradigma que debiera permear al sistema completo de políticas públicas.

Según explica la académica del Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Universidad de Bío-Bío María Isabel López, es fundamental, por una parte, la inversión pública en equipamiento y áreas verdes para elevar significativamente la calidad de vida en barrios vulnerables. Por otra parte, se necesita la incorporación de diversos grupos socioeconómicos en barrios acomodados homogéneos.

Nueva Ley de Integración Social

El miércoles 14 de agosto la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Integración Social y Urbana que impulsa el Minvu, iniciativa que posibilitaría a familias el acceso a una vivienda definitiva en barrios bien localizados y cercanos a servicios básicos y áreas verdes.

Pero para el director de la Escuela de Arquitectura de la UC, Luis Eduardo Bresciani, las prioridades en esta materia deberían ser otras, partiendo por la creación de una “nueva Ley de Integración Social, la cual reforme por completo el actual proyecto de ley, descentralizando la gestión de terrenos públicos para proyectos de barrios con integración social, creando cuotas obligatorias de integración social de viviendas y no solo incentivos de mercado, y focalizando los beneficios tributarios solo para viviendas en proyectos de integración social”.

Asimismo, Bresciani destaca la necesidad de trabajar en una política de suelo para la integración social, que fortalezca la capacidad del Estado mediante corporaciones municipales y servicios regionales orientados a la regeneración de barrios vulnerables, al desarrollo de proyecto públicos de vivienda con integración social y a la gestión de un banco de suelo de propiedad pública para asociarse con municipios, entidades sin fines lucro y sector privado.

En línea con esto, Felipe Arteaga apoya también la creación de una nueva Ley de Integración Social, señalando que aquella que se encuentra en discusión en el Congreso debiese “ser retirada”, y que el proyecto debiera buscar, más allá de hacer convivir a distintos grupos socioeconómicos, que el Estado invirtiera en aquellos sectores y territorios que han sido dejados de lado.

Rediseñar el Fondo Común Municipal

Entre los anuncios que realizó el Presidente Sebastián Piñera, el martes 22 de octubre, se encontraba un fortalecimiento del Fondo Común Municipal (FCM), incrementando el aporte de aquellas comunas de mayores ingresos hacia las que cuentan con menor financiamiento.

Este anuncio deberá plasmarse en un proyecto de ley, pero aún no existe más información sobre cuál será la fórmula concreta que propondrá el Gobierno. Tomás Echiburú asegura que se debiera “rediseñar el FCM, para garantizar presupuestos municipales capaces de nivelar la cancha, además de crear mecanismos que incentiven la inversión y creación de puestos de trabajo, para crear subcentros urbanos”.

Luis Eduardo Bresciani propone que también se debería crear un Fondo de Equidad Urbana, mediante la focalización y aumento del gasto público en barrios y comunas vulnerables, “una profunda reforma al FCM para redistribuir recursos hacia las comunas vulnerables y la priorización del gasto público en obras urbanas en las comunas con altas desigualdades en estándares de calidad de vida urbana”.

Por su parte, Luis Fuentes explica que la urgencia de potenciar las capacidades de los municipios radica en la reformulación del financiamiento, aumentando el Fondo Común Municipal y mejorando su redistribución, además de compensar de mejor manera las exenciones tributarias que establece el Estado central, lo cual permitirá a las municipalidades aumentar la inversión en sus territorios, sobre todo en aquellos casos con más necesidades.

“Todos los municipios deben contar con un presupuesto digno para invertir en la creación y mantención de espacios públicos y equipamientos, entre otros”, destaca sobre esto María Isabel López.