El acuerdo político por el proceso constituyente en su hora de suspenso

El ministro Blumel se reunió este jueves con los timoneles del oficialismo para descomprimir la tensión. La oposición acusa “falta de disposición” de Chile Vamos.

La tensión sobre cómo se implementará el acuerdo constitucional firmado el pasado 15 de noviembre subió un tono más en las últimas 48 horas en Chile Vamos. Las conversaciones sobre la paridad de la futura Convención Constituyente, las cuotas a pueblo originarios y la participación de independientes (que tendría más puntos en común) se transformó en una piedra de tope tanto para las negociaciones con la oposición como para la relaciones internas del oficialismo. 

De hecho, este jueves el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el propio Presidente Sebastián Piñera tuvieron que poner paños fríos al bloque, en especial para contener la molestia de la UDI, que el miércoles -según fuentes oficialistas- incluso habrían amenazado con “bajar el acuerdo”. Esto provocó, a su vez, el enojo de Renovación Nacional con sus pares, pues acusaban de “vetar” las conversaciones. De hecho, por un par de horas, rondó la idea de que RN y -con más dudas Evópoli- firmaran el texto que trabaja la mesa técnica, aunque la UDI no quisiera.

La intervención directa de Piñera

Con ese ambiente crispado y la unidad del oficialismo por las cuerdas, a las 13 horas el Mandatario cruzó a la oficina de Blumel. Por cerca de 50 minutos participó de la cita que a esa hora sostenía el secretario de Estado con los presidentes de los partidos oficialistas. 

La intervención del Presidente ayudó a descomprimir los ánimos. O, al menos, así lo expresaron públicamente al finalizar la reunión que se extendió por casi dos horas en La Moneda. A la salida, el mensaje que transmitieron los timoneles oficialistas fue similar al diagnóstico que manejaba el Gobierno y que habría pedido el propio Mandatario en la reunión, al insistirles en la necesidad de que como coalición zanjaran una postura lo antes posible: si no había acuerdo entre los partidos, se mantenían los 12 puntos firmados y varios aspectos electorales quedarían para una ley posterior, incluida la paridad de género y los escaños reservados que no estaban en el pacto original.

“Como Chile Vamos hemos hecho propuestas juntos, con unidad. En lo fundamental: avanzar respecto de lo que acordamos el 15 de noviembre para habilitar el proceso constituyente y, posteriormente, abordar otros temas”, dijo el titular de Evópoli, Hernán Larraín Matte.

Y agregó: “Es fundamental honrar lo que hicimos como partidos políticos junto a la oposición y, en aquellos temas donde haya diferencias, se verán posteriormente […] es fundamental que nuestros técnicos cuanto antes puedan ponerse de acuerdo y que pueda ingresar la reforma habilitante del proceso constituyente al Congreso”.

La frase de Larraín Matte, quien sirvió como vocero del encuentro, apuntaba a despejar las dudas de un quiebre mayor en el bloque, lo que preocupaba al Gobierno y podría haber hecho peligrar el acuerdo constitucional. Así, tras la cita con Piñera se unificó el discurso, la UDI desechó la idea de limitar -con fecha- los posibles ajustes a la reforma que preparan los expertos y se dio por terminada las conversaciones por temas complementarios.

De hecho, ante la consulta de que si en el texto final de los expertos había espacio para una “claúsula” que deje por escrito la salida legislativa, el presidente de Evópoli aclaró que la tarea del grupo técnico “es darle viabilidad a lo que firmamos el 15 de noviembre y no más que eso. Ese es el mandato que entregaron los partidos políticos. Cualquier otra cuestión anexa se verá más adelante y no es parte del acuerdo”.

Sin embargo, dejó en un punto muy incómodo los avances y las propuestas que había conversado la mesa técnica en las últimas horas y que deberán resolver este viernes. Si bien ya tienen un 95% del texto consensuado, precisamente la posibilidad de negociar una reforma paralela se convirtió en uno de sus últimos nudos, en especial para la oposición, donde advierten que era “poco viable salir con un acuerdo” que no diga nada sobre cuotas de género o de pueblos originarios. 

Pasada la medianoche los timoneles del bloque opositor consensuaron una declaración pública conjunta para responder al jaque mate de Chile Vamos. En el texto, señalan que “lamentan la falta de disposición” del oficialismo para abrir el proceso y confirmaron que presentarán una propuesta legislativa para “garantizar la inclusión de todos los sectores sociales”.

