Qué leyó el Gobierno del informe de Naciones Unidas sobre DDHH

La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, defendió las medidas y perfeccionamientos de protocolos aplicados a Carabineros y los plazos de la Fiscalía.

Una defensa a la forma progresiva en que el Gobierno ha ido escalando las medidas para enfrentar las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el inicio de la crisis social, el 18 de octubre pasado, hizo la subsecretaria del ramo, Lorena Recabarren.

Luego de conocerse este viernes 13 de diciembre el detalle del informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) -que aseguró que “se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos” en el país-, el Gobierno reaccionó asegurando que se han impulsado numerosas acciones para abordar esta materia.

El documento -publicado por la repartición de Naciones Unidades que lidera la expresidenta Michelle Bachelet– establece que “las medidas adoptadas por parte de las autoridades no fueron eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas”.

“Desde el Gobierno lo que se ha hecho es ir tomando de una manera progresiva acciones, especialmente a través de Carabineros, en relación a la información que se fue conociendo […] Me parece que lo fundamental es decir las medidas que se han tomado y que tenemos que seguir tomando, y recordar las palabras de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que señaló que teníamos que mirar hacia adelante y construir”, respondió la subsecretaria en Pauta Final de radio PAUTA.

Consultada de por qué las acciones se hicieron de manera progresiva si las denuncias de violaciones de derechos humanos se conocieron desde los primeros días de la crisis político-social, la autoridad respondió que esto tiene que ver más con que la información de las gestiones del Gobierno no se dio con tanta claridad.

“Cuando decimos que de manera progresiva, lo progresivo tiene que ver con la publicidad de la comunicación que hubo sobre esas medidas, porque así como lo dijo el Presidente de la República, desde el primer día, que fue cuando se decretó el estado de excepción constitucional, se instruyó a quienes correspondía al cumplimiento estricto de los protocolos del uso de la fuerza”, dijo Recabarren. “Que no se haya hecho con publicidad no significa que no se haya hecho esa instrucción”, recalcó.

La subsecretaria recordó, por ejemplo, que Human Rights Watch reconoció los oficios que se entregaron a Carabineros y las medidas que se fueron impulsando para resguardar los protocolos del uso de la fuerza. “Es decir, desde un comienzo ha habido esa instrucción, y en la medida en que han transcurrido los días lo que se ha hecho es hacer visible o pública estas medidas, que finalmente terminaron siendo correctivas”.

Bajo número de formalizaciones

Otro de los cuestionamientos provenientes del informe de la Acnudh es “el bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los derechos humanos, pese al gran número de denuncias y acciones judiciales”.

Frente a este planteamiento, el Gobierno sostuvo que ha sido el mismo Ministerio Público el que ha planteado que deben entenderse los tiempos de investigación dentro de un contexto de excepción, ya que las investigaciones necesitan de mayor tiempo para hacer los peritajes, precisamente por tratarse de casos complejos.

“Entendemos la preocupación, que también ha manifestado en su minuto el Gobierno, pero entendemos también que son los tiempos de investigación, que pueden ir desde los 60 a los 90 días y en algunos casos específicos incluso renovarse esos plazos”, manifestó Recabarren.

Escuche la entrevista completa de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, en Pauta Final: