Lo urgente y lo importante de la reforma a Carabineros

Mientras el Gobierno presentará una mesa técnica para reformular la institución, expertos convocados por el senador Felipe Harboe trabajan en una propuesta de “una nueva policía para Chile”.

A más de un mes del estallido social, y considerando los balances realizados por las autoridades y los informes de organizaciones no gubernamentales enfocadas en la promoción de los derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW), hay un diagnóstico que está claro: las policías no dieron el ancho y requieren de cambios.

Esas modificaciones pueden ser más o menos profundas, dependiendo de la postura que se analice, pero necesarias, como se ha reconocido transversalmente. Esa visión, justamente, fue la que motivó al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el martes 26 de noviembre pasado, a informar sobre la creación de un grupo transversal de especialistas para reformar la estructura de Carabineros, más allá del proyecto de modernización que hoy se tramita en el Congreso.

De acuerdo con lo expuesto por fuentes de Gobierno a PAUTA, esa mesa de trabajo será convocada en los próximos días, “muy pronto”, y tendrá el mandato de hacer una propuesta de proceso de reforma, a partir de todos los antecedentes que se tienen. Eso incluye, detallaron, las 71 medidas que se habían diseñado con anterioridad al estallido social, el informe que entregó Carabineros al Ministerio Público a raíz del balance realizado por HRW, y “todas las otras propuestas que surjan en el camino”.

En medio de las labores que realicen durante el periodo de trabajo que les fijará La Moneda, que hasta ahora sería de entre 45 y 60 días, según precisaron las mismas fuentes, Interior irá adoptando medidas “inmediatas”. No esperarían, según lo estipulado hasta el momento, tener un informe final de la mesa, pues comprenden que se requieren modificaciones “urgentes” y otras “más a largo plazo”.

Una policía para un nuevo Chile

A pesar de que el Ejecutivo no ha convocado formalmente a los expertos que apoyarán el proceso de reformulación de Carabineros, sí ha estado en contacto con un grupo de profesionales que comenzó a analizar el asunto, por ejemplo, con el que ha organizado el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Felipe Harboe (PPD).

Según quienes forman parte de esa instancia, en la que están reunidos Lucía Dammert, Jorge Burgos, Juan Cristóbal Lira, Jorge Correa, Hugo Frühling y otros representantes de Paz Ciudadana, Espacio Público y Chile 21, entre otros, existe la posibilidad de que también le expongan una serie de medidas al secretario de Estado, previo a que culminen su trabajo (al cierre de la primera quincena de enero).

El senador Harboe explica a PAUTA que la reforma a la policía chilena requiere un trabajo de Estado. Debe ser un cambio estructural.  

La propuesta en la que están trabajando, y para la cual tienen programada una reunión a las 11 de la mañana de este jueves 5 de diciembre, se basa en cinco principios: derechos humanos, eficiencia policial, formación profesional, adecuación de técnicas a la realidad del territorio y especialización en materia de orden público.

Esto se traduce en que la nueva institucionalidad y mando a definir, además de instruir procedimientos con apego irrestricto a lo derechos humanos, deberá ser capaz de diseñar una estrategia policial en función de las condiciones territoriales del país. Esto, en el entendido de que cada comuna o región del país tiene condiciones y necesidades específicas en materia de orden y seguridad.

“Nosotros estamos recién partiendo el trabajo, estamos mirando las reformas a 20 policías en el mundo y la primera pregunta es cuál es la policía que Chile necesita. Si va a ser multipropósito, como lo es hoy, o bien será preventiva y se le dejará toda la investigación a la PDI. Eso, de todas formas, involucra un cambio de Estado. Este cambio es con las policías, no contras ellas”, expone el senador.

Agrega que esto no significa el fin de Carabineros, sino que un giro para que pase de ser una institución “análoga a una digital”. Sí podría suponer, desliza, una reestructuración del Ministerio del Interior, pues se podría requerir que la actual Subsecretaría de Interior pase a ser una cartera aparte. 

El control de los abusos

Considerando que durante 2018 ya hubo una mesa técnica que analizó la modernización de las policías, trabajo desde el cual se presentó una serie de modificaciones, Hugo Frühling, que también integra la comisión que encabeza Harboe, plantea que al diagnóstico que hoy se tiene deben añadírsele iniciativas distintas.

Si antes los cambios que se requerían apuntaban a revertir la “autonomía” que tenía Carabineros respecto del poder político y el control civil, a juicio del doctor en Ciencias Jurídicas y director del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, “lo que hoy estamos enfrentando es una cosa más compleja y que tiene muchas aristas”.