El punto de la discordia

“Estamos absolutamente conformes. Nosotros queremos que firme luego y queremos preservar la unidad de nuestro sector”, comentó a PAUTA la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, al terminar la reunión en La Moneda.

“Tenemos un acuerdo y se va a respetar”, detalló la senadora por la Región del Biobío, pues dijo que defenderán lo que está “en la legislación vigente”, que no incluye cuotas. “Cuando sea necesario que conversemos con los presidentes partidos de oposición, no tenemos ningún problema, pero me imagino que todos, cuando firmamos el acuerdo, lo hicimos de buena fe, pensando que la legislación decía que era la ley electoral vigente en ese minuto. Cualquier cambio que sea posterior a eso tiene que hacerse de acuerdo a la legislación vigente”, señaló.

La tienda que lidera van Rysselberghe encendió las alarmas el miércoles en la tarde, cuando manifestó directamente al titular del Interior su disconformidad con la idea de la oposición, que ante el punto muerto de la negociaciones, propuso que en el texto que está trabajando el comité técnico se incluyera un articulado que dé salida legislativa a las cuotas y a los independientes.

Eso era cruzar una línea “no aceptable” para buena parte de los personeros del gremialismo, quienes en privado han sincerado sus reparos por las cuotas de la futura Convención Constituyente (sea mixta o 100% electa), sobre todo por los escaños para pueblos originarios. En los cálculos de la UDI, esos cupos indígenas podrían inclinar la balanza hacia la izquierda y dificultar en la práctica la negociación de los 2/3 que quedaron en el pacto. 

Pero había otra arista más técnica. En Santiago, los abogados de la mesa de expertos habían negociado algunos detalles para viabilizar esta medida del bloque opositor: que esos proyectos o reformas constitucionales, que habilitarían las cuotas, tuvieran un cuórum de 2/3 y que fuera por moción parlamentaria, y no con la obligación de un patrocinio presidencial, pues los escaños reservados podrían generar gastos y eso lo convertía automáticamente en materia exclusiva del Ejecutivo.

Fue en ese momento, cerca de las 17 horas, cuando los expertos de lado y lado llamaron a los timoneles de sus partidos para comentar la propuesta. En el caso de la UDI, fue el exdiputado Ernesto Silva quien se comunicó con la senadora van Rysselberghe. Sin embargo, la idea desató la polémica en la tienda, pues abría la puerta a un tema que no querían y que no estaba en el acuerdo original. Sus descargos no solo llegaron al ministro Blumel, quien estaba en el Congreso, sino también a los oídos de la vocera de Gobierno, Karla Rubilar. 

Cerrar la opción a nuevos cambios

Así, a la vuelta la UDI propuso otro punto. Silva y Arturo Fermandois pidieron congelar las reglas electorales para las fechas que se convoque el plebiscito de abril 2020, es decir, un plazo para que no se pueda modificar el texto de reforma constitucional que están redactando los especialistas. Su objetivo era cerrar la posibilidad de agregar materias complementarias, como en este caso son los escaños reservados.

Eso provocó la molestia de la mesa de RN, quienes argumentaban a esa hora que no podía generarse “un veto” a la oposición para que no presentaran un proyecto de ley que abordara el tema de las cuotas. Incluso, la molestia llevó a que Mario Desbordes se restara de la cita de emergencia que sostuvo el miércoles en Valparaíso el gremialismo y Evópoli con Blumel.

La fecha original que la UDI había propuesto es el 28 de diciembre, lo que generó el rechazo de los representantes de la ex Concertación y parte del Frente Amplio, pues a esa altura del calendario la reforma ya debería estar tramitada y promulgada para alcanzar los tiempos, es decir, los 120 días que necesita el Servel para realizar el plebiscito el último domingo de abril. De hecho, este tema enfrentó nuevamente a los timoneles de Chile Vamos en la reunión con el Presidente y el ministro Blumel ya en La Moneda, pues la senadora van Rysselberghe defendió este punto ante el rechazo de RN y de Evópoli. Finalmente la UDI terminó cediendo.

Así, tras la reunión de este jueves en el Palacio de Gobierno, estas propuestas quedaron en fojas cero y ahora la pelota quedó en manos de los técnicos que deberán resolver este viernes el texto final para viabilizar el proceso constituyente.