Secreto pontificio: los pasos que ahora debería tomar la Iglesia

La decisión del Papa Francisco es una de las restricciones de entrega de información en investigaciones de abusos sexuales de sacerdotes.

La decisión que anunció el Papa Francisco el 17 de diciembre de levantar el secreto pontificio para los casos de abusos sexuales a menores, termina con al menos 500 años de historia de esta institución que hizo crisis desde que estalló las miles de denuncias contra sacerdotes.

“Es una buena decisión, pero un paso más en el proceso que está viviendo la institución católica para hacerse cargo de la crisis de abusos sexuales. Esto no es la culminación”, advierte Claudia Leal, académica de Teología de la UC e integrante de la Comisión de Crisis de la Iglesia Católica de esa misma universidad.

Coincide el abogado Juan Pablo Hermosilla, de la Fundación para la Confianza, y quien fue querellante en el caso contra Fernando Karadima: “Es importante que siga la tendencia de transparencia y colaboración entre víctimas de procesos canónicos y civiles. Es un tremendo paso que va en la dirección correcta, pero faltan otras cosas”.

Hermosilla, quien representa a 160 víctimas de abusos sexuales -de ellas 100 son de sacerdotes-, señala los cambios que estima deberían venir en adelante. “El secreto pontificio no es el único impedimento, porque existen otros. Por ejemplo, hay otras causales, sobre todo regulaciones de órdenes y movimientos religiosos que no perimiten tener acceso a información. Estas restricciones también debieran eliminarse”.

Y añade: “Por eso espero que esto [el levantamiento del secreto] signifique que lleguen nuevas medidas que busquen que exista más espacio de la Iglesia donde se pueda levantar información, pueda estar a disposición y que no exista ninguna excusa”.

En el mismo, la académica de Teología señala que si bien levantar este secreto entrega medios a las víctimas y a los denunciantes para reclamar información y es un instrumento importante para la colaboración entre tribunales civiles y canónicos, falta mucho camino por andar en reformas legales: “En el derecho canónico todavía hay aspectos procesales donde se contempla que una persona sea juez y parte. Por ejemplo, cuando un obispo en nombrado investigador y juez, eso rompe las características del debido proceso. Porque no es una parte neutral”.

Otros pasos que se deben dar, añade, es “una cierta educación de los obispos, clérigos y laicado para usar mejor ciertas herramientas del derecho canónico”. Lo grafica: “En el derecho canónico existe el recurso administrativo que permite a las comunidades reclamar a la instancia superior, pero nadie lo usa porque no lo conocen. Por ejemplo, se podría usar si un párroco está incumpliendo una obligación o está incurriendo en una conducta que daña a la comunidad”.

Las implicancias

Claudia Leal explica que levantar este secreto tiene implicancias clave:  “Significa adoptar de manera más profunda el principio de la transparencia en vías hacia una adecuada accountability en esta institución. Porque uno de los problemas más grandes que nosotros hemos tenido al interior de la Iglesia Católica es la gestión de la información y el hecho de que las personas que tienen poder no están en la obligación de dar cuenta de ese poder”.

Consultada respecto de los beneficios que habría traído en las causas pasadas el levantamiento del secreto, la teóloga afirma que “la gran diferencia habría sido que las víctimas no se hubiesen sentido tan vulnerables a la hora de reclamar información sobre los procesos de denuncia. Por ejemplo, hasta ahora muchas veces cuando las víctimas iban a preguntar en qué va la causa, qué pasó, si hay más denunciantes, etcétera, recibían como respuesta un documento burocrático que decía que la causa estaba sujeta a secreto”.

Hermosilla estima que la decisión del Papa sí podrá ser usada en causas pasadas. Y anuncia que insistirá en la petición al Vaticano para que se transparente el informe del obispo Charles Scicluna sobre las víctimas chilenas.

Los intentos previos

Consultada si antes del estallido de denuncias por abusos sexuales de sacedotes, levantar ese secreto era un tema intocable, dijo: “Durante mucho tiempo se pensó de que era imposible de cambiar, especialmente por las tensiones que había entre la justicia canónica y la justicia civil. Es evidente que mientras nosotros pensemos estos dos modelos judiciales en conflicto, en competencia o como antagónicos, el secreto pontificio se hacía más fuerte. Pero en la medida en que concebimos los sistemas de justicia como cooperando entre sí, es mucho más fácil caminar lógicamente hacia su abolición”.

Explica que durante años hubo requerimientos que siempre fueron respondidos negativamente. Sobre todo, desde que comenzaron las crisis por abusos en Estados Unidos, Alemania e Irlanda, entre otros países.

“Hubo requerimientos formales ante la Santa Sede para levantar el secreto pontificio y la respuesta fue siempre negativa. Pienso que, en buena parte, porque era una respuesta más bien automática que emanaba desde la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y sin que existiera de por medio un debate más amplio. Por eso es que esta decisión de Francisco no se toma entre cuatro paredes, sino que emana de un sentir eclesial mucho más amplio”.

“Francisco no toma las decisiones solo”

La teóloga cree que el Papa resolvió la medida después de la jornada de estudio de febrero de 2019, cuando citó a Roma a los obispos. Y aclara: “Francisco no toma las decisiones solo, le pregunta a un montón de gente”.

Señala además que antes de tomar determinación como esta, el Papa suele conversar no solo con obispos. “Incluso ha llegado a ser algo característico de Francisco, y que puede irritar a algunos, pero él antes de tomar una decisión consulta a mucha gente. Y no solo en el Vaticano, sino también fuera de los muros de la institución. Porque esta conversación ya tiene una historia. Seguramente él fue asesorado no solo por canonistas, sino también por abogados civiles y comunidades y congregaciones que han ido a adquiriendo una práctica en la gestión de las denuncias”.

Leal añade que, aún antes de que se aboliera este secreto este 17 de diciembre, ya existían congregaciones religiosas que, de cierta manera, evadían algunos aspectos de esa figura. Como ejemplo dice que esto ha ocurrido cuando congregaciones religiosas han entregado expedientes a tribunales civiles, lo que implicó saltarse ciertos detalles relativos al secreto pontificio.

“En Chile esto ha pasado en un cierto sentido. Por ejemplo, cuando la Compañía de Jesús manifiesta su disposición a entregar todos los documentos relativos a las denuncias a la justicia civil, ellos adoptan una decisión con esas características. Pero ellos no son los únicos, porque otras congregaciones que también han abierto canales”, dice.

Qué hará la Fiscalía

Tras conocer la decisión del Papa, el director de la Unidad de Cooperación de la Fiscalía Nacional, Antonio Segovia, señaló que la abolición del secreto pontificio “es especialmente relevante en el marco de las investigaciones criminales que lleva adelante la Fiscalía de Chile por delitos sexuales cometidos por clérigos y laicos, en donde hay más de 120 víctimas niños, niñas y adolescentes de un total de más de 270 víctimas en total”.

Añadió que la Fiscalía en sus investgaciones ha enviado cinco requerimientos de asistencia mutua internacional al Vaticano, de las cuales han tenido respuestas parciales a dos.