Uno de los primeros puntos a revisar es “la mala conducta policial o el control de la mala conducta”. Así, indica que “el único control factible ante las violaciones a los derechos humanos y otro tipo de abusos es el control interno. Si bien el control externo puede funcionar, vía el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, en general, el seguimiento de la mala conducta tiene que ser realizado internamente. Eso implica un estudio de reforma de los reglamentos disciplinarios y del funcionamiento de los sumarios administrativos y las investigaciones respectivas”.

Eso implicaría crear una rama profesional que se dedique a la investigación de acciones e infracciones a la norma que pueden cometer miembros de la institución, y que, al mismo tiempo, retroalimente al resto de las distintas unidades. Así se podrían prevenir situaciones de esa índole y dar seguimiento más acabado a de ciertas conductas. Se trata de una línea de recomendaciones que el informe de HRW también incorporó.

“La conducta policial no es un tema menor, es una tarea importante, porque si no operan las normas de probidad habrá, probablemente, una policía poco efectiva. El control de la conducta no es una cosa separada de la eficiencia”, explica.

La diputada Andrea Parra (PPD), integrante de la Comisión de Seguridad, si bien comparte la necesidad de que los protocolos de acción sean revisados con detención, estima que no puede ser que las investigaciones o seguimientos de los casos de irregularidades se hagan dentro de la propia institución.

“No podemos seguir teniendo esa especie de secretismo en términos de funcionamiento. Además, en torno a los mecanismos de reclamo, no es razonable que cuando hay una denuncia sea la misma institución la que investiga y la que resuelva […] Se requiere una policía desmilitarizada que esté sujeta a un control civil y ciudadano real”, manifiesta.

La formación

Para diputado RN Gonzalo Fuenzalida, también integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, los problemas que se han visto tienen su origen en que Carabineros solo estaba preparado para actuar antes delitos comunes y no para enfrentar la violencia evidenciada. “La policía no estaba preparada para enfrentar de manera inequívoca este tipo de desórdenes públicos violentos que se mezclan con delitos”, asevera.

La diputada Parra, sin embargo, no comparte esa idea. No es que solo se enfrentó un escenario distinto, sostiene, sino que hay un serio problema en torno a quiénes están a cargo de la formación de los funcionarios. Se trata de una materia que, según ella, se debe corregir. “Se debe hacer una revisión de los docentes, incorporar expertos en seguridad y dejar de lado esa política de recontratación de jubilados, porque en la medida que se formen bien, van a poder respetar los protocolos, que no son necesariamente errados”.

A diferencia de los parlamentarios, Felipe Abbott, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, plantea que no se requieren reformas ni modificar los currículos de formación, sino que directamente una nueva policía, pues los cuestionamientos por su actuar durante las manifestaciones “son la guinda de la torta”.

“El problema está a la base. Esta es una institución que muestra que está construida sobre arena. Para tener una policía en la que realmente podamos confiar y confiarle el legítimo uso de las fuerzas, es que tenemos que buscarnos otra policía. El desafío es qué hacemos por mientras”, dice.

A juicio del abogado, se ha observado que los esfuerzos por incorporar mecanismos que permitan a los funcionarios ejercer su rol con apego a los protocolos, han sido “inútiles”. Esto, porque hay una “sistemática e incorrecta interpretación de la norma. Se privilegia el restablecimiento del orden público, no importando el fondo. Eso significaba tener umbrales de tolerancia excesivamente altos en el uso de las fuerzas o derechamente tolerancia de la violencia indiscriminada”.

La especialización

Otro de los puntos por corregir, de acuerdo con lo expertos, es la especialización que puedan tener los efectivos policiales.

Si bien en el Congreso hay un proyecto de especialización de las policías, para varios profesionales que analizan las modificaciones que se requieren aquello no es suficiente. Hugo Frühling cree que esa idea “es muy genérica […] No está del todo claro qué tipo de delitos debieran concentrarse en Investigaciones y cuáles en Carabineros y, por otra parte, la PDI no tiene cobertura nacional”, complementa.

En este camino, agrega, se deben hacer esfuerzos en materia de inteligencia investigativa, porque no es que continúen los delitos simplemente porque las penas pueden o no ser bajas, “sino porque no se ha detenido a suficientes personas con pruebas para condenarlos”, como explicó.

“Todo el proceso de detención que lleva posteriormente a la persecución penal, en un grueso porcentaje ocurre como consecuencia de detenciones flagrantes, sin una investigación seria. Eso significa que el conjunto de la policía, lo que tienen en sus manos es la detención de personas, pero para asegurar que las pruebas sean custodiadas y que los partes estén bien hechos, se requiere que haya un proceso de capacitación continua y esto no es solo los que pertenecen a una rama especializada, sino que también incluir a los que patrullan”, comenta el jurista.